Nada menos que en la conferencia de prensa en que celebró el acuerdo con los bonistas, Alberto Fernández anunció junto a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, la vuelta del programa de viviendas Procrear versión 2020. El mismo tendrá una nueva modalidad que permitirá la “posibilidad de hacer acuerdos entre sindicatos, mutuales y organizaciones profesionales” para la construcción de conjuntos habitacionales “urbanos de pequeñas o medianas ciudades”.

Del total del plan, dos tercios corresponden a las líneas de crédito para mejoramiento y refacciones de vivienda, que tendrán una tasa fija del 24%. Solo el resto será para construcción de vivienda y adjudicación de terrenos, que tendrán una tasa variable llamada Hogar , calculada en base al Coeficiente de Variación Salarial. El 47% del total de créditos corresponde a la línea de hasta 50.000 pesos, que  con suerte alcanzaría para revocar el exterior de una pequeña casa con una superficie de paredes de 45 metros cuadrados. Las nuevas viviendas a construir son apenas 44.000, pero todavía los montos no fueron precisados, por lo que es probable que sean igualmente exiguos.

Los números hablan por sí solos. El gobierno no ofrece con esto ningún acceso igualitario a la vivienda. No cubre ni una mínima parte del déficit habitacional que hoy afecta a cuatro millones de personas, y requeriría la construcción de más de un millón de viviendas. Tampoco da una respuesta a la crisis de provisión de servicios básicos que alcanza a 2,5 millones de viviendas, casi nueve millones de personas, que agrava la crisis sanitaria en medio de la pandemia.

Un gran negocio

Con el Procrear de los años 2012-2013 era usual que las familias tuvieran que poner bastante dinero por encima del préstamo, muchas veces tomando otros créditos, para llegar a finalizar etapas o el total de la obra, o incluso para poder acceder a un terreno, ya que los propietarios de lotes hicieron un negoción cartelizándose para elevar súbitamente los precios de los lotes.

Entre las nuevas líneas de créditos 14.000 serán para acceder a viviendas terminadas, que formarán parte de complejos habitacionales de unas 80 unidades, los cuales se construirán a partir de licitaciones públicas. Formarán parte del programa nacional Argentina Construye, de obra pública y privada, con un modelo de “coordinación” en el que las empresas adjudicatarias utilizan como mano de obra barata a benerficiarios de programas sociales sin tener que pagar salarios ni respetar convenio laboral. Es prácticamente una reforma laboral de hecho en el rubro de la construcción, absorbiendo a la masa de despedidos que viene habiendo en el sector bajo condiciones más precarias.

El plan tendría un punto de apoyo en el nuevo Plan Nacional de Suelos, que tiene como objetivo impulsar nuevos reordenamientos territoriales para promover “la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado”. Sin embargo, solo 10.000 lotes serán para la construcción de viviendas (un tercio de los 30.000 Procrear). La Agencia de Administración de Bienes del Estado dispondrá de terrenos fiscales para convertirlos en suelo urbano, recaudando con remates a bajo precio a favor de un mayor acaparamiento por parte del capital industrial, agropecuario e inmobiliario.

Por un verdadero plan de urbanización

Al cierre de la conferencia, Alberto Fernández argumentó que el lanzamiento del Procrear 2020 se logró gracias al cierre del acuerdo con los bonistas. Sin embargo, omite hacer referencia a que la forma y el contenido del mismo también se deben a ese acuerdo: un plan raquítico cuando se agrava el enorme déficit habitacional que sufren las familias trabajadoras. Son los límites concretos que impone el rescate de los acreedores, y la supervisión del FMI sobre la cuentas nacionales.

Desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de un plan de urbanización nacional que parta de la construcción 100.000 viviendas populares en el primer año, y un tendido de infraestructura de servicios, bajo control obrero y popular, cuyo financiamiento parta de un impuesto a las grandes ganancias y rentas capitalistas y a las grandes y a los propietarios de tierras y viviendas ociosa. Ese es el sentido del proyecto que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso, que permitiría recaudar los 15.000 millones de dólares. Por último, planteamos la disposición pública de las dos millones de viviendas ociosas existentes en el país para planificar su ocupación, y la utilidad pública de las empresas proveedoras de servicios básicos para ponerlos a disposición de las necesidades populares.