Quedó tan desgastado el supuesto impuesto a las grandes fortunas, que su promulgación dada a conocer el día de hoy casi no mereció un lugar en los medios de comunicación ni aparición alguna de funcionarios que destaquen su supuesta importancia.

Es que la iniciativa nació limitada y fue siendo limada como resultado de las presiones de los que poseen esas grandes fortunas, por lo cual al menos hasta el momento su publicación en Boletín Oficial no ha causado grandes escándalos ni campañas públicas de oposición por parte de los pocos afectados. De todas formas las amenazas de judicializar el reclamo, para no pagar, siguen presentes.

La calma actual por parte de los capitalistas tiene que ver con el hecho de que, además de que no se trata de un “impuesto” sino de un “aporte por única vez” que afecta solo a los patrimonios de las personas físicas y no de las empresas, entre idas y vueltas ya pasó todo el año sin que el aporte se aplicara. Esto, además de que esos “aportantes” son maestros en el arte de la evasión impositiva.

Por otro lado, como señalamos oportunamente, casi la mitad del dinero que se recaude retornará a sectores empresarios por la vía de subsidios a la producción de gas y a las pymes.

El anunciado destino de apoyo a la salud en el marco de la pandemia ha concluido claramente en una farsa, ya que el dinero recién comenzará a recaudarse cuando el coronavirus lleva diez meses haciendo destrozos, con 1,5 millón de infectados y más de 41.000 fallecidos, y cuando el gobierno reduce el presupuesto sanitario en nombre de que el virus será cosa del pasado en muy poco tiempo. Es una mera pantalla el apenas 25% de los fondos recaudados para “compra y/o elaboración de equipamiento médico”, ya que en todo caso reemplazará las partidas ya asignadas y estas serán redirigidas.

Habiendo dejado pasar todo el 2020, el aporte solidario no será para atender los mayores gastos que demanda la pandemia sino para intentar cerrar las cuentas públicas para que el FMI apruebe un nuevo programa de repago. De hecho, en materia impositiva Alberto Fernández acaba de “consensuar” con los gobernadores un impuestazo a la población, y actualiza a la baja el mínimo no imponible de Ganancias para gravar a más asalariados. No hay nada de progresivo en esta política tributaria.

La contracara es el planteo, plasmado en un proyecto de los diputados del Frente de Izquierda que fue cajoneado por el oficialismo y la oposición -y que recolectaría casi 5.000 firmas de apoyo de activistas y dirigentes obreros y populares-, de fijar un impuesto real a las grandes rentas y fortunas, que redundaría en una recaudación seis veces mayor y la destinaba a encarar las consecuencias sociales de la pandemia y de la crisis, con centro en la defensa de las condiciones de vida de las masas trabajadoras y no de los capitalistas.

Se trata de dos orientaciones políticas y sociales.