Los últimos días confirmaron que continúa el pico de contagios en la provincia de Buenos Aires, con el agravante de la circulación comunitaria de nuevas cepas de alta contagiosidad y letalidad. El crecimiento exponencial de los contagios por coronavirus en el Gran La Plata es superior al del resto del Amba mientras la pandemia y la saturación de hospitales se extiende al interior provincial. Con un promedio de 10.000/11.000 casos diarios, son 119 los municipios de la provincia en situación de alto a muy alto riesgo epidemiológico, a pesar de lo cual, menos de la mitad de estos se encuentran en fase 2 y tienen suspendidas las clases presenciales.

La compra directa de vacunas con contratos de “confidencialidad” y en moneda extranjera, que anunció Kicillof, choca con el ajuste fiscal y con las garantías que exigen los “acreedores” de la deuda externa provincial. En esencia, la promocionada ley de compra de vacunas, y, los acuerdos con Juntos por el Cambio en la Legislatura para habilitarla son puro humo porque el propio gobierno kirchnerista reconoce que los contratos no podrían cerrarse hasta fin de año por la escasez de vacunas y las exigencias de los laboratorios. Esto no impide que la oposición derechista facture caro su apoyo a la ley como hizo con todos los pactos con Kicillof y el Frente de Todos.

Que Kicillof salga al ruedo con esta campaña mediática tiene que ver con el bajo nivel de vacunación de la provincia (el 18% de la población recibió una dosis y sólo el 2,2% el esquema completo), pero es a la vez, un tiro por elevación contra el gobierno de Alberto Fernández y Carla Vizzoti que no garantiza la llegada de las vacunas en plena segunda ola. Por esta vía también se cuela la interna entre “albertistas” y “kirchneristas”. Con la ley provincial de compra de vacunas, Axel Kicillof insiste en recorrer un camino en el que ya fracasaron gobernadores de otras diez provincias: en todos los casos, la respuesta de los laboratorios fue que las vacunas de AstraZeneca y de Jhonson & Jhonson están comprometidas con otros Estados durante todo el 2021. Prima el monopolio capitalista que hace de la pandemia un negocio extraordinario.

Que estamos frente a pura espuma electoral -cuando la vacunación sigue por goteo- lo confirman las propias declaraciones del gabinete provincial cuando confiesan que “los laboratorios exigen contar con los marcos legales y por eso queremos tener lista la ley para cuando podamos comprar”. No hace mucho, el gobierno del Frente de Todos negaba que hubiese urgencia por comprar más dosis por las llegadas de la Sputnik y AstraZeneca y la falta de disponibilidad de vacunas en el mercado mundial. Estamos frente a una voltereta en el aire dictada por la crisis y las necesidades electorales de un gobierno en baja en las encuestas.

La “confidencialidad” por las vacunas que negocian kirchneristas, massistas y Juntos por el Cambio dice mucho acerca de lo que puede terminar siendo un enorme negociado. En medio del cruce con el “rebelde” Larreta por el DNU presidencial, el ministro de salud de la provincia, Daniel Gollán, advertía que había que tener cuidado con “comprar vacunas en cualquier parte porque están apareciendo los mercados negros y cosas raras, además de que no se van a encontrar a corto plazo”. Ahora, con el decreto 270/21, Kicillof y el ministerio de salud de la provincia dan una vuelta de campana promoviendo la compra de vacunas que pueden “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”. Un horizonte incierto de mayor endeudamiento cuando lo que corresponde es liberar efectivamente las patentes, intervenir el laboratorio de Hugo Sigman y todos los laboratorios que producen componentes de las vacunas para producirlas en el país y garantizar la vacunación masiva de la población.

Con el pago de la deuda no hay vacunas

Como señalamos en Prensa Obrera, una salida a la crisis epidemiológica y sanitaria, y la inversión de recursos para centralizar el sistema de salud, ampliando la capacidad de unidades de terapia intensiva y el personal sanitario, confronta con el ajuste fiscal y el pago de la deuda externa de la deuda bonaerense.

Kicillof se vio obligado a postergar por decimoséptima vez el canje de los bonos de la deuda externa provincial que se encuentran bajo tenencia extranjera. Fracasó en su estrategia de dividir a los bonistas y actúa con la premura de la judicialización del default en los tribunales de Nueva York, y bajo el peso de las exigencias de los “acreedores” que quieren un “pago de buena voluntad” por vencimientos impagos de capital e intereses. De los 7.148 millones de dólares que quiere reestructurar Kicillof, 5.000 millones vencen en el corto plazo y dentro de los cuatro años de gobierno del Frente de Todos. Una bomba de tiempo.

En una concesión a Vidal, el gobierno minimizó las consecuencias de una eventual cesación de pagos provincial, diferenciando a la deuda bonaerense de otras deudas provinciales, aduciendo que no está atada a la hipoteca de “recursos estratégicos”. Todo un blanqueo de una deuda que el kirchnerismo reconoció íntegramente, a pesar de ser fraudulenta y usurera. Como sucede también con la compra de las vacunas, un acuerdo con los bonistas viene atado a las “clausulas secretas”. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Pablo López, anticipó una tercera versión “mejorada” de la oferta de pago “preservando el espacio de confidencialidad” con el “Comité de Acreedores” que ya incorporaba beneficios extras para los “acreedores” por 1.800 millones de dólares.

Kicillof, Máximo y Cristina Kirchner tienen que afrontar la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires con un canje de deuda externa, que quedó atado a la negociación del gobierno nacional con el FMI y el Club de París; y en condiciones de “default técnico” que bloquea la posibilidad de efectivizar  los nuevos créditos que votó el año pasado la Legislatura para “oxigenar” el rojo provincial. . El pago de la “deuda sustentable” es un fracaso del que toman nota los intendentes pejotistas y de Juntos por el Cambio para apurarlo a Kicillof.

El comunicado del PJ bonaerense

Con la crisis provincial de fondo, “reapareció” el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires metiéndose de lleno en el debate de la política tarifaria. El comunicado del PJ es un menú para todos los gustos, señal de que es un intermedio en la crisis del peronismo. Mientras los diarios La Nación y Clarín agitan este comunicado como otra apretada de Cristina y Kicillof contra el tándem Fernández-Guzmán en plena gira del presidente y el ministro de economía;  algunos portales kirchneristas lo presentan como un alineamiento del PJ provincial con Máximo Kirchner, porque afirma que “la Argentina de los tarifazos quedó atrás”. Página 12 lo reivindica como un apoyo explícito a Alberto Fernández y su política de actualización de los servicios públicos “para ordenar las cuentas fiscales, sin descuidar a los sectores vulnerables, es decir sin ajustar a mansalva como alienta la ortodoxia neoliberal”, es decir, se pronunciaron a favor del ajuste en pos de llegar a un acuerdo con el FMI.

Claramente el recalentamiento de la discusión por los aumentos de las tarifas eléctricas está dando lugar a una guerra de posiciones al interior del peronismo con vistas a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, de enorme trascendencia por su impacto nacional.  Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, firmante del comunicado, y Fernando Gray de Esteban Echeverría, el otro presidente rotativo del PJ bonaerense, lograron frenar la asunción de Máximo Kirchner al frente del peronismo provincial hasta diciembre en medio de la disputa por la “lapicera electoral” y las candidaturas del Frente de Todos.

Quienes afirman que “los tarifazos quedaron atrás” convalidan el 9% para Edenor y Edesur y quieren patear la segunda ronda de aumentos para después de las elecciones, cuando la inflación mensual está en el 4%. Atrás quedaron las bravatas de Kicillof en la campaña electoral y primeros días de gobierno, cuando amenazaba con quitar las concesión a la privatizada Edesur, responsable de los cortes de servicios prolongados (huelga de inversiones) para presionar por nuevos aumentos tarifarios. Se trata de una política común a todos los pulpos eléctricos que monopolizan el mercado y tienen como rehenes a los usurarios. La reaparición en escena del PJ bonaerense tiene como propósito cotizar a los intendentes en la crisis política, social, sanitaria y financiera, que tiene como epicentro a la provincia de Buenos Aires

Por un programa de salida obrera y socialista

El default social, sanitario y financiero tiene que ser enfrentado con la movilización de los trabajadores y su organización independiente del peronismo y el kirchnerismo. La preparación de la campaña política y electoral del Partido Obrero en el Frente de Izquierda está al servicio de esta lucha que tiene en el Manifiesto votado por la Conferencia Nacional del PO un instrumento de agitación popular dirigido a toda la población trabajadora y a las capas más explotadas del Conurbano, castigadas por la desocupación, la precarización laboral, los salarios de hambre y el aumento desbocado de los alimentos.

No hay “pago sustentable” de la deuda. El canje leonino de deuda es incompatible con la satisfacción de las necesidades populares y con un plan de reorganización social privilegiando el trabajo, un plan de viviendas y urbanización, la salud y educación, y los salarios y jubilaciones de los trabajadores.