La detención de Seba Copello y Juan Chorolque en San Salvador de Jujuy forma parte de una serie de hechos graves contra los derechos humanos que transcurrieron las últimas semanas, especialmente de atropellos al derecho a la protesta.

Desde los Milei y Marra a funcionarios como Zabaleta o D’Alessandro, pasando por la oposición patronal de Larreta y el propio gobernador jujeño Gerardo Morales han declarado una guerra contra quienes expresan su descontento al ajuste que aplican contra la población trabajadora.

Un sector de la burguesía ve que en Argentina comienzan a desgastarse los canales de contención, y para frenar un avance de la lucha popular crean climas represivos, apoyados en los medios masivos de comunicación, que pavimentan el camino para criminalizar la protesta social.

Eso explica los hechos transcurridos en la localidad misionera de Campo Viera durante una jornada nacional de lucha, los siete detenidos del mes pasado en San Pedro, la cacería lanzada en la manifestación en Congreso contra el pacto con el FMI, la represión y detenciones de compañeros del Polo luego del acampe en CABA dónde decomisaron un camión de alimentos, y ahora la prisión de los dos dirigente piqueteros de Jujuy.

El ajuste no cierra sin represión

Todos los bloque políticos patronales quieren ir a fondo con el ajuste, pero se topan con un fantasma: los piquetes, que son un método de la clase obrera para reclamar por sus reivindicaciones.

El Frente de Todos, particularmente, necesita avanzar en el ajuste para garantizar los compromisos con el Fondo Monetario. Sin embargo, quiere hacerlo conteniendo en su interior a las organizaciones cooptadas del movimiento piquetero, lo cual le plantea el problema de que un avance a fondo en una linea represiva puede llevar a un quiebre del propio gobierno. Las organizaciones sociales oficialistas permanecen en el Ministerio de Desarrollo Social siendo funcionales a esta política marcada a fuego por el pacto con el Fondo.

En nuestro país, según datos aportados por los medios, en el último mes de marzo hubieron 800 piquetes, de los cuales la Unidad Piquetera protagonizó solo tres. El resto pertenece incluso a otros sectores sociales, no sólo al movimiento de desocupados. Cuando los vecinos sufren cortes del servicio eléctrico salen a protestar, cuando hay un femicidio el movimiento de mujeres sale a las calles, cuando hay hechos de inseguridad también se hacen marchas y cortes.

Tomar de chivo expiatorio a los piqueteros que luchamos contra el hambre y por trabajo genuino es un acto de impotencia, porque no hay forma de tener otra política habiendo acordado pagar una deuda que dilapida los recursos nacionales.

Morales, el mejor alumno del FMI

Gerardo Morales, ni lerdo ni perezoso, trasciende de palabras a hechos. Se muestra en los medios en una campaña de “orden”, perfilándose como candidato a la derecha de Larreta, quien en anteriores declaraciones atacó a las organizaciones que acampamos en la 9 de Julio tratándonos de cobardes que usamos a las mujeres con hijos como escudos. Dichos sobre los que se basó el pedante Ramiro Marra para presentar un proyecto machista que pretende quitarle los beneficios sociales a madres que luchen con sus niñxs.

Morales tiene bajo su control no sólo las fuerza represivas sino también la Justicia provincial. Jueces y fiscales comprados que tienen la orientación política de criminalizar a los luchadores populares bajo contravenciones, los cuales son hechos excarcelables. El caso de Sebastián Copello es una muestra de la total intencionalidad de perjudicar a los dirigentes sociales y tratar de asestar un golpe a la organización independiente.

Las movilizaciones convocadas luego de las detenciones, de miles de compañeros/as a pesar de los aprietes, la caceria lanzada, la persecución, las requisas en colectivos de línea, muestran que el gobierno no ha podido quebrantar la voluntad de lucha. El movimiento piquetero reaccionó con una fuerza admirable y con una gran conciencia de a quién está enfrentando: a un régimen casi feudal y de terror. Pero los ataques de Morales, si son derrotados en las calles, pasarán a ser pólvora mojada.

La lucha contra el gobierno hambreador de Jujuy es la punta del iceberg para desbaratar a todo el que quiera callar con palos los reclamos. Morales se apoya en los prejuicios y el malestar de los piquetes para proyectarse nacionalmente y competir en las próximas elecciones como candidato. Un Bolsonaro norteño con un currículum intachable en materia de violación a los derechos humanos.

En todo el país una enorme campaña por libertad de los compañeros

El jueves 7, inmediatamente después de la detención de los compañeros, se realizó una conferencia de prensa en San Salvador de Jujuy y en el Obelisco, con la presencia de organizaciones de derechos humanos, familiares y amigos de Seba, compañeros de lucha de Juan, organizaciones sociales, y dirigentes políticos de izquierda y también dirigentes de otros sectores como UTEP. Al día siguiente, el viernes 8, unas 82.000 personas marcharon en 22 provincias, y en la propia Jujuy más de dos mil. En cada provincia la coordinación y la respuesta fue rápida y se concretaron las acciones. Una reacción a la altura de las circunstancias.

El lunes se cumplen los cinco días que se toma el fiscal para resolver, y se realizará una conferencia de prensa con una delegación de organismos de derechos humanos que viajará especialmente desde Buenos Aires para exigir una reunión con el gobernador y el juez Fernández. Si no hay respuesta, para el día preparamos una gran movilización provincial que copará las calles de Jujuy.

Defendemos la organización independiente, como la Unidad Piquetera que sigue peleando por las reivindicaciones del movimiento piquetero, llamamos a un gran frente único de acción por la libertad de los compañeros presos por luchar en Jujuy, que sea el camino para derrotar el ajuste de todos los gobiernos y plantee una salida de los trabajadores.

Libertad a Copello y Chorolque. Basta de presos por luchar. Fuera Morales.

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