El extensísimo DNU sancionado por Javier Milei supone medidas que destruirán el tejido industrial de Argentina, provocando un reguero de despidos.

En primer lugar, el artículo 609 prohíbe cualquier restricción, prohibición o cupo a las importaciones, provocando que muchas empresas argentinas, sobre todo las pymes, no puedan competir con los bienes finales o insumos provenientes del exterior. Si bien el dólar en alza encarece los productos importados, la atrasada industria local corre con suma desventaja a la hora de competir con la de las grandes potencias, cuyo desarrollo técnico es muy superior y, además, cuentan con financiamiento por parte de sus Estados.

Por otro lado, el decreto derogó la Ley de Promoción Industrial, la cual establecía una serie de rebajas impositivas, subsidios y créditos fiscales a diferentes ramas de la industria; y la Ley de Compre Nacional, que le otorgaba a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas.

Casualmente, el DNU no menciona nada acerca de eliminar el régimen de beneficios que goza la industria de Tierra del Fuego, donde está radicada la fábrica Mirgor, de la que es accionista Nicolás Caputo, primo del actual ministro Luis Caputo.

A su vez, suprimió la Ley de Góndolas, la cual disponía que, en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados, las micro y pequeñas empresas debían tener el 25% del espacio de venta por cada categoría de productos. De esta manera, Milei busca favorecer a los grandes monopolios de artículos de consumo masivos, perjudicando a las Pymes.

Son medidas que apuntan a profundizar la concentración y extranjerización de la economía, y, como contrapartida, provocar la quiebra de los establecimientos fabriles más reducidos. Tales consecuencias ya las vivimos con la apertura comercial de la década del ‘90.

Cabe destacar que los beneficios estatales que Milei pretende anular no fueron utilizados por los capitalistas nativos para desarrollar la industria del país. Por el contrario, la mayoría se dedica a ensamblar partes importadas y aprovechan los aranceles proteccionistas para incrementar los precios de los productos fabricados en Argentina, afectando a los consumidores.

Ahora bien, esas patronales utilizarán las desregulaciones que plantea el DNU como argumento para despedir y suspender trabajadores, o presionar por un retroceso en las condiciones laborales, sin importar cuántas ganancias hayan embolsado en el pasado. Por lo tanto, corresponde que la clase obrera delibere en cada lugar de trabajo cómo defender sus intereses.

Es necesario organizar la lucha por la prohibición de despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, con la ocupación de las empresas que cierres o despidan para preservar los puestos laborales, y la apertura de los libros al control obrero. La CGT y las CTAs deben llamar a un paro nacional y a un plan de lucha de manera urgente contra este decreto antiobrero.

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