El 28 de febrero, en la única sesión extraordinaria que el oficialismo logró realizar, un día antes de la Asamblea Legislativa, se aprobó el plan de pago de deuda previsional por 134 a 107 votos. Reconocido como “un parche” por miembros del propio Frente de Todos, no evitará que más de la mitad de los jubilados sigan debajo de la línea de indigencia.

En el marco de una movilización en las puertas del Congreso, se aprobó la moratoria con la que más de 800 mil trabajadores podrán acceder a una jubilación. Esto beneficiará a quienes no llegaban con la cantidad de años de aportes necesarios para hacerlo. Lo que nadie mencionó, salvo los diputados del Frente de Izquierda, es que esto será a costa de que quienes lo hagan paguen de su propia jubilación de miseria los aportes que sus empleadores no les hicieron. También señalaron que quedan fuera 1.200.000 de trabajadores carentes de aportes por haber laburado toda la vida en negro: entre ellos trabajadoras de casas particulares, la industria del pescado, la fruta, la vid, albañiles, entre otros.

El robo a los jubilados

La situación en la que se encuentran la gran mayoría de las y los jubilados en la Argentina es crítica. El sistemático robo por parte de todos los gobiernos hacia las cajas previsionales, junto con la rebaja de los aportes patronales desde Menem y Cavallo hasta la fecha, ha producido un vaciamiento de las arcas que deberían ir a quienes durante toda su vida trabajaron para luego poder tener una jubilación. Lo que debería ser un salario diferido, del 82% del monto percibido en actividad, hoy en día es una jubilación que no supera los 70 mil pesos en la gran mayoría de los casos, cuando la canasta de la tercera edad ya llega a los 170 mil.

Fue clara Romina Del Plá, cuando intervino en la presentación del dictamen de minoría elaborado por el FIT-U en base a un proyecto de jubilación universal de nuestra diputada: “el espíritu de este dictamen que estamos presentando es que plantea el derecho a la jubilación universal sin compra de años. Mañana va a abrir las sesiones el presidente que lo primero que hizo cuando asumió fue suspender la movilidad jubilatoria”, en referencia a la medida tomada en diciembre de 2019 por Alberto Fernández. “Vino a completar una tarea previa del gobierno macrista, que se había robado dos trimestres y que produjo una pérdida de 20 puntos de las jubilaciones”.

El mismo Carlos Heller, quien presentó el dictamen mayoritario por el oficialismo, reconoció como un “parche” a esta moratoria que no viene a solucionar los problemas estructurales de precarización y pobreza que vive la clase trabajadora, sino a resolver momentáneamente un problema que ha sido generado por todos los bloques capitalistas que han gobernado. Quiso presentar el proyecto aduciendo que resolvería “de una forma bastante virtuosa una situación desgraciada”, sin marcar la responsabilidad propia en la situación. Ni la completa falta de “virtuosismo”. En 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández, se aprobó una ley con el pretencioso título de impulso a la registración laboral basada en más rebaja de aportes patronales. Su fracaso está a la vista, sólo sirvió a más desfinanciación.

El ataque de Espert

Por parte de la oposición de derecha, tanto Juntos por el Cambio como los fachos de Espert y Milei, votaron en contra del proyecto finalmente aprobado. Demostraron que no solo atacan al movimiento piquetero que lucha contra el ajuste, como demostraron con la amenaza contra “Chiquito” Belliboni -por la cual Romina Del Plá presentó un proyecto de repudio y una moción de privilegio en la sesión-, sino que también votan contra quienes por responsabilidad del Estado y las patronales trabajaron toda su vida sin ser registrados. Espert también arremetió contra quienes se movilizaron contra la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo y votada por el peronismo, en diciembre de 2017, a diferencia de Romina Del Plá que levantó el reclamo por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por luchar contra este robo a los jubilados.

Los diputados de Juntos por el Cambio argumentaron que sería injusto que los aportes de quienes sí estuvieron registrados financien a quienes no lo estuvieron, como si fuese una responsabilidad y elección particular y no una situación con un claro beneficio hacia los capitalistas. Es que para estos las jubilaciones son un gasto, al igual que los programas sociales. Por eso ambos son el eje de ataque de quienes gobiernan y gobernaron con el FMI.

Milei, por su parte, planteó que el problema era la relación entre los trabajadores activos, quienes aportan, y quienes ya están jubilados. Según el liberfacho, el aumento de los segundos con respecto a los primeros es lo que produciría el “déficit”. Lo que no dice Milei es que cuando inició el sistema previsional la relación era absolutamente inversa, y que fueron todos los gobiernos hasta la fecha los que han metido mano a las arcas de los jubilados para financiar otros gastos absolutamente ajenos a las necesidades de los trabajadores.

La crisis del Congreso

La sesión pudo realizarse con el quórum conseguido sobre la hora y con el número justo, por la presencia del Interbloque Federal y Provincias Unidas, que hasta el momento venían negando su presencia.

La parálisis de la Cámara de Diputados, propiciada por Juntos por el Cambio con la excusa del juicio político a los jueces de la Corte Suprema, produjo que solo haya habido una sesión en el período de extraordinarias. Los únicos proyectos tratados este año fueron el de la moratoria previsional y el del programa de digitalización de historias clínicas -que fue votado a favor por todos los presentes salvo por La Libertad Avanza, de Javier Milei y Victoria Villarruel, opuestos a cualquier avance de la salud pública.

Con la ruptura del bloque oficialista, el Senado no tuvo siquiera una sesión para tratar proyecto alguno, lo que plantea un nuevo escalón en la crisis política. La apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo no auspicia un año con muchas sesiones en ninguna de las cámaras. El escenario dará un nuevo campo al FMI y a la burguesía en su conjunto para extorsionar aún más por la agenda de ataque a las masas y subsidios al capital.

Desde el PO-FITU seguiremos dando la pelea dentro y fuera del Congreso. Para que se vayan los políticos capitalistas y que los trabajadores intervengan en la crisis con sus propias reivindicaciones. Nuestra agenda, la de los trabajadores, es antagónica a la de las fuerzas de gobierno.

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