La publicación del porcentaje de población y hogares que no alcanza, con sus ingresos, los niveles establecidos de pobreza e indigencia suscitó todo tipo de revuelos. Resulta lógico, ya que las cifras muestran sus mayores índices si se tienen en cuenta los últimos 10 años. Estos números no hacen más que confirmar lo evidente: se multiplican de forma permanente quienes no tienen condiciones dignas de vivienda, alimentación y necesidades básicas, producto de sus bajos o nulos ingresos. Pero también como la carestía golpea cada vez más en los bolsillos de las familias obreras ocupadas. El “no llego a fin de mes” pasó a ser una de las frases más dichas por cualquier trabajador.

Ahora bien, ¿qué pasa con el 58% que según el Indec es “no pobre”? Los datos (fiables) muchas veces se nos aparecen como si fueran un reflejo de la realidad neutral e indiscutible. En realidad, esto se asocia a definiciones conceptuales y metodológicas sobre qué significa lo que se está midiendo o, en este caso, ser pobre. Dicho de otra forma, quienes son “no pobres” se determina a partir de cuáles fueron los elementos que se pusieron en ponderación por parte del organismo oficial que elabora las estadísticas. Estos pueden, en muchas oportunidades, ser cuestionables.

Existen, también, fuertes críticas que tildan de insuficiente la medición de la pobreza salarial ya que no llega a captarse la multidimensionalidad que trae el concepto donde, por ejemplo, elementos como la salud, educación y la vivienda quedan relegadas a una matriz salarial. Se suma que estos factores, frente a añares de desidia y vaciamiento por parte del Estado, han sido los paladines de la desigualdad en tiempos de pandemia.

La Junta Interna de ATE del Indec, desde años, realiza publicaciones periódicas dando cuenta de cuánto debería ser lo mínimo indispensable que debería ganar una familia tipo (biparental de 35 años con dos menores en edad escolar), a partir del uso de datos oficiales, que funcione como “un piso para que cada asalariadx esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar y, de esa manera, no ser susceptible de caer en la pobreza”.

En otros términos, lo que se calcula es la “Canasta de Consumos Mínimos”, una construcción metodológica que no es aplicada en las estadísticas oficiales pero que surge de una combinatoria de la CBA (Canasta Básica Alimentaria) y de un monto similar a la CBT (Canasta Básica Total) para adquirir los bienes y servicios, ya que, según indican, la primera no cubre la totalidad de los gastos de un alimentación nutricionalmente saludable; mientras que la segunda no refiere al total de los gastos, por ejemplo de alquiler.

Según la JI del Indec, cualquier familia obrera debería ganar durante el mes de octubre $76.507, para garantizar sus condiciones de vida, mientras que la CBT sobre la cual se calculan las estadísticas oficiales, para ese mismo mes, arriba a los $49.911,60.

Frente a la brecha que plantean ambos valores, la división tajante entre el pobre y “no pobre” empieza a difuminarse. Si bien el porcentaje por encima de la línea de pobreza calculada con la CBT no cataloga como pobre, existe un gran sector que arrastra las condiciones de vulnerabilidad salariales que lo hacen plausible de serlo. El panorama empieza a plantearse aún más crudo si se tiene en cuenta que el 50% de los trabajadores argentinos del sector privado para el mes de octubre de 2020 ganaba hasta $53.392 (Ministerio de Trabajo; SIPA).

Solo en la Ciudad de Buenos Aires el informe del 4to. trimestre sobre las condiciones de vida de la población porteña del Instituto de Estadística y Censos, da cuenta que el único estrato que no se reduce de “no pobres” durante el período analizado son los que pertenecen al “sector medio frágil” en detrimento del sector perteneciente al “sector medio”. Es decir, producto de un empobrecimiento generalizado se produce esta cuestión golpeando fuertemente incluso a quienes se encuentra por encima de la línea de pobreza.

Las últimas estimaciones de la Junta Interna de ATE Indec, siguiendo los mismos cálculos, dan cuenta que para febrero de este año se necesitan $85.590 para garantizar los consumos mínimos de una familia, es decir un 12% más que en octubre pasado, debido a los procesos de creciente inflación. Los naftazos siguen con las subas mensuales desde agosto mientras que recientemente se anunciaron tarifazos de gas y luz para fines de este mes con lo cual las proyecciones siguen su ascenso mientras que los salarios no.

Queda claro que el problema de fondo no son las mediciones sino la política de un gobierno que prioriza los acuerdos con el FMI a las condiciones de vida de la población trabajadora. No es casual además que el concepto y noción de pobreza presione sobre quienes están ocupados para resignar las condiciones salariales. Mientras, la burocracia sindical es quien pavimenta el proceso de pauperización, garantizando el ajuste a partir de aumentos salariales muy por debajo de la inflación.

Nunca la intención es trazar una línea entre quienes son pobres y “no pobres” sino dar cuenta de cómo a este régimen de hambre y saqueo le tenemos que plantear una alternativa de conjunto. Para organizarnos por las condiciones de vida y la defensa del salario vamos al Plenario de la CSC el sábado 10 de abril a las 10 horas.

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