Están en marcha las reuniones de la Comisión Bicameral de Previsión parlamentaria que está elaborando la nueva movilidad que el gobierno de Alberto Fernández pretende tener resuelta antes de septiembre que es cuando deberían hacer un nuevo ajuste.

Apuran el trámite en medio de la cuarentena y de la pandemia ante el descontento contra el gobierno de Alberto Fernández que generan la suspensión de la movilidad y los continuos DNU. Y para frenar las demandas que denuncian la inconstitucionalidad de la suspensión.

El gobierno marcha hacia una reforma jubilatoria profunda

Una de las fases inmediatas es el cálculo de la movilidad y otra es la liquidación de las cajas provinciales a través del aumento de los aportes jubilatorios de los trabajadores activos de esas cajas y descontando aportes, como ya lo hacen con la reforma cordobesa. En el horizonte hay otras medidas como la rebaja de aportes patronales y habilitar cajas complementarias con aporte personal de los sectores de mejores ingresos.

La cuestión de la movilidad se está debatiendo entre la postura de Juntos por el Cambio y la del Frente de Todos, elevada esta última a través del Anses al presidente Alberto Fernández y a los ministros de Trabajo y Economía.

Juntos por el Cambio impulsa un índice basado 50% en el de variación salarial (Ripte), que toma el más desfavorable de los de movilidad del salario y 50% en el de variación de la inflación (índice que ya se usa para calcular el aumento de los alquileres).

La postura presentada por Anses plantea que los aumentos de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales surjan de la recaudación tributaria, que se compone de los aportes y contribuciones sobre los sueldos y de los impuestos destinados a la seguridad social, cosa completamente sometida a crisis y cambios por los gobiernos de todo pelaje, como ocurrió durante el kirchnerismo y luego con Macri, que se peleó con gobernadores propios y ajenos cuando usó fondos de coparticipación federal para las jubilaciones.

La Comisión Bicameral, que lleva diez reuniones, no es más que un montaje de “democracia consultiva” por el que ya desfilaron catedráticos y economistas, previsionalistas, masters y asesores. Muestran sus títulos de posgrado en París, Orleans o Pennsylvania mientras que sostienen -cuadro va, tabla viene- planteos comunes que giran alrededor de:

1. Anses y las Cajas provinciales son deficitarias porque los jubilados viven mucho tiempo.

2. Los aportantes son pocos respecto a los jubilados. Reconocen, sin que se les caiga la cara, que esto se debe a años de pérdida de puestos de trabajo formales y al crecimiento del trabajo informal o en negro, que sumado a los desocupados se acerca a la mitad de la población activa.

3. La movilidad debe ser sobre bases “socialmente aceptables” y de “sustentabilidad”, es decir que los aumentos no solo no alcancen a la inflación sino que vayan perdiendo la carrera con esta, es decir, haberes aceptados por los acreedores internacionales y por los capitalistas que consideran la jubilación como un gasto estatal que hay que recortar para garantizar los pagos de la deuda externa y el subsidio al capital (tal como reclaman a nivel mundial para ser rescatados ante la crisis que ellos mismos generaron).

4. Se presentan fórmulas diversas de movilidad sobre haberes jubilatorios miserables de 16.842 pesos la mínima -que cobra la mayoría- y la máxima en 118.044 pesos, mientras la canasta jubilatoria básica es de 45.020 pesos y el 82% de cálculo para la jubilación inicial elevaría de un plumazo todas las jubilaciones.

5. Defienden el achatamiento que vino operándose en las jubilaciones planteando que es un sistema solidario en el cual se congelaron o se otorgaron menores aumentos a los que más cobran para sostener a los que menos cobran, como lo hicieron en marzo. En junio la reducción ya corrió para todos, incluidos los de la mínima, porque el objetivo es reducir todas las jubilaciones, camino hacia un mínimo aporte solidario a la vejez, aun menor a la miserable jubilación mínima actual.

No colocan al debate el vaciamiento de las cajas por el uso creciente de sus fondos para subsidiar al capital con emisión de bonos incobrables o directamente para rescatarlo como se hace a través de las ATP.

No toman en cuenta la desfinanciación que vienen impulsando los diferentes gobiernos a través de permitir la evasión de aportes y contribuciones (trabajo en negro y evasión directa), que ahora se premia con el blanqueo y con la política de eximición de los aportes patronales que se sostiene, con variaciones, desde la dictadura militar hasta la fecha.

No ponen a debate ni siquiera la desvalorización y las deudas respecto a la movilidad que hubiera correspondido desde la suspensión de la movilidad de Fernández y el cambio de la fórmula desde Macri.

Tampoco la rebaja sistemática de aportes patronales desde el menemismo de los ’90 hasta acá. Hoy inusitadamente agravada con la pandemia y los pactos de la CGT-UIA-Gobierno.

Discuten terminar con los derechos jubilatorios, de espaldas a las organizaciones de los jubilados

Ninguna organización de lucha de los jubilados ha sido convocada a intervenir en la Comisión bicameral. El 82% móvil fue rechazado con el argumento de que correspondía a las formas de trabajo de hace 100 años. Dicen que ahora reina la informalidad, defendiendo que el capital necesita nuevas formas de contratación (reforma laboral, trabajo precario), para recomponerse y para desarrollarse en las condiciones actuales de crisis y de competencia a la baja.

La realidad del rechazo al 82% es que pretenden avanzar en la disociación de la jubilación del salario, es decir de aquella concebida como salario diferido. Incluso en las conclusiones de una de las exposiciones se plantea que la movilidad jubilatoria debe independizarse de cualquier otra consideración para cortar su vínculo con el salario en actividad.

Hablan de cálculo de movilidad sobre la base de los miserables haberes actuales. Ninguno habla de un aumento o nuevo mínimo incrementado, que permita cubrir el costo de la canasta del jubilado ni de volver al 82% como cálculo del haber inicial.

Mantienen firmemente las anteriores leyes que hacen que desde el inicio el jubilado cobre alrededor del 40% de lo que cobraba en actividad, asunto que ha generado miles de juicios y que intentaron cerrar con la estafa de la Ley de Reparación Histórica del macrismo, por la cual este pretendió acabar con las demandas sin “reparar” el 82%, cuestión que sigue hasta ahora y no es objeto de tratamiento en la bicameral.

Sus objetivos son avanzar firmemente hacia el establecimiento del bono a la ancianidad, disociado totalmente del valor del sueldo del trabajador en actividad y del valor de sus aportes en toda su vida laboral.

El achatamiento de las jubilaciones producido durante años y la abolición de la jubilación como salario diferido son admitidos “por las variaciones en la economía que hace que en momentos de recesión no entren las contribuciones y bajen los sueldos”. Y hasta lo han transformado en una “virtud de la solidaridad nacional y popular”. Dan por establecido que en determinadas condiciones desfavorables, los ajustes jubilatorios serán menores o directamente serán congelados como ha ocurrido en diversas ocasiones.

En la medida que avanzan en terminar con el concepto de jubilación como salario diferido y hacia la caja nacional única con la armonización de las cajas y regímenes especiales con Anses, avanzan con el objetivo de imponer el bono a la ancianidad o pensión de la tercera edad para el conjunto de los trabajadores y unas nuevas Afjp para los que aspiren a una jubilación o retiro mayor.

Esta política se basa en el soporte de toda la burocracia sindical que apoyó la reforma de diciembre del 2017 (gran lucha obrera con apoyo de un cacerolazo de masas) y dejó pasar la suspensión de la movilidad en el 2019 y hasta la fecha. La reforma previsional es parte integral fundamental de las reformas fondomonetaristas que orientan el pacto social que está en marcha, aunque todavía no se conozca su forma institucional definitiva.

Los burócratas de la CGT se sientan en las mesas de acuerdos antiobreros que incluyen la moratoria de $44.000 millones de evasión impositiva, que incluye cargas previsionales, lo cual debería merecer más bien causas penales que premios de cuotas blandas en 120 meses.

La CTA hace el “aguante” a su gobierno, apoyando las medidas gubernamentales y ocupando cargos en ministerios e instituciones del Estado.

Plan de lucha, organicemos a los jubilados

Estos avances contra las conquistas jubilatorias han dado lugar a importantes luchas en Córdoba y en Santa Fe, a reclamos en Chaco, Misiones, Entre Ríos y a movilizaciones en defensa de las Cajas y de las obras sociales en Buenos Aires y Neuquén.

Es necesario organizar a los jubilados, convocarlos, en todos los gremios y rincones del país. Y en ese camino resolver un plan de lucha de las organizaciones de jubilados por los $30.000 de emergencia, imprescindibles ante las penurias -agravadas por la pandemia- que viven los jubilados y pensionados que cobran por debajo de ese monto; por la restitución de la movilidad y el pago de lo adeudado; por el 82% móvil y los $45.020 de mínima; por la restitución de los aportes patronales y el pago de los bonos y letras que empapelan Anses y las cajas provinciales. Por terminar con el trabajo en negro y toda precarización laboral. El clasismo tiene que tomar en sus manos estas banderas y el Plenario Sindical Combativo incorporarlas a la unidad estratégica de ocupados y desocupados para que la crisis la paguen los capitalistas.