El presidente del Directorio de Gestión de Puerto Quequén (DGPQ), Arturo Rojas, anunció a través de los medios locales que se anularían 23 ítems de las tasas portuarias. La eliminación de estas tasas, en palabras de Rojas, “mejoraría la  operatividad, la competitividad, y sería un factor que ayudaría a que sectores empresariales del agronegocio viesen con buenos ojos invertir en la localidad, lo que generaría fuentes de trabajo y mejoras para los vecinos”.

Esto no es cierto. Las políticas de beneficios a las patronales en los puertos provinciales no ha redundado en una mejora para los trabajadores. La principal operadora del Puerto de San Pedro, Baltic Shipping, decidió que la carga de cítricos rumbo a Europa opere desde Campana, lo que pone en jaque a los 150 trabajadores directos a lo que se suman los 200 trabajadores que almacenan las frutas. En Mar del Plata, las empresas “El Marisco” y “Sebastián Gaboto” (135 trabajadores) manifestaron  su intención de cerrar, profundizando la crisis de los trabajadores portuarios. Mientras las riquezas que generan los trabajadores son expropiadas y fugadas por los puertos, lo único que nos queda es más desocupación, precarización y muertes obreras por el estado de las embarcaciones.

La eliminación de tasas a los pulpos exportadores no es una política nueva. En este sentido, en agosto de 2016 se puso en práctica una bonificación tarifaria, en promedio de un 20%, para conceptos como practicaje y remolques. En julio de 2018, el Consorcio de Puerto Quequén redobló la apuesta con la eximición del pago de la Tasa de Uso de Puerto (TUP) para los buques que atraquen en días hábiles entre las 19.00 y 24.00 horas, sábados, domingos y feriados.

Estas medidas forman parte de las políticas privatistas del gobierno Vidal (y de Scioli antes) para todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, como está ocurriendo en el puerto de Dock Sud, donde bajo la figura de un ‘ente público no estatal’ se produce la entrega del patrimonio de los trabajadores. Este mecanismo administrativo (consorcio) ya estaba siendo implementado en los puertos de Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, La Plata y San Pedro. Pero en los últimos meses, se extendió a los puertos de Dock Sud, San Nicolás y Coronel Rosales. En resumen, primero crean los “consorcios” entregando el uso de todos los bienes del puerto y luego eliminan las tasas.

Es claro que el abordaje capitalista de la “logística portuaria” choca con los intereses de los trabajadores de los distintos puertos de la provincia (y del país). A esta logística de la depredación de las condiciones salariales y de vida de los trabajadores, del afano y depredación de los recursos naturales hay que oponerle una logística de los propios trabajadores. Hay que empezar abriendo los libros contables del DCGPQ y del municipio para ver las verdaderas ganancias de los pulpos exportadores. Para garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, y con indexación por la inflación planteamos asambleas de bases y plenarios de delegados en todo el sector portuario para lograr también jornadas de 8 horas de trabajo y el blanqueo de la totalidad de las horas trabajadas. El manejo de las bolsas de trabajo por los trabajadores saltando el manejo coercitivo de las burocracias sindicales.

Una acción decidida de los trabajadores, nacionalizaría los puertos de la provincia y de todo el país, poniendo los recursos en favor de desarrollar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. El gobierno de Macri, de los gobernadores y del FMI choca con estos intereses, se tienen que ir. Para ello, proponemos una Asamblea Constituyente que tenga como prioridad establecer la “logística de los trabajadores portuarios sobre los puertos” y que en esa perspectiva, seamos los trabajadores los que gobernemos.