11/11/2020 | 1609

¿Quién ataca la propiedad privada?

Lago Escondido, vendido a Joe Lewis, sin acceso a aguas de uso público

A propósito de la ola de ocupaciones de tierras que recorren el país, se ha lanzado una fuerte campaña en defensa de la propiedad privada. Quienes se han puesto a la cabeza de este planteo son nada más y nada menos que los principales usurpadores de la propiedad privada; nos referimos a la UIA, la Sociedad Rural y diversos sectores de la burguesía nacional.

Para ser precisos, cuando ellos hablan de la defensa de la propiedad privada, lo hacen exclusivamente en referencia a la propiedad privada de la burguesía. El discurso que pretende preservar el derecho individual a la acumulación producto del trabajo desaparece cuando se trata de la propiedad privada de las y los trabajadores. En este caso, juristas, funcionarios y empresarios cierran filas para descargar todo tipo de políticas confiscatorias sobre la clase obrera.

El mayor atentado contra la propiedad privada en la historia reciente lo capitaneó Domingo Cavallo. Como ministro de Economía del gobierno de la Alianza (De la Rúa), en 2001 impuso el corralito. Este significó la confiscación de los ahorros de millones de argentinos, destinados al salvataje de los bancos y a financiar la licuación de las deudas de los grandes monopolios capitalistas. El gobierno de Duhalde se las ingenió para retener los fondos de los ahorristas, quienes se vieron obligados a elegir entre una pesificación forzada, con una reducción implícita de alrededor del 50%, o la obtención de bonos de deuda a 10 años, con tasas hasta dos veces menor a las del mercado en ese momento. Sea como fuere, al Estado argentino no le tembló el pulso en desconocer todo tipo de propiedad privada de las mayorías laboriosas, para garantizar un negocio redondo a banqueros y acreedores.

Salario y jubilaciones, vías indirectas para la confiscación

El ataque de la burguesía a la propiedad privada lejos está de reducirse a episodios históricos aislados, que algunos podrían atribuirles a una política excepcional en períodos de crisis. Se trata de una política sistemática, y para ello se valen de todo tipo de artilugios políticos, legales y administrativos.

El techo a las paritarias implica una vía de confiscación indirecta a la única propiedad personal con la que cuenta efectivamente el trabajador: su salario. Con techos que rondan el 19% anual, contra una inflación prevista en el 40%, la reducción salarial constituye un verdadero robo a las y los trabajadores, quienes ven reducido drásticamente su poder adquisitivo en un escenario de inflación creciente y al borde de la megadevaluación.

El impuesto a las ganancias, aplicado al salario, completa el cuadro. El gobierno kirchnerista lo impuso bajo el argumento de que sería utilizado para la redistribución de los ingresos entre los que menos tienen, sin embargo, los recursos fueron a parar al pago de vencimiento de deuda. El macrismo asumió prometiendo la eliminación del impuesto, pero en su gobierno la cantidad de trabajadores alcanzado por el impuesto subió en un 66%; y los recursos también fueron destinados al pago de la deuda. Ahora, bajo el gobierno de Fernández, esta apropiación del salario sirve como parte del respaldo necesario para responder a las exigencias del FMI.

El mismo concepto (la redistribución) es utilizado para justificar el robo a las jubilaciones. La legislación nacional establece que las jubilaciones son “prestaciones definidas”, cuyo pago puntual es responsabilidad del Estado. Para evadir esta responsabilidad, los gobiernos recurren, por un lado, a la reducción del salario de activos y, por el otro, al incumplimiento de la movilidad jubilatoria. La suspensión de la movilidad jubilatoria de Fernández constituyó una primera vía para incautar masivamente el salario de trabajadores activos y pasivos. Sobre esta línea se montaron los gobiernos provinciales para llevar a fondo reformas previsionales que liquidan derechos establecidos. Es el caso del gobierno de Schiaretti en Córdoba.

Los capitalistas de conjunto subsisten sobre la base de avanzar sobre la propiedad personal de la clase obrera, en este caso de jubilaciones y salarios, dejando para ellos solo las migajas necesarias que permitan su subsistencia y, por supuesto, levantarse todos los días para ir a trabajar y garantizar la fuerza productiva, ciertamente cada vez para menos: la desocupación actúa como presión para rebajar aún más los salarios.

Concentración capitalista y la propiedad privada

La naturaleza del capitalismo es, sin embargo, la concentración, siendo esta la principal vía de ataque a la propiedad privada. En medio de una competencia salvaje, el pez más grande se devora al pez más chico. Este proceso se desarrolla por medios económicos y extraeconómicos. Lo cierto es que asistimos regularmente a la ruina de los capitalistas más débiles y vulnerables cuya propiedad es absorbida y pasa a manos de sus rivales más fuertes. Si esto es válido en tiempos «normales», con más razón ahora en medio de los temblores de la actual crisis capitalista mundial en desarrollo. Por supuesto, esto se va extendiendo a sectores de clase media o la pequeño burguesía, que son objeto de una violenta expropiación. Es así como vemos sucumbir a diario emprendimientos familiares y pequeños productores, ante el desembarco de los grandes monopolios favorecidos por todo tipo de políticas fiscales.

Este proceso se desarrolló de manera acabada con la cuestión de la tierra. La situación en el sur argentino es uno de los escenarios más gráficos. Los verdaderos “usurpadores” desembarcaron en el país apoderándose de las tierras sobre la base del exterminio de los pueblos originarios, conformándose grandes latifundios de capitales extranjeros. Es el caso de la empresa Argentinian Southern Land Company Limited, de capitales ingleses, que luego fue comprada parcialmente por los Benetton y en la actualidad conforma uno de los más extensos emprendimientos patagónicos.

En el otro extremo de esta apropiación en favor de los pulpos internacionales se encuentran las ocupaciones de tierras para vivir, que se extienden de norte a sur del país. Mientras los primeros son resguardados por el aparato judicial, las fuerzas represivas y el poder político, los segundos se han convertido en el “enemigo público” número uno del gobierno “popular” de los Fernández.

El ataque desembozado del gobierno de Fernández y Kicillof al Partido Obrero, pos Guernica, responde a la defensa corporativa de los apropiadores, que oculta una verdadera impostura. Los defensores de la propiedad privada se horrorizan cuando se habla de expropiación o de terminar con la propiedad privada, pero gobiernan en un sistema que ya ha eliminado la propiedad privada para la inmensa mayoría de la población explotada. La defensa de su propiedad privada es a condición de garantizar la expropiación de las y los trabajadores, en todas las formas posibles.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda levantan un programa integral de defensa de la propiedad de las y los trabajadores y de los campesinos que parte de preservar el salario, las jubilaciones y el trabajo; la defensa de las ocupaciones y el apoyo a la lucha de tierras para vivir; para avanzar a un planteo de fondo con el no pago de la ilegítima y usuraria deuda externa, y la nacionalización de la banca, los recursos estratégicos y el comercio exterior, con el objetivo de reestructurar el país en función de dar una salida a la crisis sobre los intereses y necesidades de las mayorías explotadas.

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