La política del gobierno de Alberto Fernández lo coloca en la palma de la mano del capital financiero. La precariedad de la estabilidad del dólar, alcanzada tras la corrida de octubre que secó las reservas del Banco Central, depende -además del devenir de las negociaciones de Guzmán con el FMI y el Club de París- de que los grandes fondos de inversión Pimco y Templeton mantengan sus colocaciones en la deuda en pesos.

El endeudamiento en pesos es uno de los pilares de toda la política con la cual el Ministerio de Economía busca mantener una estabilidad cambiaria. Sin acceso al crédito internacional, la apuesta oficial es cubrir la mayor parte del déficit fiscal tomando deuda en moneda local para reducir lo más posible la emisión monetaria -que estimula la inflación y la presión sobre el dólar. Para ello el gobierno se propuso colocar casi un billón de pesos en títulos públicos, por encima de la refinanciación de los que van venciendo. Pero en buena medida el éxito de esta operación depende de lo que hagan aquellos dos grandes jugadores del mundo de las finanzas internacionales, cuyas tenencias en títulos en pesos superan las de todos los inversores locales.

Según estiman estudios privados, ambos fondos tendrían en sus carteras el equivalente a 3.500 millones de dólares (calculado al contado con liqui), contra unos 2.700 millones de todos los tenedores de títulos en pesos residente en el país. Representan además el 88% de las tenencias de los no residentes. De aquel total, unos 1.200 millones de dólares vencen este año, y en caso de que opten por no renovarlos toda la estrategia oficial quedaría en la lona.

Consciente de esta encerrona, el gobierno hizo a fines del año pasado un importante regalo a Pimco y Templeton: les armó una subasta a medida de 1.500 millones de dólares para que puedan desarmar parte de sus inversiones en pesos y pasarse a la divisa norteamericana. Como la operación se hizo con bonos que cotizaban a precios de remate, estos ofrecían una tasa de retorno del 16%, es decir una ganancia sin comparación en el mundo.

Como fuera, el ministro Martín Guzmán se jactaba en los primeros meses de este año de estar logrado su cometido de financiarse en pesos (colocar más deuda de la que vence), pero en la última subasta de fines de marzo la situación se invirtió: apenas pudo renovar poco más de la mitad de los 167.ooo millones que vencían. Los motivos de ello permiten mostrar las contradicciones de la política del gobierno y, peor aún, que su éxito está condicionado al rendimiento que ofrece a los especuladores y sale carísimo al país.

Para tentar a los inversores a renovar los títulos en su poder, y tomar nuevos, les ofrece bonos cuyo rendimiento está atado a la inflación (llamado CER) -de manera de asegurarles que no perderán ante una estampida de los precios. Incluso, desde enero hasta ahora fue subiendo progresivamente la tasa de interés que se paga por sobre la variación de los precios. Esta operatoria genera una bola de nieve, porque un más que probable desmadre inflacionario incrementaría de manera automática la hipoteca en pesos. Otro bonos fueron directamente linkeados al dólar, de manera que el gobierno carece del clásico mecanismo para licuar las deudas en pesos: la devaluación. Todo, además, a corto plazo, ya que se encuentra licitando títulos que vencen en febrero del año que viene.

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Pero los grandes fondos de inversión realizan sus ganancias una vez que logran salir de los pesos y pasarse a dólares, y el propio gobierno generó una vía para ello. La política oficial de vender y recomprar bonos soberanos para mantener planchados los dólares financieros deriva en una cotización “subsidiada” del contado con liqui, gracias a la cual estos pulpos de las finanzas lo encuentran barato. Apuestan entonces a cobrar en efectivo los próximos vencimientos e ir desarmando sus carteras en pesos.

Es una expresión palpable del laberinto sin salida al que nos ha llevado el gobierno de Alberto Fernández. Dilapida casi todas las divisas que ingresan por los altos precios de la soja en operaciones usurarias para contener la brecha cambiaria, pero de esa forma atenta contra su objetivo de financiarse con deuda en pesos -la cual de todas maneras tiene un alto costo. Es el perro que se muerde la cola, pero mientras tanto los que facturan son los especuladores financieros.

Cuando restan aún en el año vencimientos por 2,4 billones de pesos, un fracaso en este frente obligaría a emitir billetes para cubrir no solo el déficit fiscal sino también el financiero. Esto cuando ya en marzo el Banco Central transfirió al Tesoro unos 135.000 millones de pesos -recalentando una inflación que en el primer trimestre superó el 12%, una cifra que entierra la previsión oficial de un 29% anual. A todo ello hay que agregar otro factor de emisión, también contradictorio, ya que para sostener la montaña de Leliq y pases pasivos del Banco Central -que permite absorber pesos en circulación- ya gatilló en el primer trimestre nada menos que 260.000 millones de pesos en intereses a la banca.

Esta pax cambiaria es entonces un gran negocio para el capital financiero, pero ello precisamente por su precariedad. En el plan oficial, la luz al final del camino es un acuerdo con el FMI. Pero ello solo implica que el desarme de esta bola de nieve quedará a cuenta de lo que se fije con ese organismo del imperialismo. Los grandes fondos de inversión están cobrando así muy cara la insolvencia argentina, como lo hicieron desplumando al gobierno en el canje de la deuda externa. Lo que quedó en claro, de todas formas, es que esta política de rescate de los acreedores nos lleva en línea recta a un nuevo quebranto nacional.

De este laberinto solo se puede salir por arriba, es decir rompiendo con el FMI, desconociendo la deuda externa usuraria y fraudulenta, y nacionalizando la banca y el sistema financiero bajo control obrero. Es una perspectiva que implica reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, para lo cual es imprescindible el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores contra este devaluado nacionalismo burgués.

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