Según el informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presupuesto asignado para paliar los efectos económicos y sociales, agravados por la pandemia de Covid-19, pasó de un 6,4% del PIB (Producto Interno Bruto) a solo un 1,4%. Entre los principales recortes se encuentra la asistencia directa a las familias trabajadoras, en un país dominado por el crecimiento de la miseria y la pobreza.

Lo invertido durante el 2020 alcanzó los $1.763.025 millones, cayendo a $563.000 millones en tiempos de una mayor apertura económica, pero también de un salto exponencial en los contagios y muertes de la segunda ola de la pandemia.

El grueso de estos fondos fueron recortados a fines del año pasado, cuando el gobierno dio por “superada” la pandemia, habilitando la actividad económica y distendiendo las “restricciones”, con el propósito de acelerar un desentendimiento económico del Estado y poner en marcha el plan de austeridad social que reclama el FMI.

Hilando más fino

El primer gran recorte fue sobre el limitado Ingreso Familiar de Emergencia, que implicó $263.169 millones y alcanzó casi 9 millones de personas. Este programa no tu relevo alguno, ya que el aumento en los programas Potenciar Trabajo –de alrededor de unos 300.000 nuevos beneficiarios- no implicó una respuesta universal a la crisis social y económica del país.

Recordemos que el IFE ya había dejado afuera a unos 4,6 millones de solicitantes y que los ingresos al Potenciar Trabajo han sido arrancados por la lucha del movimiento piquetero independiente; sin embargo, implican solo poco más del 2% del total de las necesidades relevadas al inicio de la pandemia.

Las patronales, por su parte, acumularon beneficios directos por $481.362, en concepto de subsidios (ATP), créditos blandos (Fogar, Fondep) y exenciones impositivas y de contribuciones patronales. Mantienen, en 2021, subsidios y beneficios por $98.000 millones.

Para tener en cuenta, estas sumas fueron repartidas entre 307 mil empresas, mientras que el IFE (poco más de la mitad de estos fondos) se distribuyeron entre 9 millones de personas: un tanto desigual.

Un dato “curioso” es que el gobierno computa los bonos de trabajadores de la salud, jubilados y pensionados, AUH-AUE y Potenciar Trabajo como parte del “paquete Covid”. La mayor parte de esas sumas son una compensación precaria e insuficiente ante los estragos de la inflación en los ingresos de los trabajadores gracias a la imposición de la pauta oficial en las negociaciones paritarias y del salario mínimo, pasadas y presentes.

Para el caso de los jubilados es aún peor, ya que esos montos fueron financiados con la confiscación a los haberes con la suspensión de la movilidad jubilatoria en 2020 (8% de pérdida para la mínima) y la reforma de la fórmula en 2021 (5% de pérdida).

Lo del pueblo para la deuda

Un punto que pone de manifiesto la orientación social de este recorte es que mientras el “gasto Covid” alcanzará un 1,4% del PIB en 2021, los intereses de deuda para el mismo periodo se calculan en un 1,5% del PIB.

Casi la mitad de los fondos que el gobierno engloba en estos $563.000 millones consisten en recursos corrientes de políticas sociales y asistenciales que, incluso con aumentos, han quedado sobrepasados por la inflación y que aparecen indiscriminadamente como “refuerzos” a la Tarjeta Alimentar, AUH y asignaciones familiares, Progresar y Potenciar Trabajo. El cómputo de estas sumas como “excepcionales” preanuncia nuevos recortes sobre estas precarias medidas cuando den por superada, nuevamente, la pandemia.

El ajuste sobre los bolsillos obreros y sobre el gasto público, orientado a paliar las necesidades más elementales del pueblo trabajador, está haciendo estragos en la situación social y económica del país, con un empobrecimiento de la clase trabajadora y niveles de indigencia alarmante.

Hay que rechazar la orientación ajustadora del Frente de Todos, Cambiemos y el FMI, oponiéndole una salida de los trabajadores, con el no pago de la deuda externa, el rechazo al pacto con el FMI y la utilización de los recursos nacionales para poner en pie la industria y la obra pública, generar puestos de trabajo e imponer las medidas que garanticen un seguro universal al parado (por arriba de la canasta básica), salarios que cubran la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.

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