De manera febril, Diego Santilli (ministro del Interior) viaja por las provincias discutiendo con los gobernadores la reforma laboral para conseguir los votos en el Senado y después, obviamente, en Diputados. Es la gran ley de Milei para “cambiar la Argentina”. El resto del paquete, nada menor, busca hacer pasar la reforma esclavista con un Estado represivo recargado con el DNU de inteligencia, la reforma al Código Penal y, mediante la reforma de la ley de glaciares, despejar el camino del saqueo de los recursos naturales junto a la superexplotación de los trabajadores. El Presupuesto del FMI 2026 ya es ley, lo mismo que la ley de impunidad de narcos y evasores llamada de “inocencia fiscal”.

Lo aprobado hasta acá no movió el amperímetro del riesgo país que sigue teniendo a la Argentina fuera del mercado internacional de deuda por múltiples razones que difícilmente remueva la reforma laboral, pero la apuesta pasa por mostrar al capital hasta dónde el gobierno está dispuesto a atacar a las masas como garantía semicolonial y de paraíso de la explotación obrera.

En este cuadro, ¿qué discute la CGT? Incluso más: ¿discute algo?

Al menos públicamente no discute nada. El triunviro cegetista Cristian Jerónimo declaró recientemente (Clarín, 13/1): “si nos convocan vamos a dialogar”, “no desconocemos que hay un nuevo mundo del trabajo, tenemos claro que hay que construir convenios acordes”. Jerónimo pareciera desconocer los 197 artículos del dictamen de los senadores que demuele literalmente el derecho laboral, el derecho de huelga, ataca las organizaciones sindicales por arriba, pero más todavía por abajo, acaba con los convenios de rama, con la organización fabril, termina con la ultraactividad poniendo vencimiento a todo convenio, liquida la jornada laboral, desfinancia la Anses, habilita cambiar el régimen de indemnizaciones, incorpora el salario a destajo, desfinancia las obras sociales y deja en manos patronales el financiamiento de los sindicatos, deroga el Estatuto del Periodista, la Ley de Teletrabajo, el Estatuto del Viajante y media docena más. Repreguntamos: ¿qué se puede discutir de todo esto?

Es muy claro que no hay nada que discutir desde el movimiento obrero. La reforma laboral ataca el “costo laboral”, que es el salario directo que cobramos todos los meses o quincenas, el salario indirecto que financia la salud de nuestras familias en las obras sociales y el salario diferido que es la jubilación. Pero al eliminar todo límite a la explotación del capital e intentar destruir al movimiento obrero y su derecho a luchar, van por mucho más que eso para aumentar la tasa de beneficio aumentando la tasa de explotación o plusvalía de manera absoluta, mediante una superexplotación laboral y un salario por debajo del valor mismo de la fuerza de trabajo para atender la vida y la familia.

Al proponerse para dialogar sobre esta “modernización”, Jerónimo hace gala de que siempre “que hay una necesidad se sentaron las partes y acordaron”. Claro, se refiere a los convenios por empresa firmados en las últimas décadas por la burocracia sindical, habilitando los turnos americanos 7 x 7, los premios por producción, los premios por presentismo, el salario por piezas, la ampliación de jornada, los trabajos por equipo y círculos de calidad, los turnos rotativos, la multifunción de una sección a otra y la polifunción de un mismo trabajador, la proliferación de contratados, la resignación de aportes previsionales y otros muchos avances patronales.

Pero Patricia Bullrich, al menos todavía a la luz pública, no citó a la burocracia que ya había “dialogado” durante meses con Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo “sin que fueran escuchadas nuestras propuestas”, según Jerónimo. El gobierno, en cambio, avanza en juntar los votos de legisladores negociando el Capítulo XXIV de reforma impositiva que contiene la ley y que afecta impuestos coparticipables con las provincias. Se calcula que las rebajas impositivas en Ganancias y otros le restan a las provincias $1,7 billones (Infobae). Pero con los gobernadores no discuten una sola de las cláusulas que afectan directamente a los trabajadores. En este punto, cabe preguntarnos cuánto desfinancia a la Anses la rebaja impositiva además del 3% destinado al Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones. Porque la Anses se financia con un 20% de Ganancias, un 11% del IVA y en total de un 15% de la masa de impuestos coparticipables, además del aporte previsional propiamente dicho. De eso no se habla.

Seguramente la CGT quiere discutir la rebaja de un 12% del aporte patronal a las obras sociales que están en bancarrota. Punto terrible contra la salud de 11 millones de personas. También deben querer discutir que según el artículo 137 “los empleadores podrán actuar como agentes de retención” de las cuotas de afiliación “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. O sea que no es una voluntad soberana del trabajador al afiliarse y una obligación patronal que le descuenten su cuota, sino que depende de la voluntad del empresario y de un “acuerdo entre las partes”. Ya no se trata de las polémicas “contribuciones solidarias” que hacen a las cajas sindicales, se cuestiona la afiliación misma.

Pero en punto sólo a los sindicatos la reforma liquida al movimiento obrero como lo conocemos, mucho más allá de las cajas sindicales. La asamblea en el lugar de trabajo pasa a estar prohibida salvo autorización patronal, o sea autorizada por quien es la destinataria del reclamo de cualquier orden, de salario, del despido o de un accidente que puede ser mortal. Los delegados tendrán sólo diez horas gremiales mensuales, algo que en la UTA, por ejemplo, anula las comisiones internas que tienen que estar en las cabeceras todo el turno atendiendo los reclamos y así de corrido según las actividades. Máxime cuando en la mayoría de los convenios hay un delegado cada cien trabajadores (ley 23.551), algo heredado por la “democracia” de la ley de la dictadura. Excluyeron que no haya delegados en empresas de menos de 50 de una redacción inicial, lo que dejaba sin delegados a miles y miles de empresas pero eso queda en carpeta si se impone todo esto.

Por otro lado, un punto crucial es el convenio por empresa que se impone sobre el de rama. En este punto el “diálogo” apuntaría a que sean los sindicatos centrales los que discutan esos convenios de menor rango para evitar que comisiones internas más ligadas a las bases sean las protagonistas. Pero la reforma va más lejos, porque facilita la personería gremial del sindicato por empresa con sólo seis meses de un número mayor de trabajadores afiliados. Esto es explosivo y polémico en el propio empresariado: “Juan Carlos Sacco, de la Cámara Gráfica afirmó que ‘la negociación por empresa que esbozan desde Casa Rosada es una torpeza total’. Las patronales saben lo que es lidiar con representaciones combativas o simplemente mucho más expuestas a la presión de sus bases”. Claro, recordemos las experiencias de Sitrac-Sitram en los ’70, que de sindicatos amarillos pasaron –ocupación de fábrica mediante- a ser la vanguardia clasista de la época.

Veremos cómo quedan esos puntos en un posible “diálogo”. Pero hay mucho más, porque además de que el 65% de las actividades son consideradas “esenciales” y tienen guardias obligadas del 50% de los trabajadores y otras “trascendentales” el 75% de guardias cínicamente llamadas “mínimas”, entre los artículos 139 y 144 la ley despliega una batería contra el derecho de huelga y la acción sindical misma. Habilitan modificar las condiciones laborales de un candidato, por ejemplo, trasladarlo de sección y que no pueda ser electo delegado por quienes ni lo conocen, tipifica como “acciones extorsivas” y “prácticas desleales” aquellas que “afecten la producción”, lo cual puede ser toda acción sindical, penalizando al trabajador y hasta habilitando la quita de personería a la asociación sindical.

Hemos tocado aquí sólo algunos aspectos de una reforma que en realidad pretende instaurar el derecho patronal irrestricto. Pero sólo el Fondo de Asistencia Laboral, que constituye un 0,5% del PBI que se le resta a la Anses para financiar el despido y de paso constituir una ampliación del mercado de capitales, sólo ese punto vale la huelga general para voltear toda la reforma.

No hay nada que discutir. No hay modernización alguna en debate. No hay contrapropuesta posible. Es una reforma esclavista. Repudiamos las negociaciones con los gobernadores de todos los colores transando compensaciones económicas para destruir 150 años de conquistas obreras, denunciamos la pasividad criminal de la burocracia sindical. Reforzamos nuestra campaña de esclarecimiento, de deliberación, de asambleas, de organización para luchar. Vamos por el paro activo y un plan de lucha que pueda derrotar la reforma, no negociar tal o cual artículo. Por eso incluimos en ese horizonte la huelga general. Es ellos o nosotros porque vienen por todo. Desde ese lugar proponemos al Plenario del Sindicalismo Combativo, el movimiento piquetero independiente y las organizaciones de jubilados en lucha tomar la iniciativa convocante en esta perspectiva.

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