Políticas
13/10/2026
Rematan hasta las fronteras gracias a la complicidad de la Corte con Milei
Tras el fallo que habilitaba la derogación de la Ley de Tierras quisieron vender estancias a extranjeros en zonas limítrofes de Chubut.
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El tiempo que pasó entre la derogación y la reimposición de la Ley de Tierras por parte de la Corte Suprema de Justicia parece haber sido aprovechado por empresas para hacer negocios. En Chubut, una inmobiliaria muy floja de papeles ofreció 3 mil hectáreas y aún no se sabe si la venta se concretó. El problema reviste una gravedad particular habida cuenta de que se trata de zonas de frontera, aspecto básico de la soberanía.
Se trata de ventas que la ley de tierras prohíbe por tratarse de regiones con lagos, ribereñas o estar ubicadas justamente en las zonas mencionadas; o con departamentos donde la tierra en manos extranjeras supera el 15% o hay un sector de nacionalidad extranjera con más del 30% de ella. La inmobiliaria que hizo la oferta se llama Loma Alta Propiedades, que publicó en sus redes sociales campos chubutenses con acceso a lagos y ríos -específicamente un campo en Alto Río Pico de 2.943 hectáreas con un lago privado de 16 hectáreas para pesca deportiva de truchas, 16 km de costa sobre el Río Pico, arroyos, una cascada natural, una cantera de áridos, entre otros aspectos. Creó su perfil en Instagram cuatro días antes de que la Corte anule la ley de tierras.
En Chubut la familia Benetton posee más de 350.000 hectáreas, y el emir de Qatar fue beneficiado con la entrega de las nacientes del Río Chubut, lo que implica el control del flujo hídrico del cauce que recorre 800 km y abastece de agua a numerosas poblaciones y comunidades. Cerca de allí, en Río Negro, el estanciero británico Joe Lewis posee aproximadamente 12 mil hectáreas y un lujoso club de campo con canchas deportivas y jardines así como una mansión en Lago Escondido -al que nadie tiene acceso.
Tras el avance de los cortesanos, publico imágenes con textos que invitaban a los inversores extranjeros a adquirir las tierras, señalando que su valor tiende a subir con el tiempo, siendo una oportunidad casi única en el mercado mundial, y resaltando el potencial “productivo, forestal y turístico”. “Te conectamos con abogados y escribanos que confirman las condiciones vigentes al momento de tu compra, incluida la zona de frontera”, decía la publicación de la empresa, que evitó las consultas legales por redes.
El Observatorio de Tierras advirtió la falta de información clara sobre la identidad jurídica de la inmobiliaria. No se sabe quiénes son sus dueños ni cómo es su estructura societaria. “Es una empresa fantasma, no tiene CUIT, no está creada, solo hay un martillero que creó una inmobiliaria rural que tiene un año de antigüedad según el boletín oficial de Chubut”, señala (El Destape, 13/10).
A fines de la década del 90, un grupo empresario también turbio compró campos en el departamento de Calingasta, San Juan. Están ubicados en una zona de frontera, sobre la Cordillera de los Andes -se trataba de cerca de 110 mil hectáreas (una vigésima parte de todo el departamento) que abarcan casi la totalidad de la subcuenca del río Calingasta y albergan glaciares de vital importancia hídrica.
El caso terminó judicializado y se supo que detrás de la adquisición estuvo el Cártel de Juárez, una organización criminal de México, que logró lavar millones de dólares provenientes de la comercialización de cocaína en Estados Unidos. Sus integrantes se hicieron pasar por un grupo inversor mexicano, constituyendo un sistema de testaferros y sociedades (Observatorio de Tierras, 9/10). La ley de tierras que quiere derogar Milei prohíbe la compra de tierras mediante testaferros.
Copemos las calles
Con la derogación de la ley, Milei quiere habilitar un acaparamiento masivo de tierras por parte de capitalistas extranjeros. Los destinatarios son varios, desde el magnate tecnológico Peter Thiel (que quiere instalar sus centros de datos de inteligencia artificial en la Patagonia) hasta los empresarios que se dedican al agro o al negocio petrolero-gasífero. La Corte tuvo que recular debido al repudio popular que despierta semejante iniciativa. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la entrega de tierras, también implica desalojos exprés contra comunidades originarias e inquilinos.
Por eso es clave que este jueves 15 salgamos masivamente a las calles para derrotar este intento, sino también para tirar abajo todo el DNU 70/23. Ese DNU habilitó todo tipo de agravios contra los trabajadores: aumentos del precio de las prepagas y de los alquileres, tasas exorbitantes de interés en beneficio de los bancos y las fintech, flexibilización laboral, entre otros. Por eso es reaccionario el intento del peronismo por eliminar únicamente el capítulo referido a la ley de tierras: dejan en pie el resto de los retrocesos. Y quiere dejarlos en pie porque beneficia a sectores capitalistas que representa políticamente.
Ese día, en el marco de la discusión del DNU, miles de jóvenes y docentes saldrán a las calles a reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que estipula una recomposición salarial para la docencia y presupuesto para las casas de estudio. Hace más de 300 días que Milei no cumple con la ley, aun cuando se votó en múltiples ocasiones y hay una cautelar que lo obliga a hacerlo. Su objetivo final es desguazar las universidades para dar curso a un proceso de arancelamiento generalizado.
Fuera Milei.
