El gobierno acaba de publicar las cifras concernientes al balance del Sector Público Nacional (SPN) del mes de julio, donde persiste la tendencia al ajuste fiscal, enmarcada en una mayor recaudación y una reducción del gasto público. La recaudación subió un 73,7% interanual, contra una inflación del 51,8% y un gasto primario del 44,7%. El gobierno ofrece el ajuste como garantía de solvencia ante los acreedores internacionales.

Con un déficit primario de $98.570 millones y un déficit financiero de $163.156 millones –atenuados por el ingreso de $19.169 millones del Aporte Solidario-, el gobierno acumula un déficit del 0,7% del PBI ($306.668 millones) y del 1,6% de déficit financiero, haciendo mérito para quedar por debajo del 4,5% proyectado en el Presupuesto 2021 de ajuste.

La recaudación del Estado saltó un 73,7% interanual, contra un 51,8% de inflación para el mismo periodo, impulsada por los derechos de exportación, con un 125,1% de aumento interanual gracias al alza de los precios internacionales; un salto en la recaudación de uno de los impuestos más regresivo, el IVA, que aumentó un 94,7% interanual, comparado contra uno de los meses de mayor parálisis de la actividad económica en 2020 y empujado por la inflación; seguido por un 85,3% en la recaudación de “ganancias”, donde pesa la confiscación a cientos de miles de trabajadores.

Para el caso de los aportes y contribuciones sociales, estas subieron un 68,5%, empujadas por el cierre de las paritarias, pero contenidas por las exenciones a las contribuciones patronales otorgadas por el Estado.

Los que ganan y los que pierden

Para que las cifras del gobierno estén en “orden”, la recaudación debe contrapesarse con una reducción del gasto. Es lo que ocurre con las prestaciones sociales, que promedian un aumento interanual del 23%.

Entre estas se encuentran las jubilaciones y pensiones contributivas, con un aumento del 41,9%: unos 10 puntos por debajo de la inflación, lo que da cuenta del ajuste contra los jubilados por medio de la reforma de la fórmula de movilidad. Las pensiones no contributivas también caen, relativamente, con una suba del 35,2%.

La suma total cae debido al recorte en políticas de contención social por los efectos de la pandemia, lo que se ha hecho notar con un crecimiento de la pobreza y la indigencia, que vienen dando lugar a una mayor tensión con las organizaciones piqueteras que reclaman una respuesta urgente a un cuadro crítico.

En el acumulado del 2021, dentro de los gastos por Covid-19 que aún subsisten, luego de lo erogado en vacunas, se imponen las sumas dirigidas a las patronales en concepto de Repro II ($43.306 millones), subsidios energéticos ($40.819 millones) y salario complementario ($10.313 millones).

Se gastaron $119.216 millones en subsidios a las patronales energéticas para el mes de julio, lo que representa un salto interanual de 150,2%. Algunos millones más de lo gastado en salarios ($112.519 millones), que este mes empataron con la inflación. El gobierno sigue financiando a las patronales energéticas sin mediar la apertura de sus libros, ni estimar el valor real del precio de producción. Productoras y distribuidoras se benefician de este esquema de subsidios millonarios a libro cerrado.

Por este camino, el gobierno sigue la senda del ajuste, recaudando más a expensas de los trabajadores y gastando menos… a expensas de los trabajadores.

Se trata de una ofrenda al FMI y a los acreedores privados, que da cuenta del “saneamiento” de las cuentas públicas por medio de la progresiva reducción del gasto público y un aumento en la recaudación fiscal. Esto da cuenta de que el gobierno no atiende las necesidades populares, conforme ingresa dinero y recursos para implementar nuevas medidas o reforzar las existentes, sino que transfiere esos recursos a las arcas de los capitalistas parasitarios, banqueros y especuladores.

Una salida a este ajuste demanda reordenar las prioridades sociales, rompiendo con el FMI y su programa de ajuste, reorientando los recursos económicos del país, impuesto a las grandes fortunas mediante, para satisfacer las necesidades populares, crear empleo y obra pública y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados.