El punto central de la reunión que mantuvieron Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, con el presidente Alberto Fernández del Frente de Todos fueron los procesos de recuperación territorial de comunidades mapuches que se llevan adelante en la provincia, con epicentro en Villa Mascardi. Pero dicha reunión fue más allá y terminó por delinear la política estatal represiva que se aplicará en los tiempos por venir ante este y actuales reclamos, como por tierra y vivienda. Por esto el gobierno nacional ha dispuesto más de 100 gendarmes en General Acha, provincia de La Pampa, con el fin de monitorear la zona. La gobernadora, que se jactó en la reunión de haber sido quién con su presencia en el desalojo de El Foyel puso en evidencia el “problema” que atraviesan vecinos y vecinas de la comarca andina, y por lo tanto, y siempre según sus palabras, la realidad, también aprovechó la reunión para criminalizar todo tipo de protestas, utilizando los medios de comunicación hegemónicos nacionales contra los reclamos y las luchas que afloran por todos lados en la provincia.

El Estado contra las luchas por el acceso a la vivienda y las comunidades mapuches

La estrategia de Carreras consiste en presentar dos núcleos de la sociedad como parte de un mismo problema. Siguiendo esta lógica, pareciera que las comunidades mapuches que llevan adelante diversos procesos de recuperación territorial, debido a que fueron víctimas de un genocidio estatal y desde la conformación misma del Estado aguardan una reparación, y las familias trabajadoras de diversas localidades como Cipolletti, Fiske-Menuco (General Roca), El Bolsón, Viedma o Bariloche, entre otros, que como consecuencia de este sistema capitalista de exclusión y explotación emprendieron tomas para acceder a la vivienda, son el enemigo declarado del bien más preciado del régimen: la propiedad privada.

Así las cosas, la demonización de estos sectores en lucha tiene como propósito la legitimación de la utilización del aparato represivo estatal en el resto de la sociedad. Ese objetivo es parte de una política del estado. En ese sentido tienen que leerse las palabras de la gobernadora respecto de su balance de la reunión con el presidente: “escucha y mucha coincidencia sobre el análisis de los problemas y como encaminar soluciones”, manifestó la gobernadora. Es una política habitual de los partidos patronales que han gobernado las últimas décadas, tanto nacionales o provinciales, utilizar las palabras problema, terroristas, delincuentes o seudo mapuche para abordar estos reclamos.

Sin embargo, la reunión de la gobernadora con el presidente pareciera ser también una tregua a la confrontación de la mandataria rionegrina, al presentar su intervención en el desalojo de la comunidad Gallardo Calfu de El Foyel como exitosa, situada en jurisdicción provincial, y contrastarla con la vigente recuperación de la comunidad Lafken Wuikul Mapu en Villa Mascardi, bajo la órbita de Parques Nacionales. En su intento por cerrar filas con Alberto Fernández y la política represiva, Carreras se muestra contraria a cualquier intervención del INAI (Instituto Nacional de Asuntos indígenas), hoy conducido por Magdalena Odarda. Pero los choques entre la gobernadora y Odarda esconden falsedades y distracciones. El rol pasivo del INAI permite el avance represivo y criminal del estado. Por eso, Carreras termina afirmando que si está la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo está garantizada la mirada del presidente. Sólo así se puede entender que luego de la reunión, la gobernadora hablé de Mesa de Diálogo amplia, con sectores políticos amplios, mediada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero sin confirmar la presencia de la comunidad Lafken Wuikul Mapu, que se encuentra en proceso de recuperación territorial en Villa Mascardi, Bariloche, y que son señalados directamente como terroristas.

Los medios de comunicación de la burguesía han jugado un papel central en la instalación de ese discurso que emerge del Estado contra los procesos de recuperación de tierras o las ocupaciones de tierras por viviendas. Es moneda corriente ver en horarios centrales de los principales medios de comunicación nacionales las noticias que colocan a estas organizaciones como peligrosas, terroristas, entre otros calificativos. Incluso han ido más allá luego de los crimines cometidos contra Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, arrojando todo tipo de hipótesis alejadas absolutamente de los sucesos que verdaderamente ocurrieron. Su propósito no es otro que instalar como nunca el enfrentamiento como herramienta definitiva, e inevitable, de estos conflictos.

Los intereses que defiende el partido gobernante en Río Negro

Con el asesinato del exgobernador Carlos Soria (PJ) en 2012, Alberto Weretilneck, quién era su vicegobernador, se dio a la tarea de conformar un nuevo espacio político denominado Juntos Somos Río Negro, el cual logró replicar en varias localidades, haciendo que hoy tenga mayoría en la legislatura, constituyéndose como el partido gobernante en la provincia hasta la fecha. El viejo anhelo del hoy senador nacional es la sanción de un nuevo Código de Tierras Fiscales. La reforma de este código redefiniría el uso de 4 millones de hectáreas de tierras fiscales, que permitiría la venta de tierras para la actividad minera, la industria energética, forestal, fracking, agroindustria y turística, entre otras actividades rentables.

En la actualidad, muchas de esas tierras son utilizadas por pobladores rurales y comunidades como áreas de pastoreo del ganado ovino, principalmente, como ocurre en toda la línea sur de la provincia. Esta temporada de invierno y las nevadas volvieron a evidenciar que el Estado apuesta a hacer desaparecer a este sector de la población trabajadora provincial. A pesar de fracasar varias veces en el intento de reforma, el tema vuelve a aparecer en agenda de la Legislatura cada cierto período de tiempo. Uno de los principales opositores, y quienes se movilizaron activamente, fueron las comunidades mapuches. Detrás del entramando de la gobernadora y su acérrima defensa de la propiedad privada contra los que luchan por el acceso a la vivienda y los pueblos originarios que luchan por recuperar tierras está la garantía a la clase capitalista de la explotación de los recursos naturales.

No a la política represiva del Estado

Desde el Partido Obrero señalamos que el gobierno de Juntos Somos Río Negro, antes con Mauricio Macri de Cambiemos en la presidencia, y ahora con Alberto Fernández apoya y alimenta la política represiva del estado. Los medios nacionales afirman que Carreras es una gobernadora que “pone orden”. De conjunto, los gobiernos nacionales, tanto el macrista como ahora el peronista, que han gobernado con el gobierno provincial de Juntos, busca atacar la protesta social, criminalizando y reprimiendo.

No por nada la gobernadora dijo al final de la entrevista con el presidente que “no se pueden cortar rutas, no se pueden tomar tierras en forma irregular, esto está fuera de la ley, la normativa esta y las autoridades deben ser respetadas”, toda una definición de que, en el supuesto nombre de la democracia y la ley, la criminalización y la represión son necesarias contra todo proceso organizativo y de lucha.

Basta de criminalización y represión contra quienes se organizan y luchan por sus derechos.

Basta de tierras para la especulación inmobiliaria. Reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades mapuches sobre las tierras que reclaman y tierra para vivir.

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