El pasado miércoles 11 se reunieron en Viedma la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), y las ministras de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic. Se trataron las recuperaciones territoriales de las comunidades mapuche en la provincia, pero sin ninguna representación de las organizaciones de pueblos originarios.

Mientras que el Estado nacional cuenta con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la provincia cuenta con el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci). Sin embargo, ambos organismos estatales están fuertemente cuestionados. Si sumamos el tratamiento en los medios nacionales de la recuperación de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, de conjunto no se hace más que legitimar una intervención de las fuerzas represivas nacionales en la provincia de Río Negro con el Estado como su promotor número uno.

En primer lugar, la titular del INAI, Magdalena Odarda (FdT), teóricamente enfrentada a la gobernadora, hace que el organismo en asuntos indígenas prácticamente no tenga injerencia, abriendo la posibilidad concreta de la intervención del Estado. De hecho, no tiene más participación que limitarse a una función asistencialista en una de las provincias con mayor cantidad de recuperaciones territoriales por parte de los pueblo originarios. De fondo, avanzar con la política represiva por omisión.

El Codeci, por su parte, está fuertemente cuestionado por las propias comunidades. Semanas atrás se viralizó una conversación telefónica de abril de 2019 donde la presidenta de dicho organismo provincial, María Valentina Curufil, mantenía un comprometedor diálogo con Francisco Anaya, miembro de la Fundación Ambiental Sustentable. En dichas conversaciones Anaya le expresó a Curufil la necesidad de avanzar sobre la Lof Coña Huenchufil para que desestime el reclamo territorial: “si vos podés desestimarle cuanto antes la decisión de que el Codeci no lo apoyaría, nosotros iremos a Viedma, a Tierras para firmar un acta. Si ya la abogada lo empieza a desestimar a él con el juicio, solito la semana que viene me va a llamar seguramente para ver cuánto le ofrecemos. Yo le voy a ofrecer 300 y los otros 100 se lo llevo a ustedes como donación o como vos me digas que sea”.

Según diversas fuentes, Anaya -quien se presenta como ambientalista- estaría actuando en favor de Patagonia Gold, que a partir del 2021 comenzaría con la explotación de la mina Calcatreu cercana a la localidad de Ingeniero Jacobacci. Su llamado a la presidenta del Codeci buscaba que este organismo se retire del conflicto y permita avanzar en la legalización de la venta del territorio ante la Dirección de Tierras de Río Negro (Resumen Latinoamericano, 5/11/2020).

Calcatreu es un depósito de oro y plata descubierto en 1997. Desde 2018, cuando la empresa adquirió tierras en la zona, hay una importante reactivación del proyecto. En línea con esta política, ya en diciembre del 2011 la Legislatura provincial bajo el gobierno peronista provincial de Carlos Soria (que no llevaba ni 3 semanas en el poder) derogó la “ley anticianuro” del 2005 (Río Negro, 22/02/2020).

Por su parte, las investigaciones históricas dan cuenta de la presencia de ancestros de la comunidad Coña Huenchufil en el territorio en cuestión desde hace más de 100 años. Sin embargo, atravesados por un terrible contexto económico en el 2000, María Coña firmó un documento con Roberto De la Canal para que ambos pasaran a compartir la ocupación del terreno a cambio de animales y dinero. Diez años después, Coña le vendió la otra mitad del terreno al mismo comprador pero, en esta oportunidad, lo firmado no correspondía con lo acordado de palabra ni se asemejaba al valor de las tierras. Bajo el amparo del Codeci, en 2013 la comunidad gestionó la personería jurídica y denunció a De la Canal por estafa, recuperando así una parte del campo. Desde entonces ambas partes se encuentran en permanente conflicto, llegando a agresiones físicas de gravedad. [1]

Se evidencian así los intereses del Estado burgués, el cual se halla al servicio de un régimen explotador y saqueador. El acceso a la tierra, los derechos preexistentes de los pueblos originarios y el desarrollo sustentable de bajo impacto en el medio ambiente no son prioridad para este régimen. Desde el Partido Obrero Río Negro rechazamos cualquier emprendimiento de minería a cielo abierto y la intervención del Estado a través de sus diversos organismos en operaciones inmobiliarias al servicio de la clase capitalista. Denunciamos que cualquier intento de militarización de estos territorios tendrá gravísimas consecuencias para la sociedad.

 

 

[1] Cecchi, Paula. ¿Siempre será la vida así? La lucha territorial de la lof Coña Huenchufil. Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS), 11 de noviembre de 2012. Disponible en: https://gemasmemoria.com/2020/11/11/siempre-sera-la-vida-asi-la-lucha-territorial-de-la-lof-cona-huenchufil/