La noticia de que una decena de intendentes, legisladores y exintendentes de Río Negro serán imputados por administración fraudulenta contra el Estado ha generado un cimbronazo en todo el arco político (diario, Río Negro 29/06). La investigación, iniciada por el juez federal Claudio Federal sobre los fondos enviados desde Nación a los municipios durante el 2012 y 2014 por los planes de viviendas bajo el programa Plan Federal de Viviendas Techo Digno, y que pasó a la justicia rionegrina, tiene ahora entre los imputados a tres intendentes, tres legisladores provinciales (exintendentes), exintendentes y empresarios relacionados a la obra pública.

Los planes de viviendas, por los años que tardaron en terminarse y por las condiciones en que fueron entregadas (cientas son de durlock) evidencian maniobras que ningún gobierno y ni la justicia nos han explicado. Según afirma el diario regional esta semana llegarían presentaciones simultáneas de un equipo especial, coordinado por la fiscal Graciela Echagaray, pero creado en 2019 por Jorge Crespo, Procurador General, quienes evaluaron de manera conjunta, dado que las irregularidades se repiten en las circunscripciones.

Entre los actuales intendentes tenemos a Luis Ivancich de General Godoy, Renzo Tamburrini de Sierra Grande y Liliana Alvarado de Cinco Saltos; los actuales legisladores María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche, Alejandra Mas, exintendenta de General Conesa y Daniel Belloso, exintendente de Choele Choel. Todos ellos pertenecientes al Frente de Todos. Otros acusados por los fiscales serían Javier Iud, exintendente de San Antonio Oeste y exlegislador, acusado además de ser parte de una red de prostitución y narcotráfico en la región costera; Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes (actualmente gobierna su hija Claudia); Carlos Pilotti, exintendente de Río Colorado y Juan Pilotti, exintendente de Fernández Oro.

Se encuentran en proceso de investigación las gestiones de Abel Barratti, intendente de Cipolletti por el Frente Grande; de Daniel Dantas, exintendente de Sierra Grande por el Partido Justicilista, actual diputado nacional del Frente de Todos, producto de la vacante dejada por Martín Soria, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien también se encuentra investigado por su gestión en la localidad de Fiske Menuco (General Roca); y Mario del Carpio (fallecido), intendente de Ingeniero Jacobacci por el Frente para la Victoria.

Hay que recordar que durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y mediante Miguel Picchetto, en aquel momento Presidente de la Cámara Alta de Senadores, inauguraron dicho Plan Federal de Viviendas Techo Digno. El mismo consistía en girar millones de las arcas del Estado nacional a las arcas municipales, quienes los manipulaban a gusto y placer contratado directamente a las empresas, sin rendir ningún tipo de informes. Hoy por hoy la provincia crece en un imparable déficit habitacional. Solo los últimos datos del Indec afirmaban que en la provincia el 35% de las familias pobres viven en el 25% de los hogares pobres, es decir, hacinados.

Aunque la investigación haya sido atacada por los y las dirigentes peronistas como una persecución macrista, pasados años, ni los concejos deliberantes, los tribunales de cuentas ni los nuevos gobiernos de dichas localidades, incluso de distintos signos políticos como Juntos por el Cambio o Juntos Somos Río Negro han exigido o han abierto las cuentas públicas de las municipalidades. Es decir, han protegido todo un régimen de una obra pública manipulada por los sucesivos gobiernos y la patria contratista como una continuidad de la impunidad, del negociado y los sobre precios en el Estado.

Basta de impunidad y de negociados. Apertura de las cuentas públicas del Estado.