El excandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, ganó algo de protagonismo en los medios de comunicación con la publicación de una carta abierta de fin de año en la que postula una vía de salida a la “acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico”, que consistiría en una superación al “fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro”, los “dos modelos que definimos -por consenso- como partes de ‘la grieta'”. Sin embargo, insiste en viejas recetas e ignora en qué consiste la incapacidad para terminar con la tendencia decadente del capitalismo argentino.

En su texto, Lavagna sostiene que el objetivo central debe ser la creación de trabajo privado, “incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo”. Es decir que brega por una reforma laboral que legalice la precarización, bajo el eufemismo de considerar la flexibilidad como una forma “moderna” de contratación.

También destaca la necesidad de “dar equidad al sistema jubilatorio (…) de modo de reducir las abismales diferencias que hoy existen entre la mínima y los sistemas de privilegio”, incluyendo “inevitables cambios en sistemas provinciales, ampliamente deficitarios y cargados de privilegios”. Esta forma de plantearlo no puede interpretarse si no como una igualación hacia abajo y un achatamiento de la escala de haberes, en base a barrer con las conquistas previsionales de importantes colectivos de trabajadores y a la llamada armonización de las cajas provinciales con Anses. En suma, sería una reforma previsional como la que se encuentra ejecutando el gobierno de Alberto Fernández, robando la movilidad a los jubilados.

Otro punto de su propuesta es empezar con un proceso de “bajar los costos de funcionamiento del sistema político”, con reformas de las cámaras legislativas en los tres niveles del Estado, y sobre todo “desarmar progresivamente el sistema de subsidios”. Es un programa bastante clásico de ajuste fiscal en base a reducir la planta de trabajadores estatales -y flexibilizar las condiciones del resto- y encarar un camino de crecientes tarifazos en los servicios públicos, todo con la mira puesta en reducir los impuestos a los capitalistas.

Hay poco de innovador en este punteo. De hecho, es intencionalmente acorde a las exigencias del Fondo Monetario para firmar un nuevo acuerdo, porque significa que se candidatea como carta de recambio en caso de un naufragio del gobierno de Alberto Fernández. Pero la cuestión es que este rosario de reclamos del gran capital no garantiza ningún proceso de expansión económica, ni siquiera un crecimiento de la inversión y de la búsqueda de productividad, que según Lavagna deben ocupar “un papel central en la solución al estancamiento y empobrecimiento de los argentinos”.

Resulta que el énfasis que se pone sobre el costo laboral y la cuestión fiscal retrata el anhelo de los empresarios por incrementar el margen de ganancias a costa de las condiciones de vida del pueblo trabajador, por lo cual los mayores beneficios no resolverán si no que agravarán la pobreza. La declinación de la inversión es consecuencia de la predilección de los capitalistas por la colocación de sus ganancias fuera del país, en colocaciones financieras o incluso “abajo del colchón” para quitarla del sistema y evadir impuestos. Gran parte de esta fuga de capitales se opera mediante el pago de la deuda externa fraudulenta, y Lavagna carece de receta para revertirlo.

Es por ese motivo que asigna el estancamiento del país exclusivamente a la última década, para autoexculparse de su gestión como ministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando negoció el canje de deuda externa con los bonistas y terminaron pagando el efectivo al FMI. Ese presunto modelo, basado en precios de la soja récord y un “dólar recontraalto”, terminó con el proceso inflacionario que padecemos hasta hoy, una extraordinaria fuga de divisas y un endeudamiento mayor al recibido. En conclusión, quien hoy se presenta como una superación de la grieta, con un programa típicamente fondomonetarista, es parte de los responsables que deben ser sentados en el banquillo de los acusados por el empobrecimiento de los trabajadores de nuestro país.

La decadencia del capitalismo argentino fue caracterizada en el XXVII Congreso del Partido Obrero como una tendencia secular, que se agrava con cada variante capitalista de salida a la crisis que no hace más que exacerbar las contradicciones de la estructura colonial del país. La verdadera salida alternativa pasa por romper con el FMI, repudiar la deuda externa usuraria y fraudulenta, y nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Esa es la vía para invertir la riqueza en un desarrollo nacional sobre nuevas bases sociales, es decir descargando el costo de la crisis sobre los que la generaron.

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