Con un Congreso paralizado, esta semana se han puesto “a funcionar”, por teleconferencia, algunas comisiones con la participación de ministros. El lunes fue el turno de Nicolás Trotta en la Comisión de Educación, y el martes la Comisión de Salud sesionó primero con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y luego con el titular de Salud, Ginés González García.

Lo cierto es que la “visita” de los ministros no revierte la anulación de hecho del parlamento como tal, porque no se ha habilitado ninguna instancia de legislación concreta, más grave aun cuando hay una importante cantidad de proyectos presentados a partir de la pandemia (como el paquete de leyes del Partido Obrero en el Frente de Izquierda para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores en la cuarentena).

Proyectos de ley en PDF:

Pandemia: salud y comités de control

Protección a los trabajadores ante la pandemia

Vivienda y servicios básicos

Romina, al no integrar la Comisión de Salud, sólo fue habilitada a participar de la primera reunión con el Ministro de Desarrollo Social, mientras Nicolás del Caño participará de la teleconferencia con González García. No obstante, hemos presentado –por escrito- preguntas a ambos ministros (que reproducimos al final de esta nota).

El informe del Ministro Arroyo: ninguna medida de fondo para revertir la crisis

En su exposición, Arroyo reivindicó el concepto de los planes sociales como “contraprestación” por el trabajo precario en cooperativas y municipios, e intentó embellecer el miserable monto congelado en $8.500 con el planteo de que a partir del mes próximo se hará obligatorio (para quienes explotan el trabajo de beneficiarios de los planes) completar el otro 50% que falta para alcanzar el salario mínimo, hoy en $16.875 -al filo de la canasta de indigencia y muy por detrás de la canasta básica. Para ello unificarán en una única base de datos los dos planes vigentes que pasarán a integrar el programa pomposamente llamado “Potenciar trabajo”, que institucionaliza la precarización y el fraude laboral promovidos por el propio Estado.

Sin sonrojarse, el ministro afirmó que hoy hay un 40% de trabajadores en el circuito informal y sólo 580.000 beneficiarios de planes sociales. Nada agregó sobre medidas a tomar para revertir esos escandalosos índices de informalidad, enfrentando a las patronales negreras, ni sobre la apertura de los planes que vienen reclamando, con enormes movilizaciones, las organizaciones piqueteras combativas.

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lanzado a partir de la cuarentena -los $10.000 por única vez, destinado a un sector limitado de los parados-, informó que ya había sido solicitado por ¡más de 10 millones de personas! Pero aclaró inmediatamente que todos los solicitantes debían pasar ahora por el tamiz del “cruce de datos” –toda vez que el programa sólo cubre a quienes no cuentan con ningún otro ingreso familiar (si en una pareja, uno de los dos vive de un plan social, no lo cobra).

Arroyo dijo también que se habían destinado dos mil millones de pesos a la compra de alimentos y artículos de higiene para el refuerzo a comedores –una verdadera miseria comparado con los cerca de 250 millones de dólares que el gobierno acaba de pagar a los bonistas por la deuda. Pero además, el refuerzo no está llegando a provincias enteras, como Mendoza, y a numerosas organizaciones sociales que están al frente de comedores, como denuncia el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero.

El Ministro no se privó de hacer un elogio de la “gran red social” que existe en el país, mencionando especialmente la labor de las iglesias – una reivindicación de la tercerización de la asistencia del Estado en una institución que se dedica a proteger abusadores de niños y pregonar el oscurantismo para contener y regimentar a los más pobres entre los trabajadores.

En la ronda de intervenciones, varios diputados del espectro opositor reflejaron los graves problemas que se expresan en distintas provincias, adonde no llegan los refuerzos alimentarios ni los materiales de higiene.

Los reclamos que siguen sin respuesta

A su turno, nuestra diputada Romina Del Plá, aprovechó sus tres minutos de intervención para destacar los problemas fundamentales que afectan a la gran mayoría de las familias trabajadoras.

Señaló en primer lugar, que llegamos a esta pandemia en un cuadro de crisis social muy profunda que es precedente, y que por ello “hace tiempo venimos reclamando que para no seguir sumando gente a la lista de desocupados, debe aplicarse una efectiva prohibición de despidos y de suspensiones sin pago o con reducción salarial”. Cuestionó que el reciente DNU del gobierno “no solo llega tarde” (como lo muestra que la inscripción a la IFE que el gobierno preveía en 3 millones de personas, ya se acerca a nada menos que casi 11 millones de inscriptos), sino que además no se está cumpliendo, porque el mismo día en que se conoce el decreto, “ya tenemos que la patronal de Garbarino anuncia que no va a pagar salarios y tenemos al mismo tiempo los despidos en la Revista Pronto, por citar sólo dos ejemplos.”

Romina insistió en la denuncia de que no está llegando el refuerzo alimentario a los barrios y comedores, al igual que la asistencia sanitaria –una situación que se ha vuelto dramática para millones de personas, que no puede prolongarse un día más en nombre de dificultades técnicas a a las que se refirió Arroyo hasta el cansancio. “Es imperioso resolver los problemas logísticos que se aducen” –sostuvo Romina.

También reclamó la urgente necesidad de “poner en marcha un subsidio más amplio, de $30 mil pesos como reclaman numerosas organizaciones sociales”, para toda la población que no tiene ingresos, los desocupados, subocupados y precarizados.

Denunció que en los comedores escolares la demanda alimentaria se ha trasladado a toda la matrícula de las escuelas, con mucha más demanda que antes, y que sin embargo la entrega de bolsones no contempla la ampliación necesaria. “Es urgente que no pase que dependa de cada equipo directivo decir quién come y quién no. Tiene que ser ampliado con urgencia” sostuvo Romina en el único planteo de nuestra banca que fue respondido por Arroyo, diciendo que “Romina Del Plá tiene razón en la situación que describe de lo que pasa en los comedores escolares”. Queremos ver entonces que lo resuelva de manera urgente.

Romina remató con el corazón de nuestro planteo, la llave maestra para atender efectivamente los reclamos enumerados y para que se vuelquen todos los recursos necesarios a atender las demandas sociales, que es el no pago de la deuda: “Hay que sacar los recursos que se van al pago de la deuda externa y un festín de subsidios a las patronales, porque la prioridad hoy es asistir a la población”.

La respuesta a estas demandas que es incapaz de dar el ministro Arroyo, depende de la organización de los trabajadores en cada barrio y lugar de trabajo, para que se garanticen las medidas y condiciones de vida necesarias para hacer la cuarentena y defenderse ante la pandemia.