En medio del debate parlamentario sobre la modificación de la Ley de Alquileres, se realizó una movilización de inquilinos en las puertas del Congreso. La Cámara de Diputados pretende reformar la Ley, en pos de implementar cambios en el sistema de actualización de contratos entre locadores y locatarios, que tendrían como presunto objetivo promover la oferta de inmuebles en alquiler ante la disparada de sus precios. El miércoles 22 un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes para modificar la ley. La coalición oficialista del Frente de Todos (FDT) logró imponer el suyo, con la obtención de 40 firmas, mientras que la oposición, que congregó a Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, interbloque Federal e interbloque de Provincias Unidas, se hizo con el respaldo de 39 diputados, quedando en minoría. Ambos bloques buscan ocultar el carácter irreconciliable de las contradicciones entre los intereses del capital inmobiliario y de los trabajadores, y la diputada Romina Del Plá denunció los intereses detrás de lo acordado entre los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“Los inquilinos están movilizados, reclamando que no se avasallen los derechos de quienes no tienen derecho al acceso a la casa propia. Es importante reforzar el proceso de organización contra el lobby con los grupos inmobiliarios." @rominadelpla https://t.co/khjo638Rf0 pic.twitter.com/qAz5vqzrAB

— Prensa Obrera (@prensaobrera) June 30, 2022

“Está claro que en el congreso quieren limitar aún mas de lo que rige con la ley vigente. El avance del dictamen de Cambiemos con el resto de la oposición puede ser realmente negativo: establece contratos cada 2 años y una indexación de hasta 3 meses. Con los salarios por el piso, sin acceso a créditos para la vivienda, y sin ningún plan de vivienda, con los recursos yéndose al FMI, la situación de los inquilinos va a ser cada vez peor”.

“El negocio de los propietarios en CABA dio grandes réditos, sobre todo para los grandes propietarios. Defendemos el derecho de los inquilinos, no acordamos con ninguna modificación que no abone a ampliar derechos”.

El dictamen de mayoría, en manos del FDT, mantiene en lo esencial la ley vigente que se sancionó hace dos años, pero con el agregado de nuevos beneficios fiscales para los propietarios. Insiste por un camino que ya fracasó, no avanza un paso en resolver la crisis de vivienda, y su aplicación solo devendría en mayores ganancias para los capitalistas, mientras los inquilinos siguen padeciendo los altos precios de alquiler, además de requisitos abusivos por parte de propietarios e inmobiliarias. Para estos últimos es perjudicial ya que los dos dictámenes colocan el eje de una supuesta solución al problema de la vivienda en hacer concesiones a los propietarios, cuando todo debería organizarse a partir de las necesidades de los inquilinos, que son la mayoría (Prensa Obrera, 13/4) .

En este, el contrato de alquiler sería por un plazo mínimo legal de dos años (el plazo de la ley actual es de 3 años), el precio del alquiler podrá ajustarse con la periodicidad que acuerden las partes (sic), que podría ser trimestral, semestral o anual (actualmente es anual), y esos ajustes se configurarían de acuerdo a diversos índices (o a una combinación entre ellos), como el de precios al consumidor (IPC) o el de salarios elaborado por el Indec.

La iniciativa FIT-U, expresada en un proyecto parlamentario presentado el año pasado, denuncia el avance de la especulación inmobiliaria en la Ciudad, con la compra y acaparamiento de tierras y los negocios con la clase política capitalista, lo que empuja los valores de los alquileres e inmuebles por encima de su costo real, y traza un plan de acción para terminar con el enajenamiento de las tierras públicas y poner en pie un Banco de Tierras para garantizar el acceso a la vivienda. El proyecto también aborda la cuestión de las viviendas ociosas, con un gravamen para evitar su proliferación, y la eliminación de impuestos a la vivienda única. Así como un plan para la urbanización de las villas de la ciudad y créditos hipotecarios accesibles, a tasa cero y con un tope del 25% de los ingresos familiares para las cuotas.

Para cerrar, la diputada afirmó “se debe hacer un censo de tierras ociosas y de propiedades deshabitadas, que se utilizan en favor de la especulación inmobiliaria, concentradas en una sola mano. Hay que avanzar con impuestos a la vivienda ociosa concentrada y, a su vez, en un plan de construcción de viviendas populares de manera urgente”.

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