Una importante movilización de más de mil quinientas personas, que se convocaron desde más de 20 barrios de Rosario, ganó las calles para reclamar contra las balaceras y las zonas liberadas en los barrios populares de la ciudad, contra la impunidad y por justicia por todas las víctimas de una violencia que está devorando en particular a la juventud pobre de la ciudad.

Convocada por familiares, amigxs y vecinxs de víctimas de las balaceras, se hicieron presentes para acompañar el reclamo Amsafe Rosario, organizaciones de la Unidad Piquetera (Polo Obrero, CUBA-MTR, 17 de Noviembre y el MTR Votamos Luchar), así como el Partido Obrero. Contó una amplia cobertura de los medios de comunicación, que registró los carteles con caras de mujeres, hombres y niñxs asesinados en balaceras durante el último año.

Hasta el 7 de agosto, el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe registró 238 homicidios en la provincia, de los cuales 172 fueron en el departamento Rosario y 40 en La Capital; el 60% fue comprobadamente a mano de organizaciones narco, aunque la cifra esconde los casos que aún están en investigación. El 80% fue realizado en la vía pública. De las personas asesinadas en Rosario, el 72% era menor de 40 años, la mitad tenía menos de 30 años, en tanto que 6 víctimas de homicidios eran menores de 14 años. La cifra escatima la realidad de violencia, porque son cotidianos las balaceras y asesinatos, y son cifras récord en una década bajo el gobierno que llegó prometiendo “Paz y Orden”.

Justicia por todas las víctimas

A esta altura queda claro que el conjunto de los poderes del Estado ha montado zonas liberadas en donde vive la población más pobre, convirtiendo a sus barrios en ghettos, donde no ingresan los colectivos, reinan los descampados y basurales y las redes de narcotráfico se instalan libremente con complicidad policial, judicial y principalmente política. Es allí donde captan a lxs pibes como soldaditos, el último eslabón de un negociado capitalista enorme.

En la disputa por el territorio entre bandas caen asesinados los jóvenes sin acceso a la educación, los que no tienen vivienda ni trabajo, y también sus afectos, amigos y familiares, víctimas colaterales igualmente sumergidas en la pobreza y la violencia. Es el propio Estado con sus políticas de empobrecimiento el que estimula la captación de una juventud vulnerable en las redes narco. Esa misma juventud que está siendo masacrada en las balaceras es víctima de un Estado capitalista en descomposición.

Es por eso que desde la movilización se reclamó medidas básicas como el alumbrado público, aumentar la frecuencia de las líneas de colectivos y garantizar que ingresen a los barrios, urbanizar con viviendas, plazas o centros deportivos y culturales los baldíos. Becas para que la juventud pobre pueda continuar sus estudios, la creación de puestos de trabajo genuino con salarios acordes al costo de vida y no la precarización laboral que reina hoy, donde abundan los contratos trimestrales “a prueba”. En ese sentido es que denunciamos que el “plan de estabilización” de Sergio Massa, que apoyan Perotti y Javkin, lo paga la mayoría trabajadora con salarios y jubilaciones, pero también con su salud e incluso con su vida.

El plato recalentado del punitivismo

Frente a la crisis de inseguridad, el gobernador cambió nuevamente de nombres en el Ministerio de Seguridad y en la policía de Santa Fe, lo que no modificará la situación. El renunciado ministro Lagna será reemplazado por una cúpula de comisarios retirados, tras 20 años de mandos civiles frente al Ministerio de Seguridad, con Rubén Rimoldi a la cabeza –denunciado por organismos de DDHH de Casilda, de donde es oriundo, por perseguir a los convocantes de las movilizaciones por el 24 de marzo. Esto no puede ser interpretado más que como un reforzamiento de la podrida Policía de Santa Fe, que es una de las principales proveedoras de armas de fuego a las bandas narco, uno de los motivos del desplazamiento de Lagna y de Emilse Chimenti, la otra renunciada, ahora ex jefa de policía de Santa Fe.

Como vimos con la visita de Macri a Rosario, comienza la carrera electoral con el punitivismo que promueve la saturación con policía, gendarmería y demás fuerzas represivas, que solo redundará en mayores requisas a la juventud, al obrero y a las motos humildes de la gente que hace changas en los barrios, mientras el gran delito actúa con impunidad llenando las cajas negras de la corrupción con la que soborna a “la gorra de todos los colores”. Es el plato recalentado para ocultar que el principal foco de inseguridad ciudadana es la gran complicidad de las altas esferas del poder político, judicial y policial con los crímenes contra el pueblo. De allí la importancia de la movilización independiente para romper con este entramado que tiene al Estado como protagonista.

La izquierda ausente

Con el argumento de que la consigna “basta de zonas liberadas” “podía malinterpretarse como un pedido de más policía” el PTS de Santa Fe impulsó que el FIT-U no adhiriera a la convocatoria, por lo que ni ese partido, ni el MST ni IS que le hacen seguidismo, participaron de la marcha, ni siquiera con una mínima presencia para acompañar a las más de 10 familias que estaban presentes reclamando justicia porque sus hijos, hermanas, o amigos fueron acribillados impunemente, sin que se conozcan a los responsables.

Un planteo reaccionario, desde el momento en la izquierda debe participar de todas acciones de lucha obreras y populares, aun cuando no acuerden con sus consignas, porque precisamente en la lucha se dan los debates y no ausentándose de ella. Le sacaron el cuerpo a un reclamo ulcerante y que por supuesto expone a quienes se lo ponen al hombro, en nombre de una teorización de un pasillo de facultad. La actividad incluso cerró con una radio abierta, donde se escucharon diversos ángulos de denuncia (entre ellos uno muy importante sobre la violencia en las escuelas públicas), en la que pudieron intervenir con sus propias consideraciones las organizaciones que participaban, por lo que incluso existió un espacio de delimitación política.

Denunciar una zona liberada no supone reclamar más presencia policial, porque el marxismo no sigue la lógica formal, sino dialéctica. La consigna señala la responsabilidad del Estado en la protección del gran delito, por lo tanto es un aporte a esclarecer el papel del aparato de dominación de la burguesía en los crímenes contra el pueblo. Esta relación no solo se apoya en la corrupción lisa y llana, sino en la corrupción de un sistema social entero, de un capitalismo en crisis, que a medida que se descompone busca recomponer su tasa de ganancia con el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, los tres negocios que más ganancias realizan a nivel mundial, aceitando las finanzas de los bancos y Estados quebrados, que llenan los bolsillos de las inmobiliarias, de los dueños de la Hidrovía y de los casinos.

Viva la lucha de familiares, amigxs y vecinxs contra la impunidad. Justicia por todas las víctimas.