Políticas
29/6/2026
Sáenz, socio de Milei en el despojo de las tierras a los pueblos originarios
En Salta, la apropiación de tierras que pertenecen a las comunidades ancestrales está encontrando una vía muy rápida en las cámaras legislativas.
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Recientemente se conoció un caso en San Lucas, Cafayate (Salta), de una “familia tradicional” de la zona (propietarios bodegueros) que transfirió tierras con “otras” familias adentro, esas familias que siempre existieron allí con su cosmovisión del mundo.
Luego tuvo lugar una aberración jurídica en Cachi, en las Pailas, donde la jueza y juez de Paz ordenan a las fuerzas de seguridad el desalojo de familias con sus pertenencias, muebles, catres, cosechas y animales para su subsistencia, entre esos, vaquitas, mulas, cabras, alfa, etc.
El jueves 25, durante la movilización para repudiar el desalojo en Las Pailas y exigir marcha atrás y devolución de sus tierras, la legislatura provincial, sobre tablas, cedió casi 9 has para el Club Tigre de San Lorenzo (zona exclusiva de clase alta), que pertenecen a los territorios Lules.
Otra comunidad de Orán, San Marcos, reclama que la legislatura no apruebe la reforma de la carta orgánica de ese municipio, aprobada por los convencionales constituyentes, que introduce dos artículos, el 22 y 92, que violan el artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional que reconocen la preexistencia de los pueblos originarios en relación a la conformación del Estado Nacional Argentino. Estos artículos cambian la condición jurídica de estos territorios y sus culturas habilitando la transferencia de la propiedad y dominio.
Desde la derogación de la ley 26.160 se aceleran los mecanismos de desalojo. En el Congreso de la Nación están preparando la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que implica aumentar el porcentaje de propiedad de las tierras para las empresas privadas y capitalistas extranjeros, pasando del 15 al 30% de las tierras argentinas. Además, les permiten comprar tierras en zonas de fronteras y tierras con espejo de agua pura.
También están preparando con la ley de manejo de fuego, así como lo denunciaron vecinos y organizaciones de Cafayate y la Patagonia, legalizando que las tierras quemadas se puedan vender inmediatamente, eliminando la espera obligatoria de 30 años antes de vender y la responsabilidad de reforestación. Es decir, dejarles el camino libre a los empresarios que intencionalmente prenden fuego las tierras, convirtiendo zonas ricas de bosques nativos en zonas de producción y futuras zonas desérticas; como ya sucedió con la producción de la soja, la explotación petrolera y minera. A su vez, quieren desarrollar la explotación turística y la especulación inmobiliaria beneficiando los negocios empresariales, despojando a las familias trabajadoras y comunidades originarias.
Ante la movilización a la legislatura, la reacción popular en el pueblo de Cachi, en las oficinas del juez de Paz del lugar y la denuncia de la Red Contra la Violencia Institucional del Estado, dieron marcha atrás y se reubican a las familias de Las Pailas de la comunidad Diaguita en Cachi. Un triunfo popular.
Ahora vamos por el veto de Sáenz a la cesión de tierras de Lule al club Tigre. Ese es el camino. Reforcemos los debates, las asambleas populares y organicémonos, no dejando pasar los atropellos de estos gobiernos que sostienen un régimen político basado en el saqueo y robo.
