Con la firma de Itai Hagman y acompañada por otros diputados de la corriente kirchnerista Patria Grande, ha sido presentado un proyecto de ley de Salario Básico Universal (SBU). El proyecto fue apoyado por Juan Grabois del MTE, integrante de la oficialista Utep, y se ha deslizado que contaría con la simpatía de Cristina Kirchner.

La presentación coincide con la furibunda campaña de ataque al movimiento piquetero lanzada por toda la burguesía, con Clarín como abanderado, y a la que se sumó la vicepresidenta planteando que los planes sociales deben pasar al control de gobernaciones y municipios, o sea a los punteros del PJ. Eso sí, subrayando que “el peronismo es laburo”, lo cual si fuera así haría abstracto el debate.

Laburo, y especialmente genuino, en blanco y a convenio, es lo que no hay. Lo confirma el hecho de que no contando como ocupados al 1,27 millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo, la desocupación trepa al 12,5%. Allí cabe la reflexión, si son “ocupados” como los considera el Indec no son ni vagos, ni planeros. Pero la realidad es todavía más dura, porque los subocupados del primer trimestre de este año según el Indec ascienden al 10% de la población. En resumen, cuatro millones y medio de personas no tienen trabajo, directamente. Que los desocupados hagan changas para sobrevivir en una economía de subsistencia es parte de la realidad, pero eso no los transforma en ocupados.

Cristina fue más lejos basada en este maquillaje, dijo que “siendo la desocupación tan solo del 7% no se justifica esta cantidad de planes sociales”, o sea propuso comenzar con su eliminación, cuando centenares de miles se anotan para luchar por ellos porque no tienen otro sustento ante el agravamiento inflacionario.

El ataque de Cristina, que la ha colocado en la agenda de la gran patronal con un planteo “de Estado”, vuelve atrás respecto de lo que ella consideró una victoria de su gestión como presidenta: transformar las organizaciones piqueteras en organizaciones sociales, según sus propias palabras. Ahora, envuelta en la interna del Frente de Todos y buscando apoyo empresarial y del PJ, plantea que los planes sociales sean ajustados y además pasen a los viejos punteros de gobernadores e intendentes. Una línea consistente con las trenzas de Máximo con el PJ de la provincia de Buenos Aires. Menudo choque se plantea, porque el movimiento piquetero hoy, más masivo que nunca, nació contra los punteros, como una rebelión desde los barrios.

Miseria universal

El monto del SBU será según el proyecto la “canasta básica alimentaria de un adulto”, que es la que marca la línea de indigencia individual, en este momento $14.400. Ese monto no podrá ser percibido por más de dos personas del grupo familiar, lo cual ya excluye a familias enteras que conviven en la precariedad del hacinamiento.

Pero la cuestión del monto no es menor, en realidad es clave. Hoy el Salario Mínimo, Vital y Móvil está en $45.540, importe que a su vez es menos de la mitad de la línea de pobreza actual que ya en mayo superó los $100 mil. El SBU es menos de un tercio del salario mínimo y una octava parte de la línea de pobreza. Y eso se mantendrá así en el tiempo porque el proyecto se basa en la medición del Indec del alimento individual mes a mes.

Lo podrían cobrar quienes no perciban Tarjeta Alimentaria, plan Potenciar Trabajo, beca Progresar, prestación por desempleo o programa nacional socio-productivo. Incluye a desocupados, trabajadores no registrados y monotributistas categoría A. Pero los propios autores, al endulzar su viabilidad presupuestaria, indican que la reorganización de la política social permitirá bajar el porcentaje del PBI del 2,5% al 0,9%, considerando además el ingreso impositivo que significaría este dinero volcado al mercado. Esta presentación elegante es una indicación de eliminar todos los demás programas sociales en función de este SBU de $14.400 para adultos desocupados.

No hace falta ser muy perspicaz para advertir que, justamente, cuando la burguesía presiona por todos los costados contra los planes sociales que estarían compitiendo con los salarios de hambre de infinitas actividades, este monto pone las cosas en el lugar deseado del capital. Es lo que pasa en el limón de Tucumán, en las madereras de Misiones, en la fruta del Alto Valle, en la gastronomía, en la industria tercerizada del vestido, en las ladrilleras, en el empleo rural en general, en la construcción y ni hablar en el empleo de casas particulares, todos lugares donde se pagan salarios de hambre.

El proyecto incluye al trabajo rural y de casas particulares en el universo de beneficiarios, lo que implica un subsidio a la patronal. Pero es muy claro que el proyecto establece un nuevo y miserable piso a la baja para los salarios. En ello hay un punto de coincidencia con el planteo patronal de blanqueo en las condiciones laborales y salariales del trabajo en negro, la orientación de fondo de la reforma laboral empujada de una u otra manera por todos los sectores de la clase capitalista y sus políticos.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/desocupados-piqueteros-cooptacion-estatal-y-crisis-capitalista

Las reivindicaciones obreras o la “economía popular”

Bajo el nombre de “economía popular” se encubren las consecuencias más agudas de la descarga de la crisis capitalista sobre las masas: trabajo no registrado, monotributo en lugar de relación de dependencia, contratos precarios privados y estatales, cooperativas de trabajo formales e informales y otras formas más brutales todavía como la tarea del cartonero que revuelve la basura. Es la naturalización de lo inaceptable en todas las formas constitutivas de una realidad capitalista que tiende a barrer con las conquistas que costaron un siglo y medio de luchas.

La denominación implica que bajo el capitalismo podría haber una economía distinta, que encima sería popular. Una “creación” de los trabajadores que ya no tendrían que aspirar al trabajo genuino, bajo convenio y con un salario equivalente a la canasta familiar, porque eso no corresponde al capitalismo de la época: la clase obrera como la conocimos habría desaparecido y esta parte de los trabajadores que hoy son mayoría en la Argentina solo puede aspirar a tener algún derecho. No muchos, porque el proyecto de ley de la progresía kirchnerista dice que el SBU no es remunerativo, o sea no comprende derechos de salud, jubilatorios ni de accidentes de trabajo, como tampoco hay convenio ni jornada laboral. La economía popular es una forma de esclavitud preasalariada. La tercerización es una de las formas para viabilizar esta extrema flexibilización.

Que esto no forma parte de la economía capitalista que estaría explotando solo a otros trabajadores –los conveniados y registrados- es falso. Nada de lo que se hace en la sociedad mercantil escapa al dominio industrial, comercial y financiero del capital, sus monopolios y su Estado. El cartonero suplanta al recolector bajo convenio, por ejemplo, de la rama camionera en CABA y su recuperación de papel y cartones es un gran negocio para las compañías papeleras lo mismo que la recuperación de envases lo es para la Coca Cola y otras envasadoras. Así podemos seguir con todas las actividades. Y, que, como lo hizo Juan Grabois en la mesa redonda reciente en la Facultad de Medicina, se incluya a las compañeras que sostienen comedores como trabajadoras de la economía popular, solo naturaliza que centenares de miles tengan que alimentarse de esa manera a partir de la acción de lucha de los propios afectados. Suena reivindicatorio, pero es brutal.

Juan Grabois indica que son trabajadores “sin patrón”. En realidad los llamados trabajadores de la economía popular tienen un patrón invisible que se apropia de la plusvalía de su super-auto-explotación. Como ciertas cooperativas autogestionadas ceden su plusvalía a las grandes empresas compradoras de su producción trabajando por salarios debajo del convenio de la propia actividad. La autoexplotación suele ser a menudo la peor de todas, sin jornada y sin límite que no sea zafar del hambre.

Por otro lado, esta masa de trabajadores informales, autoexplotados y desocupados encubiertos, constituyen un refuerzo del ejército de reserva tradicional que el capitalismo tiene en la masa de desocupados. Eso se probó en el rebote postpandemia: ocho de cada diez empleos recuperados son no registrados, una reproducción ampliada del fenómeno que ya se registró en en los años de la reactivación 2003/2007.

El Polo Obrero y el Partido Obrero, con el movimiento piquetero y con el clasismo, luchan por un salario mínimo, vital y móvil de $100 mil, por convenios que dupliquen ese monto para atender una verdadera canasta familiar. Luchamos por un plan masivo de millones de vivienda y obras públicas de todo orden y para volcar el ahorro nacional para industrializar el país. Todo en blanco y bajo convenio, liquidando el trabajo no registrado, pasando a planta permanente a todos los precarizados y falsos monotributistas víctimas de fraude laboral. Contra el alargamiento de la jornada laboral, por el reparto de las horas disponibles para terminar con la desocupación. En el mientras tanto, por el aumento y la universalización de los planes sociales como una forma transicional de seguro al parado, porque el trabajo es un derecho que deben garantizar los dueños del poder. O irse, para que gobiernen los trabajadores.

Es el programa que duele, que es un programa de unidad de toda la clase obrera y que tan certeramente el Polo Obrero ha llevado al terreno del impulso de un paro nacional y un plan de lucha, denunciando el maridaje de la CGT y de toda la burocracia sindical con el gobierno del pacto con el FMI. Por eso tanto ataque, por eso la campaña antipiquetera, la sucia y la otra, con “propuestas” para encubrirla.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/el-gobierno-es-responsable-politico-de-esta-campana-y-de-la-manipulacion-de-la-justicia

https://prensaobrera.com/politicas/el-frente-de-izquierda-unidad-convoca-a-movilizar-contra-el-pacto-con-el-fmi-y-en-apoyo-a-todas-las-luchas