Entre los trabajadores cuyos salarios se encuentran más pauperizados y perdiendo frente a la inflación se encuentran los del Estado. Así lo reveló recientemente un informe del propio Indec, que da cuenta que, de mayo de 2020 a 2021, la evolución salarial en el área fue del 32% en promedio, cuando la inflación interanual del lapso fue a razón de casi un 50%. Estas cifras tiran por la borda las declaraciones del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que en junio aseguraba muy suelto de cuerpo que “este año los salarios le ganan a la inflación”.

Ya el año anterior el aumento para los estatales fue del 13,8% frente a un 36% de inflación. Sin embargo, este año, en las paritarias firmadas por Upcn y Ate, cuyos dirigentes también hasta son candidatos oficialistas en algunos casos, fueron de un miserable 35% en seis cuotas. Atendiendo que las proyecciones de inflación anual no bajan de un 50% para el 2021, los estatales perderían ahora, si nada se modifica, un 15%. Así, la regresión salarial acumulada en el bienio alcanzaría un ruinoso 41,2%.

La discursiva gubernamental de presentar un “panorama favorable para los salarios” se vuelve más cínica cuando se comprueba que es el propio gobierno el capitán del ajuste. Esto ya se viene comprobando además con adeudamientos e irrespetos de acuerdos salariales en los distintos estratos del Estado. Es el caso de los trabajadores de la salud, que no solo están en la primera línea de la batalla contra el Covid sino también de la precarización laboral. Así lo pusieron de relieve los autoconvocados de la salud de Neuquén, que fue gracias a una histórica huelga, movilizaciones y cortes de ruta que lograron que el Estado provincial neuquino les otorgue un aumento del 53,09%, cuando la paritaria había sido sellada por un miserable 15%. O los trabajadores de la salud y municipales de La Matanza. O los trabajadores del Garrahan.

En la provincia de Buenos Aires, la extensión a las paritarias firmadas a principios de año se colocó a razón de un 34-35% con, únicamente, un “adelantamiento” de las cómodas cuotas estampadas. De esta manera, una burocracia sindical que es directamente candidata del oficialismo resuelve en sintonía con la orientación ajustadora de Kicillof hambre para hoy y hambre para mañana. Es una muestra cabal de que si ya el arco de las burocracias oficia para mantener los salarios por debajo del aumento de la inflación en consonancia con las patronales, las burocracias de los sindicatos de los trabajadores estatales son doblemente adictas al poder político.

Esto se explica sobre la base del plan de “austeridad fiscal” que reclama el FMI y que el gobierno obedece a rajatabla. La orientación ajustadora para el repago de la deuda externa se descarga sobre los salarios de los trabajadores del Estado, sobre las jubilaciones, sobre la asistencia social y sobre el desfinanciamiento de la salud y la educación. De esta manera es que Alberto Fernández, los gobernadores y los intendentes se codean jactándose de reducir el déficit fiscal de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario: condenando a millones de jubilados, desocupados y, en este caso, trabajadores estatales al hambre, mientras mantienen un esquema de subsidios y beneficios extraordinarios a los capitalistas.

Sobre esta base el próximo 19 de agosto se “reabrirán” las discusiones paritarias de los estatales nacionales. Sin embargo, las declaraciones de Andrés Rodriguez, el secretario general de Upcn, ya vaticinan una nueva entrega como ya hicieron los gremios bonaerenses. En un intercambio que tuvo en El Destape radio, Rodriguez puso “de ejemplo” a sectores del Estado que conquistaron una paritaria del 40%. De firmarse así, la “actualización” con la que la burocracia pretendería llegar a fines de 2021 asegura un 10% por debajo de la meta inflacionaria proyectada. No obstante, se mostró de acuerdo con la vuelta a actividades de los trabajadores con una sola dosis y rechazó subir el salario mínimo: una agenda en consonancia con la del gobierno. Los elefantes neuquinos, los trabajadores del Garrahan o las juntas internas antiburocráticas marcan entonces el camino a seguir en cada lugar de trabajo, en cada dependencia, en cada municipio, en cada institución del Estado: organizar la lucha contra el ajuste brutal al que condenan a los trabajadores estatales los gobiernos valiéndose de sus socios de la burocracia sindical.