La investigación periodística realizada por FM Noticias, que da cuenta de que al menos 50 personas, entre concejales y funcionarios de distintos municipios y hasta un diputado provincial, habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia, ha repercutido en los medios de toda la provincia e incluso nacionalmente.

El escándalo atraviesa tanto al Frente de Todos como al frente que llevó a Sáenz a la gobernación de la provincia.

El lunes 27 de julio la justicia federal allanó las oficinas de la Anses de Salta capital y también está interviniendo la justicia provincial. Las investigaciones se hacen bajo la carátula de defraudación al Estado.

Las justificaciones públicas de los involucrados rozan el ridículo y han generado un repudio generalizado de la población. Desde “lo cobre para ayudar a la gente” hasta el “me anotaron sin que yo sepa”, fueron los argumentos que se dieron ante los medios de prensa.

Ante la magnitud del escándalo el gobernador Sáenz usó su cuenta de twitter para expresar su repudio. Sin embargo el gobernador anunció, en su momento, el pago de los 10 mil pesos como si fuera una política propia. Una estafa. El gobernador no pone un peso para ningún tipo de ayuda social en medio de la pandemia y solo quiere garantizar la cuarentena con represión y responsabilizando a los trabajadores de los casos positivos. De un verdadero ingreso que permita a las familias hacer la cuarentena sin pasar hambre, ni hablar.

También se pronunció el senador Sergio “Oso” Leavy, del Frente de Todos, anunciando la expulsión de los integrantes de su partido que, teniendo un cargo, se hayan inscripto para el IFE. Pero ¿cómo se puede pensar que no hubo un acomodo de estos funcionarios y concejales, de todos los bandos, para que puedan cobrar, si miles de trabajadoras y trabajadores salteños que sí debieron cobrarlo fueron rechazados por el sistema? También fueron rechazados todos aquellos que no cumplían con uno solo de los requisitos exigidos. Los que se anotaron puedan dar fe de que era imposible fraguar los datos en el sistema informático de carga.

Por otro lado, mientras estos concejales y funcionarios cobraron, integrantes de las comunidades originarias no podían anotarse por falta de medios tecnológicos, otros fueron rechazados y a otros les salió el cobro pero a 250km de distancia de su lugar de residencia. Teniendo en cuenta la situación de estas comunidades, la indignación es total.

Los concejales y funcionarios que protagonizan este escándalo, y sus jefes políticos Sáenz y Leavy, son los sostenes de un régimen político oligárquico que gobierna la provincia en función de los intereses de un puñado de grandes empresas y también defensores de un gobierno nacional que está empeñado en pagar la usuraria deuda externa aunque le cueste sangre, sudor y lágrimas a los trabajadores.

Desde el Partido Obrero reclamamos el esclarecimiento de todo esto y el juicio a los responsables materiales y políticos. Por otro lado seguimos batallando por un impuesto a las grandes fortunas y ganancias, para constituir un fondo que permita atender las necesidades populares frente a la crisis y la pandemia, como aumento de presupuesto para salud pública y un subsidio a los trabajadores desocupados o que no pueden trabajar por la cuarentena, de $30.000, que dista mucho del miserable IFE del cual se apropian los representantes del régimen oligárquico.

https://prensaobrera.com/politicas/salta-rehipotecada-el-gobernador-saenz-busca-un-credito-de-2-100-millones-de-nacion/