Con bombos y platillos se anunció la aceptación del 95% de los bonistas de la oferta de canje de deuda realizada por al gobierno provincial. Se afirma que éste dejará de desembolsar 250 millones de dólares hasta junio de 2023 en que debe pagarse el primer vencimiento del capital y que la tasa de interés promedio cae del 9.1 al 7.2%. A su vez, se pasa de pagar el capital en tres años a pagarlo en cinco, a partir de la fecha mencionada. La verdad es que la tasa sólo tiene una rebaja los primeros meses, pero durante cinco de los seis años en que se pagarán intereses, la tasa será del 8.5% frente a una tasa internacional cercana a 0% (ver Resolución n° 8 del ministro de Economía y servicios públicos, en el boletín oficial de Salta, 5/2).

Si hacemos la cuenta de lo que se pagaría en total por intereses y capital, la deuda final se incrementará en unos 35 millones de dólares. Hay que sumar a la ecuación la comisión millonaria que cobrará el Banco Macro, agente financiero de la provincia y de la empresa BofA Securities Inc. contratada como intermediaria para hacer el canje de bonos.

En este cuadro, la realidad es que el gobernador Gustavo Sáenz busca apenas ganar aire durante su gestión, haciendo crecer la hipoteca hacia adelante. Por eso los pagos de capital acordados comenzarían recién a cinco meses del fin de su mandato, transfiriendo el 80% de los vencimientos para su sucesor.

Ello no quiere decir que esta postergación de los plazos redunde en una amortiguación del ajuste, sino precisamente lo contrario: los acreedores impondrán sus condiciones para asegurarse el repago de la deuda, con salarios a la baja y recortes presupuestarios antiobreros. Por eso los trabajadores salteños serán quienes sufran las consecuencias del pago a libro cerrado de una deuda fraudulenta, avalada en la Legislatura con el voto de todos los bloques políticos a excepción del Partido Obrero. La deuda que ha sido refinanciada es la del Fondo de Reparación Histórica y las del Crédito del Bicentenario, ambas un fraude total porque las obras aprobadas en las leyes que autorizaron esos empréstitos no se ejecutaron ni en un 30%. Esta renegociación, a libro cerrado, sin investigar absolutamente nada, carga la hipoteca sobre el pueblo trabajador.

El pago de esta deuda es incompatible con una salida a la crisis provincial en los términos de la mayoría trabajadora. Las grandes batallas que se trazan por delante los docentes autoconvocados, o los trabajadores de la salud, pondrán nuevamente en cuestión la política fracasada de someter a la provincia a la usura internacional, siguiendo el libreto del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI.

Si Sáenz “canta victoria” es que debemos prepararnos para enfrentar el ajuste.