Con la realización del juicio por el crimen de Darío Monges, en los testimonios e investigaciones que se van ventilando, comienza a quedar cada vez más evidente que una significativa cantidad de funcionarios de extrema confianza de Sáenz, así como participantes de las listas del PJ con los cuales llegó al gobierno de la Provincia, están vinculados al narcotráfico.

Monges fue asesinado en septiembre de 2022, con 5 tiros en la cabeza, el sello de un ajuste de cuentas narco. En el juicio, su padre aseguró que su hijo era un empleado para todo servicio de los hermanos Moreno (Mario, Diputado Provincial del PJ y Daniel, Intendente de Vaqueros y Presidente del Foro de Intendentes de Salta). Pero lo más significativo es que también aseguró que quien daba las órdenes, el que le pagaba a Darío, era el Secretario de Seguridad de la Provincia Benjamín Cruz; quien le proporcionaba 2 policías de la Brigada con los cuales hizo varios viajes al Norte, “para negociar con gente peligrosa” (El Tribuno 4,11,24). E incluso, para “trabajos” de orden personal como trasladar a un adicto, hijo de la clase alta, para ser tratado en Tucumán, por los cuales Monges cobraba sus servicios (Ídem)

Cruz llegó a ese cargo luego de pasar, acompañando a Gustavo Sáenz, por diversos cargos en la Municipalidad de Salta cuando Sáenz fue Intendente; Secretario de Seguridad cuando Sáenz llego a gobernador y Presidente del partido País con el que Sáenz arribó a ese cargo.

Meses antes de ser asesinado, Monges se había entrevistado en la cárcel de Orán con el sicario Oscar Díaz, en ese momento incomunicado, con autorización del Director de Políticas Penales Ángel Sarmiento. A partir de la investigación de los mensajes del celular de Monges, clonado de la nube porque el celular nunca se encontró; sabemos ahora que, en esa entrevista, Monges le solicitó al narco preso 100.000 dólares “a cambio de favores relacionados con su detención como traslados y permisos de visita” (Infobae, 14,11,24). En el intercambio de WhatsApp de Monges con el Secretario de Seguridad, Cruz le reclamaba el pago de “un saldito pendiente de la gente del Norte” por 16.700 dólares, ya que él había hecho todo lo que se le había pedido y más, según su reclamo (Ídem)

Sin embargo, el fiscal federal, Eduardo Villalba, a pesar que desde los días posteriores al crimen ya cuenta con los mensajes intercambiados entre Monges y Cruz; no ha requerido peritar los 4 celulares del ex Secretario de Seguridad y la imputación a Cruz es solo por el delito de tráfico de influencias, por haber autorizado el ingreso de Monges a la cárcel de Orán para entrevistarse con el sicario Díaz. De hecho, Cruz siguió hasta el mes pasado cumpliendo funciones como juez del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta.

Villalba tampoco ha abierto una investigación sobre los hermanos Moreno para conocer sus responsabilidades en la estructura de la banda, a pesar que en los chats entre Monges y Cruz éste le pide que se reporte con los hermanos Moreno, cuando los medios comienzan a sacar a la luz el episodio de la entrevista con el sicario Díaz. A partir de allí, Sáenz lo saca a Cruz de la vidriera política y lo cambia rápidamente de cargo, pasando de secretario de Seguridad de la Provincia a secretario de gobierno de la Municipalidad, bajo la Intendencia de Bettina Romero.

Todos los caminos conducen a Sáenz

Monges se entrevistaba también con Cristian Palavecino, al que la policía de Cruz no encontró durante 5 años pero que Monges veía en su propia casa, mientras estaba prófugo. Palavecino era buscado por la Policía de Salta por el asalto a la empresa de Pichanal, Abra del Sol, ocurrido en 2022, con pedido de captura nacional e internacional por un homicidio y una tentativa de homicidio en el que la víctima reconoció a un policía mientras Palavecino lo torturaba (Infobae, 25/09/24).

Las entrevistas con Monges fueron filmadas por Palavecino. En ellas, Monges le ofrecía garantías de diversos funcionarios de Salta e incluso del gobernador de Córdoba (Ídem). Mas tarde, el propio Palavecino se filma, bajo la dirección de su abogado, amenazando al gobierno de dar a conocer pruebas que involucran a Sáenz y al Ministro de Seguridad Abel Cornejo (El Tribuno 17/10/24).

Recientemente, en la conferencia de prensa del Ministerio Público Fiscal de septiembre del 2023, el Procurador, García Castiella, afirmó que los cárteles de la droga han diseñado un copamiento de las intendencias de las ciudades fronterizas del Norte de Salta. Y que han escalado los crímenes de mejicaneadas a sicariato y crímenes cada vez más frecuentes y robos con extremada violencia.

Veamos. Monges en su entrevista con Palavecino relata el enojo de Sáenz y su hombre de confianza Pablo Outes, actual diputado nacional, porque acaba de ser detenido el Intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quien cae con 200 millones entre dólares, pesos y 4 vehículos de alta gama. Se lo acusa de peculado junto a familiares y funcionarios, por sustraer caudales públicos percibidos en los puestos denominados Vove y Guandacarenda, por tasas y servicios municipales. Monges relata que Sáenz está enojado porque “le tendrían que haber avisado para que no lo agarren con tanto”.

Además de Méndez, otro intendente de Sáenz de otra ciudad fronteriza detenido, es el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, que ya tenía (según informe del procurador), antecedentes y condenas cumplidas por narcotráfico y una causa abierta por lavado de activos en la provincia de Santiago del Estero. A pesar de esos antecedentes, formó parte de las listas de Sáenz. Llamativamente, el Intendente hoy tiene detención domiciliaria porque no está investigado por sus vínculos ni sus antecedentes sino por entorpecimiento en la investigación del crimen de su hermano, o sea un delito menor.

El predecesor de Méndez, en la Intendencia de Salvador Mazza, Carlos Villalba, candidato del Frente de Todos, fue procesado por sus vínculos con la trata de personas.

¿Cuánto está desarrollado el narcotráfico en Salta?

Según Vicente Cordeyro, ex Jefe de Investigaciones de la Policía, “en la provincia, desde hace 20 años el narcotráfico, a través de diferentes clanes como Castedo, Motoc, Loza, Cala Alemán, Guzmán, Aguilera, Ruiz, se ha ido consolidando. Son siete clanes muy importantes que han transportado toneladas de droga a través de la Quiaca, de Salvador Mazza, de Aguas Blancas, por la ruta 34, la 9, la 50, la 51 y la 81”….“en ese circuito de casi dos meses, tenemos tres toneladas y media de cocaína secuestradas en Salta únicamente”… ”hacia Europa a través de Aguas Blancas y Salvador Mazza, por tierra y por aire” (Cara a Cara-Aries, 4/10/24).

El poder de compra de los cárteles no queda en los intendentes. También el aparato judicial de Orán aparece formando parte de la estructura delictiva. El juez Federal Raúl Reynoso y el Fiscal Federal José Luis Bruno, ambos imputados (el primero condenado) por recibir miles de dólares de narcotraficantes detenidos a cambio de su liberación. Lo mismo que el juez Solá Torino, que terminó suicidándose cuando lo iban a detener. El juez Claudio Parisi, detenido junto a su secretario por otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al líder de una banda de sicarios, permitiéndole fugarse. El juez Edgardo Laurenci, quien dejó escapar al sicario Lino Moreno, detenido por el crimen de Liliana Ledesma (asesinada por denunciar a los hermanos Castedo y su vinculación con el diputado provincial Aparicio, del romerismo); pero Laurenci fue premiado con una jubilación de privilegio que le permitió escapar impune del jury. El juez Francisco Oyarzú, enjuiciado por liberar en 11 oportunidades a delincuentes juzgados por narcotráfico y robos a mano armada.

No es coincidencia que ya en el 2015 la Corte de Justicia de Salta, formada por Abel Cornejo y Fabian Vittar, habían declarado inconstitucional el impedimento de salidas transitorias a condenados a perpetua.

Vamos camino a convertirnos en Rosario?

Por medio de ambulancias, patrulleros, camionetas de bomberos, avionetas con hangares, pistas y depósitos en diversas fincas de la provincia, con la impunidad que otorga la policía, la gendarmería, jueces y el entrelazamiento con el Ejecutivo provincial, ha crecido de forma descomunal el narcotráfico y el consumo en los barrios de Salta.

Recientemente, Sáenz y la ministra Bullrich firmaron el Plan Güemes, que implica mayor despliegue de fuerzas en la zona, el envío de efectivos de prefectura naval y la utilización de mejor equipamiento tecnológico. La misma estrategia fracasada de Rosario. Un gobierno que habilita el ingreso de capitales de los cárteles de droga por medio del blanqueo al sistema financiero legal no va seguir la ruta del dinero narco, confiscar sus bienes y desmantelar el aparato del Estado asociado a las bandas. Esto solo puede ser la acción de la población trabajadora que se organiza y lucha para terminar con el Estado capitalista, para el que el narcotráfico es un negocio más.

Milei no gobierna solo

El sostén de la burocracia y el peronismo. –

prensaobrera.com