El gobernador Gustavo Sáenz y los ex gobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, se han reunido y anunciado la intención de firmar un llamado “pacto de Güemes”, ya que se firmaría el 17 de junio, aniversario de su muerte.

En esta semana el gobernador se ha reunido con los gremios de la CGT y con los intendentes, y trascendió que el eje del pacto sería el reclamo de un conjunto de obras públicas que están paralizadas a partir del “ajuste más grande de la historia” que ejecuta Milei.

Veamos la conducta de estos impostores

Romero, actual senador nacional, es el lobbysta de Milei en el Senado para que se apruebe la Ley Bases. Sáenz mandó a sus diputados a votar a favor y es su mejor alumno aplicando el ajuste contra los salarios y los tarifazos a las familias salteñas. Urtubey nos dejó la hipoteca de la deuda trucha del Fondo de reparación histórica y el Fondo del Bicentenario. Los tres son ahora los promotores de un pacto, nada menos que para “defender a Salta” ante las consecuencias de las medidas que se están tomando a nivel nacional.

La semana pasada se conocieron los datos del informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre la pobreza y el trabajo en Salta: 65% de pobreza; 21% de indigencia; 53% de trabajo en negro.

El déficit de vivienda en la provincia alcanza a 80.000 familias y del plan “mi lote” no hay noticias al cabo de 5 años de gobierno de Sáenz.

En la Salta gobernada por este trío empobrecedor, el Banco Macro pasó de ser el banco número 20 al número 1 dentro de la banca privada nacional. La propiedad de la tierra se ha concentrado en muy pocas manos al punto que, según el censo agropecuario 2019, solo 70 personas o empresas concentran el 50% de la propiedad y, por lo tanto, de la renta de la tierra.

Estos terratenientes solo aportaron el 0.03% de los ingresos provinciales el año pasado según la información oficial de la oficina de presupuesto, ya que pagan impuestos sobre una valuación de sus tierras 20 veces menor al precio de mercado. La enorme renta extraordinaria que obtiene la minería del litio que hoy, aún con precios bajos, cuadriplica los costos de producción, se va del país dejando migajas de regalías y algunos puestos de trabajo temporarios, de baja calidad, en la construcción y ninguna industrialización ni valor agregado en origen. El trío en cuestión apoya fervientemente el RIGI (régimen de grandes inversiones) que está incluido en la Ley Bases para otorgar aún más beneficios de carácter colonial a estas empresas.

El pacto que necesitamos para defender al pueblo de Salta debe ser entre todas las víctimas del ajuste y la política empobrecedora de Milei y de los que gobernaron las últimas décadas. Necesitamos un conjunto de medidas de emergencia; garantizar el acceso a la alimentación de los 140.000 salteños que están en la indigencia; encarar un plan de loteos y construcción de viviendas populares en base a un banco de tierras públicas y privadas que sean declaradas de utilidad pública; pasar a la planta permanente, con todos los derechos, a los miles de trabajadores precarizados en el Estado; garantizar que el piso salarial de todos los trabajadores sea igual al costo de la canasta familiar.

Hay que formar un fondo extraordinario para financiar estas medidas con un impuesto extraordinario a las grandes empresas mineras, bancos y exportadoras; con la actualización a valor de mercado del impuesto que deben pagar los grandes terratenientes; con la suspensión de los pagos e investigación de las deudas del fondo de Reparación histórica y del Bicentenario, completamente fraudulentas.

El desafío inmediato es impulsar en Salta la más grande movilización popular, el próximo miércoles 12 de junio, contra la sanción de la Ley Bases que es el decálogo de todo el ajuste contra el pueblo.

El 12 de junio seamos miles y miles en el Congreso contra la Ley Bases, la persecución y la represión

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