Políticas
6/6/2024
EDITORIAL
El 12 de junio seamos miles y miles en el Congreso contra la Ley Bases, la persecución y la represión
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Edición: Prensa Obrera
Recesión, hiperrecesión, depresión. Esos son algunos de los términos que los economistas –que dicen coincidir con la orientación de la política económica del gobierno- usan para calificar la situación del país.
Lo cierto es que el Indec informó que la industria se derrumbó 15,4% y la construcción 32% en lo que va del año, es decir, es todo bajo el actual gobierno que, como señaló un periodista, “ya tiene historia propia”. Obviamente esto repercute fuertemente en un punto clave de la política oficial: la de mantener un superávit fiscal o el famoso déficit 0, logrado a costa de licuarles –robarles- a los jubilados un 33% del valor de sus ingresos, de frenar las obras públicas, despedir trabajadores, postergar pagos –endeudándose-, dejar sin comidas a millones de personas, etc., etc. La caída del IVA, como resultado del derrumbe del consumo, es del 22% -en términos reales- en la comparación interanual, la recaudación del Impuesto al Cheque cayó en mayo de este año un 25% real –lo cual, según Prat Gay, “adelanta los números de actividad que se publican dos meses más tarde”, o sea, la cosa viene para peor. Los ingresos al fisco dependen cada vez más del Impuesto País, de las retenciones y del Impuesto a las Ganancias, todos los cuales Milei prometió eliminar en beneficio de la clase capitalista. El problema no es menor: según el economista Juan Carlos De Pablo, que tiene una relación estrecha con Milei, “él sabe que donde abandonan el equilibrio fiscal, vuelan por el aire” (Cronista, 5/6).
Este es el marco en el cual se ha disparado la cotización de los dólares financieros, aumentando la brecha cambiaria casi al 30%, lo que potencia la decisión de los sojeros de no liquidar la cosecha gruesa a la espera de una devaluación del oficial o de un dólar diferenciado. El riesgo país –léase medición de la confianza del capital internacional para invertir- superó los 1.500 puntos, la cifra más alta desde marzo. La inflación sería del 5,5% en mayo –alta en un cuadro de recesión- pero ya se avizora una subida de esta para junio como resultado, entre otras cosas, de algunas modificaciones de tarifas (combustibles) y servicios, y obviamente por el aumento de la brecha cambiaria.
A Milei la “macroeconomía” que él sigue con tanta devoción no le está dando buenas noticias. Para los trabajadores y la mayoría de la población los costos se miden en 2,5 millones de nuevos pobres -que ya son mayoría en el país: 55%-, en la pérdida de puestos de trabajo –se cerraron 275.000 cuentas sueldos de trabajadores formales, o sea, en blanco-, en el derrumbe de la salud, la educación y la infraestructura necesaria para vivir (solo a título de ejemplo en la villa 21-24 de CABA se dejó inconcluso un tendido de ¡1.200 metros! de caños para proveer de agua potable a 65.000 personas, la mitad de ellos niños).
Un salto en la crisis política
Esta es la base de la crisis política que sacude fuertemente al gobierno de Milei, que escaló luego de haber echado a su amigo Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete. Ahora en el centro de la tormenta esta su ministra preferida, Sandra Pettovello, por manejos irregulares y corrupción en el superministerio que Milei le armó, y que saltaron tras la denuncia de que habían encanutado casi 6.000.000 de kilos de mercadería. La crisis se llevó puesto a su segundo, Pablo de la Torre, un reaccionario del Opus Dei, y a varios funcionarios más mientras aparecían cajas paralelas -vía un acuerdo firmado por Pettovello con la OEI-, contrataciones a empresas fantasmas, inventarios (mal) dibujados, facturas truchas, etc., etc. Esto se extendió al área de Educación donde se denunciaron 300 contratos truchos y compras sin licitación que involucran al secretario Torrendel.
Pero los problemas no terminan ahí. Junto con Posse se fue el jefe de los espías de la AFI y en el aparato de espionaje del Estado se destapó un descontrol que se convierte en un grave problema para asegurar una estabilidad política del gobierno, clave para ganar la confianza de los inversores y sobre todo del FMI.
La designación de Francos, un hombre de la casta -funcionario de prácticamente todos los gobiernos-, hizo aparecer la idea de que se va a un gobierno de coalición, que sería el resultado además de la capacidad de Francos para hacer aprobar la Ley Bases en el Senado. El propio Milei en Córdoba había abandonado el “principio de revelación” -ese que sostiene que lo más importante es desnudar ante el electorado a la “casta” como un obstáculo para que avance su gobierno- y llamó a los gobernadores, sindicatos, etc., a aportar esfuerzos para llegar a un acuerdo en el Senado y sacar la Ley Bases, por cierto, bastante deshilachada en relación con las pretensiones oficiales. Francos logró un dictamen pero con muchas firmas con disidencias, o sea que no aseguran que se sostengan en el momento de votar la ley y, aunque pueden estar referidas a aspectos parciales, son la condición para el voto en general. La pretensión de votarla en el recinto el próximo 12 de junio implica una previa de febriles negociaciones donde aparecen fuertes lobbies capitalistas con intereses enfrentados que no aseguran que lo que salga finalmente encarrile la grave crisis económica. No es casual que un punto de enfrentamiento sea el Rigi, con concesiones leoninas a quienes ya están con el gobierno como Techint, las petroleras, mineras, etc., dejando fuera a una parte de la burguesía nacional que reclama recibir parte de los beneficios, una devaluación para mejorar su “competitividad”, y sobre todo un avance fuerte sobre el régimen laboral para favorecer despidos, obtener mayor productividad a costa del esfuerzo del trabajador y no de mayores inversiones.
De todas maneras, formar un gobierno de coalición implica acordar con otra fuerza política capaz de aportar “volumen político”. El PRO aparecía como el indicado, sin embargo el acercamiento a Milei está quebrando al partido que un sector de la burguesía armó luego de la crisis de 2001 y la debacle de la UCR. La división del PRO en la provincia de Buenos Aires es una expresión de esto.
Junto con la echada de Posse y la designación del dialoguista Francos, Milei anunció la intención de nombrar ministro a Sturzenegger quien vendría con el propósito de darle manija a la motosierra, creando así un nuevo foco de conflictos que aleja cualquier posibilidad de un gobierno de coalición. Milei sin embargo no termina de definir en qué ministerio, ni cuándo lo entronizaría. El obstáculo principal sería la oposición del “rockstar” Toto Caputo que ve en la entrada de Sturzenegger un revulsivo en la crisis económica que no logra dominar.
La aprobación en Diputados, por parte de una fuerte mayoría, de un aumento insignificante a los jubilados –que sería ratificado por el Senado- y que Milei prometió vetar –aunque no reuniría las condiciones para ello- tiene una lectura insoslayable: quién tiene la iniciativa y el control.
O sea, estamos ante el despliegue de una crisis política de envergadura que cuestiona la viabilidad del gobierno de Milei, cuyo mayor capital es la votación que obtuvo en el balotaje. Las características del gobierno, el dominio por parte de una camarilla casi familiar, la ausencia de tropa propia para gestionar, etc. e incluso las del propio Milei, son una parte de los problemas.
El ataque a las organizaciones de lucha y al Partido Obrero
Esto explica aún más la represión a las manifestaciones y protestas y los intentos de condicionar las libertades públicas en general. La resolución de esta crisis está cada vez más ligada a la intervención de los trabajadores, de los ocupados, de los desocupados, de los de las diversas disciplinas, y el agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la acción de todos los gobiernos, del nacional y de los provinciales, lo que incorpora al conjunto de las fuerzas políticas que responden a los capitalistas. La lucha de docentes y trabajadores de la salud en Misiones frente a la miseria salarial es una advertencia muy fuerte de las tendencias que existen en el seno de las masas.
Por eso el centro es el ataque a las organizaciones de lucha, sobre todo el movimiento piquetero combativo, con los 27 allanamientos a compañeros que organizan comedores, emprendimientos, etc. en las barriadas más humildes de CABA. También van contra las organizaciones sindicales. El Sutna fue amenazado a acciones legales por parte de la Secretaría de Trabajo por haberse manifestado ante los despidos en Fate el pasado 29 de mayo.
Ha habido un salto en este propósito, que involucra al poder judicial y que quiere ser presentado como una deriva de la investigación a las cuentas del Polo Obrero, y es el allanamiento al local central –y legal-del Partido Obrero que, convertido en una “inspección ocular” por orden del fiscal, realizó una verdadera tarea de espionaje en nuestra sede. Es claramente una intimidación y persecución a la oposición política, que llega incluso al extremo de que el ministro de Justicia, el reconocido abogado de narcos, Cuneo Libarona, inició acciones contra dos periodistas (Darío Villarruel y Nancy Pazos) por “instigación a cometer delitos” cuando cuestionaron las declaraciones de Milei en Stanford.
Debe alertarse sobre la connivencia entre los tres poderes para dejar pasar un estado de excepción, de violación a principios constitucionales, incluso el decreto 70 de Milei que explícitamente es anticonstitucional está vivo porque la Corte Suprema y el Parlamento no lo quieren voltear.
El 12 contra la Ley Bases
La tarea central para los trabajadores es organizar una gran movilización el próximo 12 cuando se trate en el Senado la Ley Bases en defensa de sus intereses, condiciones de vida y reclamos, por el salario y las jubilaciones, contra los despidos. Es evidente que si la Ley Bases no se aprueba es un golpe enorme al gobierno de Milei, por eso debemos reforzar la campaña por la movilización ese día y exigir el paro que la CGT y las CTAs se empeñan en no convocar.
Efectivamente la crisis del país se resuelve en las calles, reforcemos la campaña por un plan de lucha y la huelga general para quebrar la política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Abajo la persecución contra el movimiento piquetero, el sindicalismo combativo y la oposición política de lucha.
