Los ministros Juan Zabaleta y Santiago Cafiero, junto a la secretaria de Inclusión Sociourbana, Fernanda Miño, y al candidato a Concejal por el Frente de Todos en San Isidro, Mateo Bartolini, visitaron el barrio La Cava a cuatro mujeres que salieron sorteadas en el programa Mi Pieza, que está destinado a mujeres que viven en villas o barriadas populares contempladas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y otorga 100 mil o 240 mil pesos , entregados en dos cuotas del 50% por medio de ANSES, para mejorar la vivienda.

En este sentido los ministros mencionaron que invirtieron $71.280.000 para que 297 vecinas de San Isidro puedan terminar sus casas, cuando lo cierto es que en el Concejo Deliberante las bancas del Frente de Todos votaron junto al oficialismo local un presupuesto de ajuste, que no contempla un solo plan de viviendas para resolver la crisis habitacional que se vive en San Isidro y mucho menos tiene un carácter de “perspectiva de género” como menciona Zabaleta. En segundo lugar, es preciso señalar que los fondos de dicho programa proviene del Anses, es decir, de la plata que el gobierno le roba a los jubilados, consolidando una política de reparto de la miseria.

Por otra parte, $240 mil destinados a un puñado de mujeres no soluciona en absoluto la carencia habitacional que existe en La Cava y mucho menos en el distrito, con más de 12 barrios precarios; ese monto apenas alcanza para construir tres metros cuadrados. Allí las familias trabajadoras se ven obligadas a vivir de manera hacinada, sin acceso a los servicios básicos, mientras el Municipio prioriza los negociados inmobiliarios que encarecen el suelo, con el silencio cómplice del Frente de Todos.

Este accionar solo deja a la vista la maniobra electoral de un gobierno ajustador que está al servicio del FMI, la especulación inmobiliaria y tiene en su historial desalojos brutales a las familias que reclamaban tierra para vivir.

La única alternativa es organizarnos en cada barrio, de manera independiente a los partidos patronales, por un verdadero plan de viviendas y urbanización, acorde a las necesidades, gestionado por los vecinos y que emplee mano de obra desocupada bajo convenio. A su vez, es preciso luchar por el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero, cuya cuota no supere el 10% del ingreso familiar. La creación de un banco de tierras fiscales y ociosas es fundamental para construir allí viviendas populares. Este plan debe ser financiado con un impuesto permanente y progresivo a la vivienda ociosa y a los grupos inmobiliarios.

En noviembre reforcemos el voto al Frente de Izquierda Unidad, la única fuerza política que plantea este programa en defensa del derecho a la vivienda digna. Fuera el FMI, no al pago de la deuda usuraria.

 

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