La situación de la tierra y la vivienda en Puerto San Julián no es diferente a la de otras localidades de la provincia de Santa Cruz. La falta de obras destinadas a viviendas populares es una constante hace varios años y la entrega de terrenos -si es que hay- se realiza sin los servicios básicos, situación que es agravada por los altos costos de los alquileres.

En particular, en una localidad minera por excelencia como lo es Puerto San Julián, la problemática empieza a tomar cierta relevancia después del asentamiento de unas decenas de familias en un barrio abandonado y nunca concluido por el estado nacional. Familias que no encontraron solución habitacional, muchas tocando fondo endeudándose para pagar alquiler y servicios.

La problemática se acentúa desde la época del intendente kirchnerista Nelson “Gurí” Gleadell (2003-2015), cuando en campaña repartió lotes sin servicios a sabiendas que estos demorarían años en llegar por la falta de inversión; pasando por el intendente Tony Tomasso del Pro (2015-2019), que trató de reubicar el legado dejado por el gobierno saliente pero despojando de adjudicaciones a quienes no pudieron construir. No hay que olvidar que Tomasso hizo campaña prometiendo investigar al gobierno de Gleadell, acusándolo de corrupción, y en sus 4 años de gobierno no sólo no investigó sino que se dedicó a tapar los baches del gobierno Frente de Todos. O Gleadell no fue un corrupto o Tomasso fue cómplice al no haber denunciado. Lo mismo viene haciendo el actual intendente Dany Gardonio (UCR),“reciclando” terrenos sin importarle por qué estos adjudicatarios no pudieron construir, con el agravante de que ahora el Estado a través de sus representantes denuncia a las y los vecinos por situaciones que ellos provocaron y provocan por el mal manejo de los recursos del estado.

Tanto el oficialismo local (UCR) como el oficialismo provincial (FdT) acuerdan con una “solución por la vía judicial”, lo que es un eufemismo para el desalojo con las fuerzas de seguridad. La oposición del FdT se juega por la judicialización “por tratarse de algo ilegal”. Le señalamos a estos moralistas que impusieron una modificación inconstitucional para la elección de gobernadores por Ley de Lemas Kirchner y que su diputado Gerardo Terraz (UCR) convirtió en legal el proyecto del gobierno del FdT en la Cámara de Diputados, habilitando la reelección de Alicia Kirchner. Hoy Terraz revista funciones como secretario de Estado de Minería de Santa Cruz.

Las y los vecinos del Barrio Patagonia Argentina presentaron un proyecto de reactivación y regularización de las viviendas en las que hoy viven, pero la respuesta no fue exprés como con la reelección de Alicia Kirchner, sino todo lo contrario. La diputada por el pueblo Patricia Moreyra (PJ) dijo que no acompañará el proyecto por ser una ilegalidad, sobre todo por haberse osado estos vecinos a presentarlo por sus propios medios, y que ella misma les negó ayuda desde un primer momento cuando se presentó junto a la concejal Romillo ante las y los vecinos.

La clase política patronal está unida contra las y los obreros que reclaman mejores condiciones de vida, por ello les niegan los servicios básicos como la electricidad, que manda a cortar el gerente Martin Torres de Servicios Públicos (SPSE), o se les niega el bono para el gas envasado en Acción Social, incluso llegando a cortarles el agua culpando a las y los vecinos por una pérdida gracias a un trabajo deficiente en la red troncal de 200 mm (obra que fue realizada por la empresa Quispe durante el mandato de Gleadell, que hoy es el presidente de SPSE).

¡Queda claro que molesta la organización independiente que lucha por la tierra y la vivienda!

Desde el partido obrero apoyamos a los y las que luchan por sus derechos, por un techo digno, contra la violencia, por la infancia feliz, el derecho a los servicios básicos y a una vida digna.

¡Arriba los y las que luchan!

 

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