Luego de 8 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. La ley plantea que se coloque un octógono negro a los productos y alimentos que cuenten con exceso de grasas, sodio, calorías y azúcar.

La sanción se dio con votos a favor del oficialismo y de la oposición, mientras que las abstenciones y los votos en contra provinieron de los bloques del PRO, Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica. Aunque había sido aprobada el año pasado en Senadores y obtenido dictamen favorable en varias comisiones de Diputados, fue cajoneada por los principales bloques parlamentarios durante meses y desempolvada recién este último mes como una maniobra electoral del FdT, que busca mejorar su resultado luego de la derrota en las Paso.

Esto no impidió, sin embargo, que diputados que responden a los intereses de las industrias azucareras y demás empresas de alimentos que podrían verse afectadas hicieran lobby para impedir su tratamiento. En un primer momento estaba previsto que el proyecto se discuta el 5 de octubre, durante la primera sesión presencial en la Cámara Baja, pero se postergó por falta de quorum (había 122 diputados de los 129 necesarios) con ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio, de los que responden a Schiaretti y cinco del Frente de Todos. El propio jefe de Gabinete, Juan Manzur, acérrimo socio de los ingenios azucareros -gobernó para ellos durante 6 años en la provincia de Tucumán- jugó un rol importante en patear la discusión. Esta fracasada sesión dejó en evidencia el dominio de los sectores capitalistas de la agenda parlamentaria, como también demuestra la presentación de las leyes de Hidrocarburos y del Agronegocio.

Esas mismas presiones jugarán a la hora de reglamentar la ley, que el Ejecutivo deberá poner en marcha como máximo 90 días después de su promulgación. Así, las empresas tendrán 180 días para etiquetar todos sus productos, mientras que para las pymes el plazo se puede extender hasta 12 meses. Además, el artículo 21 establece que aquellos alimentos que hayan sido elaborados antes de la fecha de sanción podrán permanecer sin octógono hasta que se agote el stock, lo que desde el vamos sienta las bases para una implementación irregular.

Ahora, el gobierno pretende arrogarse la aprobación de una ley que, vale recordar, fue impulsada por distintas organizaciones que encararon una campaña por el acceso de la población a una alimentación saludable, en pos de mostrarse preocupado por la salud de la población. Sin embargo, es desmentido por la realidad: en Argentina, 18,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 4,9 son indigentes. Al menos la mitad de los trabajadores cobra menos de $35 mil según el Indec, lo que equivale al 50% de la canasta básica total. Este escenario plantea que la mayoría de las familias trabajadoras no puede cubrir con sus ingresos su alimentación.

Además, los alimentos saludables por lo general son más caros que los que no lo son, por lo que los trabajadores se ven obligados a elegir productos poco saludables y con alto contenido de nutrientes críticos para la salud. A su vez, la creciente inflación, que mes a mes liquida los salarios -muchos de ellos cerrados con paritarias a la baja-, es mayor en el rubro de alimentos, como evidencia la suba del 2,9% en septiembre. Por otro lado, si bien la ley plantea como objetivo el fortalecimiento de la libre elección de los consumidores, no resuelve el problema de la educación, fundamental para poder tomar decisiones a la hora de comprar en las góndolas.

En este contexto, una ley que no venga acompañada de medidas reales de fondo difícilmente pueda tener un impacto concreto en la mesa de los argentinos. Es por eso que hace falta una recomposición salarial para los trabajadores, con una garantía de ingresos iguales a la canasta básica familiar (hoy en $100 mil), paritarias indexadas a la inflación y un seguro al parado de $50 mil. Vamos por la implementación de la Ley de Etiquetado y el derecho al acceso a una alimentación saludable para todos a través de una educación e industria alimenticia al servicio de las necesidades de la población.

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