Este viernes 29 de octubre se cumple exactamente un año del megaoperativo represivo de desalojo impulsado por las fuerzas de “seguridad” de la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni a la cabeza, que terminó con la expulsión de las más de 2.000 familias sin tierras de Guernica.

Esta medida fue resultado de la política punitivista y represiva del gobierno nacional y del gobernador Axel Kicillof respecto a la crisis habitacional que padecen millones de familias, desde donde se preparó el terreno para el desalojó durante los meses que duró la recuperación de tierras.

Los censos realizados por el gobierno –dos, sumando el arrancado con la lucha de las familias- fueron posteriormente desconocidos por las autoridades oficiales, particularmente por Andrés “Cuervo” Larroque como ministro de Desarrollo  de la Comunidad, y manipulados para fraguar informes de una supuesta retirada voluntaria de los vecinos. Allanando el camino para justificar la represión.

Un desalojo  “ejemplar”

Con unos 4.000 efectivos policiales, que incluían fuerzas especiales y de elite, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, preparó un operativo ostentoso, con el propósito de “amilanar” a las familias de Guernica y aleccionar a las decenas de procesos de recuperación de tierras que se extendían por todo el país.

La represión de Guernica fue preparada como un desalojo “ejemplar”, pero no por caracterizarse por un trato humanitario, ya que los medios pudieron atestiguar el incendio de casillas y la retirada de las familias con sus escasas pertenencias, sino que fue un mensaje dirigido al conjunto de las recuperaciones de tierras: tolerancia cero a las ocupaciones.

Las fuerzas represivas ingresaron al predio de Guernica en horas de la madrugada, principalmente por dos flancos, donde avanzaron sobre los vecinos que decidieron quedarse a defender su derecho a la tierra y las organizaciones, como el Partido Obrero, que se acercaron a apoyar a las familias.

Luego de desalojar el inmenso predio, la represión se convirtió en una cacería, contra vecinos y militantes, por las calles del barrio aledaño, obligando a los manifestantes a buscar resguardo en las casas de los vecinos. El saldo fue la detención de 39 personas, entre ellas menores de edad y estudiantes secundarios/as.

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Escándalo nacional

Lo actuado por el gobierno no pudo más que despertar el repudio generalizado de las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y de gran parte de la población. Incluso llegó a abrir un flanco de crisis en las propias filas del oficialismo. Particularmente luego de viralizarse las imágenes que daban cuenta de la insensibilidad social y la brutalidad del gobierno.

Esto suscitó una movilización inmediata a La Plata, hasta obtener la liberación de los y las compañeras detenidas y una convocatoria al día siguiente a Plaza de Mayo, donde se realizó una conferencia de prensa denunciando estos hechos y que las familias no solo seguían sin sus viviendas, sino que ahora se encontraban en la calle producto del accionar del gobierno.

La represión de Guernica fue antecedida por distintas órdenes de desalojo y maniobras del Ejecutivo provincial, que incluso buscó pactar con parte de las familias y organizaciones sociales, compromiso que luego quebraría para dar lugar al desalojo de la totalidad de los vecinos. Al final, se cumplió la caracterización de que el gobierno solo buscaba dividir al movimiento de lucha, presentar una coartada para el desalojo y avanzar en la represión para garantizar el negocio de los especuladores inmobiliarios de la zona.

Pasado un año de aquella brutal represión, que llamó la atención de todo el país e instaló el debate sobre el agravamiento de la crisis habitacional y la expulsión de cientos de miles de familias a la indigencia y a las calles, el gobierno sigue sin cumplir las actas firmadas y sin firmar las actas pactadas con las familias de Guernica, por lo que estas se han tenido que movilizar en reiteradas oportunidades, incluso este mismo día.

Guernica instaló debates como la necesidad de un Banco de Tierras ociosas y fiscales para un plan de viviendas nacional que sirva a atender las necesidades habitacionales de la población. Puso de manifiesto la crisis social y la pobreza en ascenso, producto del ajuste del gobierno y su responsabilidad en la carencia de millones de hogares. Reclamamos el inmediato cumplimiento de las actas y los compromisos asumidos por el gobierno; basta de desalojos y represión; por un plan de viviendas de acceso universal y trabajo bajo convenio, con salario igual a la canasta familiar, para los trabajadores.

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