El jueves 12 de mayo concluyó el ciclo audiencias públicas para definir la suba de tarifas del gas y la luz en el mes de junio. En la tercera y última jornada se debía establecer el esquema de segmentación mediante el cual una porción de los usuarios residenciales dejaría de recibir subsidios en su boleta, con aumentos de hasta el 400% en esos casos. Sin embargo, no surgió de dicha congregación definición alguna sobre el tema, debido a las dificultades en su aplicación.

Las propias empresas distribuidoras presentes en la audiencia recalcaron que instrumentar en todo el país la segmentación propuesta por la Secretaría de Planeamiento Energético, basada en criterios geográficos y socioeconómicos, demoraría al menos dos meses. Se conjugan, por un lado, la escasez de registros sobre los ingresos reales de la población sumado a que muchas veces el usuario del suministro no coincide con el titular del mismo. El gobierno admitió que hasta el momento solo pudo identificar al 59% de los usuarios de electricidad y al 69% de gas que entrarían en el grupo poblacional sin boleta subsidiada.

Lo anterior da cuenta del carácter improvisado de la segmentación presentada por el gobierno con el único fin de aceitar un tarifazo a gran escala. En ese sentido, el oficialismo no se privó de aclarar que los criterios de segmentación podrán variar a lo largo del tiempo incorporando a nuevos usuarios al pago de la “tarifa plena”. Sin dudas será el FMI el encargado de esas recalibraciones, en el marco de sus revisiones trimestrales a las cuentas del país para supervisar la aplicación de su programa. Como vemos, la segmentación es la punta de lanza con la que se busca avanzar en una reducción más drástica de subsidios energéticos, descargando ese ajuste sobre los consumidores.

Debemos desmentir el discurso oficial que intenta mostrar a la segmentación como una medida redistributiva. En primer lugar, va acompañada de tarifazos para todos los usuarios, rondando el 42% anual para el grueso de la población, y, además, el esquema seguirá siendo “pro-rico” ya que los mismos que se beneficiaron con los subsidios millonarios provenientes de las arcas estatales, es decir, las petroleras y las empresas distribuidoras, seguirán estando de parabienes ya que la reducción de dichas transferencias que exige el FMI será compensada con el encarecimiento de las tarifas que pagamos los trabajadores.

Evidentemente, el gobierno se ve en la obligación de imprimirle una pátina de supuesta equidad al tarifazo en curso para intentar aminorar el impacto de esta política sobre el humor social. A su vez, “el Gobierno aceptó achicar las transferencias económicas al sector energético en un 0,6% del PBI mientras que la segmentación solo le permitirá al Estado ahorrar un 0,06% del producto” (BAE, 13/5), lo cual da la pauta que la presión sobre las tarifas se agravará en el futuro.

Esta encerrona está en la base de la crisis que se desenvuelve en el seno del Frente de Todos, donde la cuestión de las tarifas ocupa un lugar central. Como sabemos, el Secretario de Energía, Darío Martínez, el interventor de Energas, Federico Bernal, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, la interventora del ENRE, Soledad Manín, todos funcionarios que reportan al ala kirchnerista de la coalición oficial, no estuvieron presentes en las audiencias públicas, aunque tampoco hicieron nada para obstaculizar su funcionamiento. Lejos de encarnar una oposición consecuente a los tarifazos, solo buscan ahorrarse el costo político de esa orientación antipopular mostrándose partidarios de una gradualidad que no explican como llevarán a cabo sin romper con el FMI.

A su turno, frente a la decisión de la Secretaría de Energía de aumentar hasta un 73% las tarifas de luz a las industrias que son provistas por Edenor y Edesur, las cámaras empresarias amenazaron con remarcaciones de hasta el 15% en el precio final. Lo anterior refleja el alcance inflacionario y recesivo de esta agenda de tarifazos.

La única salida posible a este régimen inviable de subsidios y tarifazos al servicio del capital, es proceder a la apertura de los libros de la cadena energética sometiéndolos al escrutinio popular. Así podremos comprobar, entre otras cosas, que los empresarios no hicieron más que vaciar los servicios públicos bajo el amparo de los sucesivos gobiernos y evaluar cuáles son los costos reales en cada uno de los eslabones. Esto, en el camino de nacionalizar la industria energética bajo control obrero para volcarla a la industrialización del país en beneficio de las mayorías. La lucha en las calles por un salario mínimo de $180 mil y aumentos indexados a la inflación cobra una importancia vital frente estos ataques, propios del rumbo fondomonetarista adoptado.