Políticas

28/7/2023

“Seguro de contingencias judiciales”: el puente de Grabois a la reforma laboral de Massa y la UIA

Con el pretexto de defender a las pymes, se alinea con la campaña capitalista contra los derechos de los trabajadores.

Grabois compra el discurso de Massa, la derecha y el FMI.

Consultado sobre qué tenía para decirle al empresariado argentino, Juan Grabois respondió: “que nadie los va a joder”. Pero profundizó explicando su propuesta de cubrir a las pymes con un “seguro de contingencias judiciales” ante posibles demandas de sus trabajadores. Una propuesta que demuestra que Grabois no es solamente una estación electoral intermedia para votar a Massa en octubre, sino que su programa es también un puente hacia la reforma laboral de un eventual gobierno. Expliquemos por qué.

El seguro de contingencias judiciales sería necesario, en palabras de Grabois, porque “el principal problema del empresario pyme es el pánico a ser fundido por un juicio laboral”. Según él, esto se puede hacer “sin sacar una coma al derecho laboral”, ya que “el trabajador hace juicio igual” y solo cambia “quién paga y quién tiene la carga psicológica”. Ahora bien, si la empresa está cubierta por las demandas que puedan hacerle sus empleados, ¿por qué respetaría sus derechos? En realidad, el precandidato “piola” de Unión por la Patria abre la puerta a la ofensiva patronal.

A Grabois no se le pasó por la cabeza decirle al pequeño empresario que propone reducir las altísimas tasas de interés de los créditos industriales y comerciales que les cobran los bancos, algo estimulado por el propio gobierno (por exigencia del FMI). Tampoco que va a revisar los precios monopólicos que les cobran los proveedores de sus materias primas e insumos, o las condiciones que les fijan las grandes empresas que dominan el mercado en el que venden las pymes. En lugar de eso, para “no joder” a los capitalistas, compra el discurso patronal de que el “principal problema” son los costos laborales.

Con esto, encubre que las pequeñas empresas son víctimas de los grandes pulpos que controlan la economía nacional, que es justamente lo que lleva a las pymes a buscar una mayor competitividad a costa de reducir el costo laboral mediante una mayor explotación de sus trabajadores, violentando sus derechos. Incluso, oculta que una buena parte de las pymes del país son subsidiarias de las multinacionales y grandes empresas, que tercerizan eslabones de su producción para evadir las obligaciones laborales, los convenios colectivos de la rama, o el reconocimiento de la relación de dependencia con el personal empleado en esas tareas.

Cargando las tintas sobre los juicios laborales, Grabois le tiende un puente a la reforma laboral que reclaman el FMI y la UIA, y con la que se comprometieron desde Massa a Milei pasando por Bullrich y Larreta. Todos coinciden en que si no se genera el trabajo es por el “miedo” a que el laburante reclame ni más ni menos que el cumplimiento de sus derechos. En estas condiciones, la creación de un fondo para afrontar “contingencias judiciales” operaría como un seguro de caución para las patronales que quieran despedir o precarizar a sus empleados.

Por eso, es muy cínico que diga que esto se haría sin tocar o incluso ampliando los derechos de los trabajadores, y hasta que “probablemente haya que reducir la jornada laboral”. Es obvio que si la patronal está cubierta legal, financiera y “psicológicamente” los obreros estarán en peores condiciones para pelear contra el alargamiento de la jornada, la intensificación de los ritmos de producción, las cláusulas de productividad (salario a destajo), la polifuncionalidad, o por supuesto el pase a planta permanente y el reconocimiento del convenio correspondiente.

No es inocente tampoco que Grabois, que ya había sugerido este seguro antes, nunca diga de dónde van a salir los fondos para cubrir estas “contingencias judiciales”. Tranquilamente podría cargarse a los trabajadores con descuentos salariales, o incluso indirectamente en la medida que las empresas lo computen como parte del costo laboral. Finalmente, esto es lo máximo que pueden proponer quienes embellecen bajo el rótulo de “economía popular” la precarización laboral de los beneficiarios de programas sociales y las cooperativas en que los trabajadores deben autoexplotarse para competir con los precios de mercado (cuando no son la cobertura de fraudes laborales).

En realidad, “lo que hay en Argentina no es una ‘industria del juicio’, sino una industria de violar los derechos laborales”, como responde Gabriel Solano cuando es consultado por el tema. Es un abordaje antagónico, en cuanto a intereses de clase. Es el candidato de la izquierda, que en su programa de gobierno sostiene que para “blindar a los trabajadores contra las extorsiones patronales” decretará la prohibición de despidos y suspensiones, y promoverá la ocupación de toda empresa que cierre o despida y su puesta en funcionamiento bajo control obrero. Más aún, otorgará poder de policía de trabajo a las comisiones internas y cuerpos de delegados de cada establecimiento laboral y convocaría a elección de representantes gremiales allí donde no existen.

Contra el coro de empresarios y candidatos que dice que no se genera empleo en Argentina por una suerte de exceso de derechos laborales, cuya intención es promover el fin de las indemnizaciones y los convenios, la lista del Frente de Izquierda que encabeza Solano plantea una recomposición de los salarios que sentaría las bases para proceder a una reducción de la jornada laboral y el reparto general de las horas de trabajo sin rebajar los sueldos, para generar puestos de calidad y con plenos derechos.

Es por eso que la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda, que tiene en sus boletas a referentes de la lucha piquetera por trabajo genuino y dirigentes del Sutna que defienden el salario y el convenio colectivo, entre tantos otros luchadores obreros que pelean por el pase a planta permanente, hace campaña en los barrios y puertas de fábrica peleando el voto contra los políticos capitalistas y preparando las grandes batallas que se vienen contra la reforma laboral y los ataques patronales.

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