Examinando más allá de la superficie, el “caso Etchevehere” ofrece radiografías esclarecedoras de la situación política argentina. Por un lado, pinta de cuerpo entero a la oligarquía “con olor a bosta” del país, con imágenes prototípicas de la hipocresía y descomposición que la caracterizan. Por el otro, ilustra el carácter farsesco de la pretendida ala “radicalizada” del gobierno de Alberto Fernández.

Respecto de lo primero, vale destacar que la clase capitalista postula a “su” familia como resguardo último de la moral y los lazos humanos. Tras la hipocresía, se esconde lo real: opresión, violencia y una guerra por la propiedad. Los “retratos” de los Etchevehere que circularon profusamente estos días incluyen denuncias contundentes sobre trabajo esclavo y usurpación violenta de tierras. Contra el relato de “una nación empujada hacia adelante por el emprendedurismo del capital agrario”, las anécdotas donde el abuelo de los actuales Etchevehere hacía arrodillar a sus empleados del Diario de Paraná para “perdonarlos” por sus faltas laborales nos recuerdan que el concepto “patrón de estancia” no salió de un repollo.

A la vez, es sabido que el caso de Dolores Etchevehere no es excepción sino más bien regla: las mujeres de la clase capitalista y la oligarquía también son despojadas y descalificadas con completa regularidad. Hace pocos días asistimos a un ejemplo extremo de esa brutalidad cuando el líder de la UIA y la Copal, Daniel Funes de Rioja -un locuaz vocero de la reforma laboral-, publicó un aviso fúnebre donde “saludaba” simultáneamente a un femicida -Neuss- y a su víctima. El pez se pudre por la cabeza, y en el régimen social vigente esa cabeza está en las clases dominantes.

Indudablemente cualquier militante popular que observe un daño hacia un explotador como Luis Etchevehere, que carga encima con los infames títulos de exministro macrista de Agricultura (con más de 600 despidos) y exlíder de la Sociedad Rural, sentirá alguna satisfacción. La movilización de patrones de estancia “en defensa de la propiedad” y la campaña mediática que la acompaña provocan náuseas. Las bravuconadas contra la militancia del MTE deben ser denunciadas y rechazadas de plano. Los verdaderos ocupantes de tierras son los capitalistas.

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Sin embargo, es imprescindible avanzar un paso más y no caer en la confusión política que nos propone el ala “chavista” del gobierno. Cuando la oligarquía agita las banderas de “ataque a la propiedad”, Grabois y compañía son muy claros: “Dolores Etchevehere es legítima heredera de este campo”. Lejos de aceptar cualquier tipo de “emparentamiento” con las ocupaciones de tierras de los más desesperados y desesperadas de un país que carga con más del 50% de pobreza, el abogado papal es categórico: “respetamos la propiedad privada”.

El asunto se plantea, entonces, como una querella de tipo sucesorio, que la Justicia burguesa deberá resolver -en definitiva, un conflicto al interior de una familia oligárquica. La cuestión es fundamental, ya que en el pasado experiencias nacionalistas de diverso orden en América Latina promovieron reformas agrarias de enorme alcance. Ahora, Grabois pretende adjudicarse la “épica” de la “recuperación con título en mano” de una estancia por parte de una oligarca desplazada.

La presencia de funcionarios del ala “izquierda” del gobierno es aún más vergonzosa: ¿alguien vio al secretario de Economía Popular o a Victoria Donda acompañando a las mujeres en Guernica? La respuesta es conocida: no. Sin embargo, se han jugado a fondo por el caso Etchevehere, en una disputa plagada de fuegos de artificio con el macrismo, mientras esquivan el bulto a los padecimientos dramáticos de millones. La pretensión de darle un contenido popular a esta querella intraoligárquica debe ser rechazada.

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Por último, es muy significativo el carácter farsesco de esta historia al observar el nombre de “Proyecto Artigas” para el emprendimiento agrario de Dolores Etchevehere y Grabois. Sin entrar en detalles que exceden el propósito de este artículo, es sabido que aquel revolucionario levantó un programa de reparto de tierras notoriamente radical para su época. El proyecto que levanta su nombre no propone repartir nada, sino tan solo emplazar un proyecto agroecológico en una finca con título de propiedad asentado en sede judicial.

El problema de tierra para vivir y para producir es dramático en la Argentina. Necesita de una solución integral, como parte de una transformación social liderada por la clase obrera.

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