Políticas

28/4/2022

Sigue el chantaje de las empresas de medicina prepaga sobre trabajadores y usuarios

Vuelven a condicionar el cumplimiento de los acuerdos salariales a nuevas subas en el precio de las prestaciones médicas.

Medicina prepaga

Las empresas prepagas de salud anunciaron que, de no actualizarse el precio de las prestaciones médicas, no podrán afrontar el pago de los nuevos salarios concernientes al aumento en últimas paritarias, el cual no supera el 45% anual en cuotas, muy por debajo de la proyección inflacionaria. La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) señaló, mediante un comunicado, que el pago de esos incrementos será imposible de afrontar por las entidades sanatoriales sin el correspondiente traslado al precio de las prestaciones médicas, que brindan a los pacientes y facturan a las aseguradoras de salud.

El gobierno ya autorizó 4 subas del 9% en el último tramo del 2021 a estas empresas y dos aumentos más en marzo y abril de 2022, bajo el mismo mecanismo extorsivo que pone a trabajadores y usuarios como rehenes de las patronales. Además fueron beneficiadas con el Repro (un subsidio oficial para los empleadores del Sector Salud para pagar salarios) y, como si esto fuera poco, la medicina privada también está exenta del 90% de las contribuciones patronales. Ahora reclaman una mayor porción de la torta mediante un doble chantaje, puesto que muchas prepagas son, a su vez, dueñas de las clínicas y sanatorios prestadores.

Aunque se ven sumamente beneficiadas, las prepagas igual avanzan en el recorte de las cartillas, los servicios y el personal,  lo que repercute directamente en la calidad de atención de los pacientes. Hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios transitaron los primeros meses de cuarentena sin asistencia médica -todos los servicios se pusieron frente al combate de la pandemia-, por lo que en cuanto descendieron los contagios se lanzaron a sacar turnos y a tratar enfermedades y condiciones crónicas que habían quedado relegadas, encontrándose con hospitales, clínicas y centros vaciados y hasta cerrados. De este modo, la población se ve obligada a pagar los platos rotos de la supuesta insolvencia del sistema de salud, la cual no podemos dar por cierta en la medida que no se procede a abrir los libros de las empresas involucradas a fin de evaluar los costos reales y constatar que exista tal crisis.

Mientras el gobierno vela por los intereses de las empresas de salud destinando recursos a la medicina privada, el presupuesto para salud pública sigue siendo recortado año tras año y no llega a representar valores significativos en el último Presupuesto Nacional. La paritaria de hambre, en cuotas, que negoció la dirección de Fatsa ni siquiera se acerca a los niveles inflacionarios y las patronales amenazan con suspender estos magros aumentos si el gobierno no autoriza la suba en el precio del servicio. Así, se sumarán a otros que deberá afrontar la población, como los tarifazos ya anunciados, mientras que los salarios siguen perdiendo contra la inflación. En este sentido es que ayer se llevó adelante un paro en los hospitales porteños donde las enfermeras y enfermeros ganaron las calles por un aumento salarial y por el pase a la carrera profesional.

El acuerdo con el FMI, que impone recorte de subsidios y mayores ajustes en salud pública, atenta contra los intereses de las prepagas y éstas amenazan con descargar el costo sobre los trabajadores de sanidad mientras presionan para que lo paguen los usuarios. Los aumentos deben analizarse a partir de la apertura de los libros de las empresas, de manera que se pueda saber con certeza cuales son los ingresos y los costos sin que perjudique al bolsillo de los trabajadores ni se descargue la crisis del sistema sanitario sobre ellos. Es necesario avanzar en la creación de un sistema único estatal, que unifique a los centros públicos, a las prepagas, a los prestadores de salud, a las obras sociales y a los laboratorios, e ir por la triplicación del presupuesto de salud, en función de recomponer el salario y las condiciones laborales de sus trabajadores y abastecer de infraestructura e insumos suficientes a todos los centros de atención. Este plan debe ser financiado por medio de la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria.

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