La inflación promedio del Índice de Precios del Consumidor del mes de enero del 6% trajo entre otras cosas una suba del 6,8% en el estratégico rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, del cual depende parte importante del consumo de las familias obreras. Las políticas del gobierno oscilan entre el fracaso y el fraude, y la responsabilidad directa en la suba de precios.

Para el caso del Gran Buenos Aires, donde se concentran grandes contingentes de trabajadores, el incremento interanual en los alimentos superó el 100%, duplicando el costo de “la mesa de los argentinos”, contra salarios e ingresos populares que se ubican, en distintos lugares, por detrás.

Entre las principales subas de enero se destacaron algunos productos estacionales como tomate redondo (64,8%), naranja (48,9%), manzana deliciosa (31%), papa (24,7%) y limón (13,2%). Pero también productos fundamentales, como harina de trigo (9%), fideos secos (8,4%), arroz blanco (7,9%), y otros de mucho consumo, como galletitas dulces (8,7%). Otro ítem clave es la carne, que viene en aumento.

Fracasos y fraudes

El gobierno encabeza su “política de contención de precios” con el programa Precios Justos, que busca fijar topes (ahora del 3,2% mensual) a determinados productos de consumo masivo, de forma “consensuada” con las patronales a cambio de beneficios en el acceso de dólares a valor oficial para las importaciones.

En los hechos, las patronales violentan los compromisos con falta de stock y/o la salida de productos espejo no listados, a precios “desregulados”. Los productos regulados aumentaron un 7,1% en enero, casi duplicando los “acuerdos consensuados”.

El gobierno cuenta con diversos programas y medidas de intervención con el supuesto propósito de regular los precios de los alimentos. Sin embargo, en los hechos, se trata de medidas en beneficio de uno u otro sector capitalistas, con reconocimiento de dólares a precio oficial o por sobre este para el caso de las exportaciones, subsidios, compensaciones, etc.

Uno de estos casos es el del trigo, con la conformación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (Feta), un fideicomiso financiado con el 2% de las exportaciones excepcionales de subproductos del procesamiento de soja, cuya recaudación final se desconoce y cuyo resultado está más que cuestionado: el pan saltó de $250 el kg en marzo del 2022 a más de $500 en la actualidad, mientras la harina 000 subió el 9% en enero (La Nación, 15/2).

Otro es el caso de la carne, donde el gobierno repartirá “subsidios” de hasta 15 mil millones de pesos, con un tope de 2 millones de pesos por productor, con el supuesto propósito de garantizar una rebaja de hasta el 30% en 7 cortes seleccionados de carne, con una oferta total de 15.000 toneladas mensuales: cinco veces menos lo que se exportó, en promedio, por mes en 2022; una medida condenada a un nuevo fracaso. Además anunciaron fondos para la producción porcina y aviar para… compensarlos por el impacto del dólar soja en la alimentación del ganado, un reconocimiento de los efectos inflacionarios de ese premio a las cerealeras.

La exportación de carnes subió un 10% en 2022, contra una disminución del consumo de carne vacuna en el país, que sigue perforando pisos históricos, debido a la pérdida del poder adquisitivo. En estos meses asistimos a nuevas subas en las carnes de hasta el 27% de enero a febrero.

Es contra los trabajadores

A quienes más impacta esta política son a las familias obreras, que consumen gran parte de sus salarios en alimentos y cuyos ingresos no aumentan al mismo ritmo que los principales bienes alimenticios.

El gobierno no impone ninguna medida o política que afecte los intereses de los capitalistas, sino que emplea programas que redundan en beneficios de diversa índole, como el aumento de las cuotas de exportación, el acceso a dólares oficiales, subsidios, compensaciones, etc. Todo sin ningún tipo de control real sobre la producción y comercializaciones de los alimentos.

A su vez, se intenta imponer una pauta salarial del 60% contra los trabajadores, mientras las patronales imponen sus precios y hasta el propio gobierno alienta la inflación con tarifazos y liberación de precios.

Hay que terminar con los subsidios y beneficios y capitalistas. Una intervención real debería partir de la apertura de los libros al control obrero toda la cadena de valor de alimentos y bienes de consumo masivo, en el marco de un plan de reorganización de la economía basado en el repudio de la deuda externa usuraria y la nacionalización del comercio exterior, algo que a su vez evitaría la internacionalización de los precios de los alimentos.

Sumado a una recomposición general de los salarios a través de paritarias libres, sin techo, que permitan recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

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