La semana pasada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que las restricciones en la exportación de carne “logró bajar los precios” del mercado interno, y a partir de ello confirmó una mayor liberalización del esquema de cupos de ventas al exterior. Sin embargo, los números desmienten rotundamente al funcionario: el precio de la carne sigue trepando incluso por encima del aumento de la inflación, y el poder adquisitivo de los salarios sigue cayendo con relación a su capacidad para hacerse de distintos cortes.

Todo indica que estamos ante una preparación del gobierno para terminar de tirar la toalla ante la industria cárnica. Finalmente, es lo que hace sistemáticamente ante el capital agrario, como sucedió con la intervención de Vicentin o las amenazas de fijar cupos en las exportaciones de maíz y aceites -productos que también siguieron aumentando en el mercado local. Busca presentar, con todas las estadísticas en contra, cierto éxito en el control de los precios de la carne, para capitular tras el fracaso su política atada de pies y manos a los intereses de los exportadores (de cuyas divisas depende para ofrecer garantías de repago de la deuda).

La Sociedad Rural Argentina argumenta contra toda restricción que el precio al consumidor escaló, de marzo a junio, hasta un 18% -la inflación sobre los alimentos en el lapso fue del 11%- y que la medida no sólo no los bajó sino que los subió. Por otra parte, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) señala que en mayo el aumento fue de un 6,1% y en junio del 7,7%.

A su vez, las patronales advierten que las restricciones en su comercio con el extranjero redundarán en la liquidación del ganado y ello actuará como un factor de encarecimiento. Recientemente el propio Ministerio de Agricultura a cargo de Luis Basterra confirmó que el stock vacuno cayó un 2% en 2020, casi un millón de animales menos que en 2019, lo cual fue acicateado en gran parte por un descenso de la reproductividad y el consecuente menor stock de terneras y novillos. Los capitales ganaderos afirman que a partir de la pulseada con el gobierno aumentaron el faenado del ganado de pie para atender la demanda inmediata. El plan oficial fue intentar un incentivo a las inversiones a base de beneficios impositivos establecidos en el Plan Ganadero, pero lo cierto es que para las empresas del sector el negocio está afuera y en dólares, y no en el deprimido mercado interno en pesos devaluados.

Efectivamente, los consorcios que controlan la cadena de producción y comercialización de la carne remarcaron los precios ante el “fantasma” del cepo. Pero el gobierno es incapaz de atacar la concentración del agronegocio, que en este caso se expresa por ejemplo en que solo diez frigoríficos concentran el 61% de las exportaciones a Europa por la Cuota Hilton (que quedó al margen del cupo del 50% fijado tras el levantamiento del cierre temporal). Entre ellos se destaca el pulpo brasileño Quickfood-Marfrig y otros grupos nacionales como Arrebeef, que ha tomado la posta en avanzar con despidos, ataques al salario y lockout patronal para pasar la factura de las restricciones a los trabajadores.

Esta concentración reduce a la impotencia la estrategia gubernamental de restringir el margen para las maniobras de subfacturación y evasión fiscal de los exportadores. Como toda la intervención oficial se basaba en obstaculizar subas de precios especulativas por dichas operaciones, se comprende el rotundo fracaso del gobierno en intentar contener los precios de los cortes en el mercado interno. A la par, hay que señalar que mientras tanto sigue liderando el ataque a los salarios y jubilaciones, y hasta se rehúsa al menos a un nuevo IFE mientras crece la indigencia, es decir, en nada protegen la “mesa de los argentinos”.

Para afrontar el problema realmente es necesaria la apertura de los libros de toda la cadena productiva, del faenado hasta las góndolas, y la nacionalización del comercio exterior, es decir, un programa orientado a las necesidades populares en lugar de al pago de la deuda externa.

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