La inflación calculada por el Indec para el mes de octubre dejó un aumento del 3,8% en el Índice de Precios al Consumidor, el cual registra la evolución de los principales bienes y servicios de consumo. Con esta variación los salarios siguen perdiendo la batalla contra los precios, cuando todos esperan que la inflación siga creciendo.

La inflación acumulada para lo que va del año es de 26,9% y el registro interanual alcanza a un 37,2%. Se destacan, entre las subas, los bienes de primera necesidad, como prendas de vestir y calzado (6,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (4,5%), destacándose verduras, tubérculos, legumbres, frutas, aceites, grasas y manteca.

El gobierno ha salido a afirmar que estaríamos ante cifras menores a las del período precedente, bajo el gobierno del macrismo, cuando la inflación de enero a octubre sumaba 42,2% y la interanual de octubre 2019 un 50,5%. Sin embargo se omite lo fundamental: la inflación actual se da en un cuadro agudo de contracción de la economía por la pandemia y de “controles de precios”.

Así lo han señalado desde el Banco Central, al indicar que esta dinámica fue “favorecida por la acotada volatilidad del tipo de cambio, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y las políticas de administración de precios dispuestas por el Gobierno Nacional” (Ámbito, 12/11).

La cuestión es que la amplia brecha del tipo de cambio es algo que el gobierno aún no ha logrado resolver y que más temprano que tarde llevará a una fuerte devaluación del peso, con sus consecuencias en la suba de precios. Lo mismo vale para la liberación de las tarifas de los servicios públicos que están previstas para los próximos meses. El BCRA también omite la emisión monetaria, la cual viene creciendo para cubrir el déficit fiscal y para sostener la bicicleta financiera montada con las Leliqs y pases, que siguen acumulando intereses exorbitantes. Todo lo que contribuye a una mayor expectativa inflacionaria.

Ni que hablar de la “administración de precios”. El gobierno ya ha comenzado con el desmantelamiento del programa Precios Máximos, cuyo propósito era evitar la disparada de unos 2.300 productos. Con suerte quedará en pie Precios Cuidados, que alcanza solo a un listado de 400 bienes.

También se espera el incremento de ciertos servicios congelados durante la pandemia, como las prepagas, los colegios privados y el precio de los alquileres. Para el caso de los combustibles, vienen sucediéndose aumentos mes a mes y se prevé otro aumento para diciembre, lo que también alimenta las expectativas inflacionarias.

Todas estas medidas se encuentran inscriptas en las negociaciones del gobierno con el FMI y son algunas de las garantías que reclama el capital financiero para el pago de la deuda externa.

Presupuesto, paritarias y pobreza

El gobierno siquiera ha logrado acertar en las previsiones inflacionarias del presupuesto 2021 para lo que resta del año, considerando una inflación para el 2020 del 32%, que todos los analistas darían por superada. Lo mismo vale para las previsiones del 2021, cuando el gobierno estima un flojo 29% y las privadas hablan de más de un 40%.

Lo que sí está claro es que los acuerdos paritarios han quedado, casi en su totalidad, rezagados por la inflación. La media de los privados se ubicó en acuerdos del 30% en varias cuotas. La parte más dramática se la llevan los estatales, cuyo 7% firmado por la burocracia de UPCN perdió más de la mitad de su valor solo en un mes. O los docentes de todo el país, donde las propuestas salariales de las provincias con suerte se acercan a la mitad de los privados. La media de los trabajadores se encuentra por debajo de la pobreza, aún aquellos que hayan arañado un aumento cercano a la inflación.

Los jubilados también entran en la volteada, a quienes les han robado la movilidad jubilatoria y ahora pretenden imponerles una nueva fórmula que se actualice según la media de los salarios devaluados y la recaudación fiscal a la baja.

Los desocupados solo reciben las migajas que impactan en los programas sociales como resultado de la reciente “suba” del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto también vale para la AUH y otros programas, congelados durante largos meses. Mientras que quienes no reciben ningún “beneficio” y ahora se les ha quitado el Ingreso Familiar de Emergencia, solo ven perjudicarse aún más su precario nivel de vida.

Está más vigente que nunca la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha, que una a trabajadores, jubilados, desocupados y todos los sectores en lucha, contra el régimen de hambre y miseria del FMI, el gobierno y la oposición patronal. Por paritarias que recuperen lo perdido y se ajusten a la inflación, contra el robo a los jubilados, por un bono de fin de año, el aumento de los programas sociales y un subsidio mensual de $30.000 para los desocupados.