Políticas
30/5/2026
“Súper” Rigi a medida de los Peter Thiel
Inserción subordinada en la guerra tecnológica mundial.
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Privilegios extraordinarios al gran capital.
El 26 de mayo, con las firmas de Javier Milei, el “deslomado” Manuel Adorni y Luis “Toto” Caputo, el gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley llamado “Súper Rigi”, un nuevo régimen de promoción para grandes inversiones que profundiza y lleva al extremo el esquema ya aprobado en la Ley Bases. El proyecto propone otorgar privilegios extraordinarios al gran capital por treinta años bajo el argumento de atraer inversiones para las llamadas “industrias del futuro”.
Luis Caputo presentó el proyecto afirmando que impulsará actividades como baterías de litio, autos eléctricos, fertilizantes, datacenters y distintos negocios ligados al agro y la energía. Según el ministro, se trata de sectores que “hoy no existen” en el país. Sin embargo, gran parte de esas actividades ya cuentan con desarrollos productivos instalados o proyectos en marcha.
Los privilegios de siempre, con nuevos beneficiarios
La afirmación de Caputo encubre el verdadero objetivo del régimen: ampliar los privilegios de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Agro, pesca y agroforestación son actividades históricas de la economía argentina. En fertilizantes existe Profertil, mientras que en energía eólica operan desde hace años empresas como Vestas o Nordex. Incluso los data centers, presentados como una novedad absoluta, constituyen un sector en expansión. Según informó La Nación (25/12/2025), Argentina es actualmente el tercer país de Sudamérica con mayor cantidad de centros de datos.
Los datacenters permiten visualizar el tipo de intereses que el gobierno busca atraer. La Patagonia aparece cada vez más codiciada por las grandes corporaciones tecnológicas por sus condiciones energéticas y climáticas. En ese contexto cobró relevancia la visita de Peter Thiel, fundador de Palantir y figura central del complejo tecnológico ligado a la inteligencia artificial, la vigilancia y la defensa. No casualmente, el mensaje de elevación del proyecto plantea la necesidad de insertar a la Argentina en las “cadenas globales de valor” vinculadas a la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. Se trata precisamente de los sectores que hoy están en el centro de la disputa entre Estados Unidos y China por el control de tecnologías, datos y recursos estratégicos. Las reiteradas declaraciones de Laura Richardson sobre el interés norteamericano en el litio, el cobre, el petróleo, las tierras raras y el agua dulce de América Latina muestran el marco geopolítico en el que debe leerse el Súper RIGI: la subordinación del país a las necesidades de las grandes potencias y sus corporaciones.
Cabe señalar que la aprobación del Rigi original, ahora perfeccionado, tampoco fue responsabilidad exclusiva de Milei. La Ley Bases en el Senado, en el capítulo del Rigi, contó con el voto favorable de los senadores catamarqueños Guillermo Andrada y Lucía Corpacci de Unión por la Patria, además del acompañamiento de gobernadores peronistas que facilitaron su sanción. El Súper Rigi aparece así como una profundización de una orientación que ya contó con el aval de sectores importantes de la oposición patronal.
Detalles del proyecto
El proyecto está diseñado exclusivamente para grandes capitales. Exige inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y ofrece una batería de beneficios extraordinarios: reducción de impuestos, rebaja de contribuciones patronales, exenciones a las importaciones y exportaciones, créditos fiscales y libre disponibilidad de divisas. El “Súper Rigi” profundiza ese camino: establece una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, exención total de retenciones y tributos a las importaciones, amortización acelerada de inversiones y libre disponibilidad de divisas luego de pocos años, o sea dólares que ni pasarían por el Banco Central. Las empresas podrán exportar desde Argentina, utilizar recursos naturales y fuerza de trabajo local y quedarse progresivamente con la totalidad de los dólares generados por sus ventas externas.
Pero el núcleo político del proyecto aparece expresado en dos disposiciones particularmente reveladoras. Por un lado, el artículo 74 garantiza estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria durante treinta años. Esto significa que cualquier gobierno futuro quedaría atado a las condiciones establecidas por Milei para favorecer a estos grupos económicos.
Por otro lado, el artículo 109 habilita la resolución de controversias mediante arbitrajes internacionales. Las empresas podrán recurrir directamente a tribunales arbitrales internacionales como el Ciadi para reclamar compensaciones si consideran afectados sus intereses, sin necesidad de pasar por la Justicia argentina. Se trata de una nueva cesión de atribuciones estatales destinada a blindar negocios privados durante tres décadas. La ofensiva también alcanza a las provincias: las jurisdicciones adheridas prácticamente no podrán gravar estas inversiones con Ingresos Brutos, que queda limitado a un tope de 0,5%, ni imponer nuevas regulaciones que afecten las condiciones del régimen. Se profundiza así una competencia entre provincias para ofrecer condiciones cada vez más favorables a los grandes grupos económicos, en detrimento de sus propios recursos fiscales.
Frente al enclave exportador, una salida obrera y socialista
La pretensión de poner territorios, recursos naturales e infraestructura al servicio de grandes corporaciones no parte de cero. En las últimas décadas, distintos proyectos extractivos encontraron una fuerte resistencia popular. Desde el Argentinazo de Esquel contra la megaminería en 2003, pasando por las puebladas que frenaron emprendimientos mineros en Mendoza, Chubut y Jujuy, hasta las movilizaciones contra la contaminación, el fracking y el saqueo de bienes comunes naturales en distintas provincias, se ha desarrollado una importante experiencia de lucha que expresa un rechazo creciente a que las necesidades de las poblaciones queden subordinadas a los negocios de grandes grupos económicos. El Súper RIGI busca llevar esa orientación a una escala superior, blindando durante treinta años proyectos que podrán involucrar minería, energía, infraestructura digital y procesamiento de recursos estratégicos.
Mientras se desfinancian universidades, organismos científicos y centros de investigación, el gobierno ofrece estabilidad, exenciones y protección jurídica a las multinacionales durante treinta años. Frente a esta orientación colonial, defendemos la nacionalización de los recursos estratégicos bajo control de los trabajadores, una planificación económica orientada a las necesidades populares y el desarrollo científico y tecnológico al servicio de la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la energía y la producción socialmente útil.
No habrá industrialización en manos de los mismos grupos económicos que han lucrado durante décadas con la dependencia y la fuga de capitales. Mucho menos cuando las inversiones que se prometen sean de recursos no renovables. Industrializar requiere una reorganización integral de la economía por parte de los trabajadores, que ponga el conocimiento, la ciencia y la tecnología al servicio de la transformación social y no de la rentabilidad de un puñado de capitalistas.
En ese sentido, las bancas del Partido Obrero y del Frente de Izquierda-Unidad rechazarán este nuevo atropello y pondrán sus bancas al servicio de la movilización de trabajadores, científicos, estudiantes y comunidades afectadas para derrotar un régimen concebido para garantizar negocios extraordinarios al gran capital a costa de las necesidades sociales. El desmantelamiento del Inti es la otra cara de esta moneda. No dejemos pasar ni una cosa ni la otra.
