10/05/2021

Tarifas y subsidios: los caminos del gobierno conducen a los beneficios patronales

Un negocio donde todos ganan, menos los trabajadores.

La crisis alrededor del aumento de las tarifas energéticas ha atizado el debate respecto a la cuantía y el destino de los subsidios del Estado en la materia. Un informe reciente revela que el gobierno lleva erogados $105.150 millones en subsidios energéticos en el primer trimestre del año, los cuales casi en su totalidad van dirigidos a mantener el negocio de las empresas privadas.

La disputa al interior del gobierno entre un segundo tarifazo (Fernández-Guzmán) y una mayor emisión para “sostener” un aumento del 9%, que redundaría en más ajuste por vía de la inflación (Cristina-Basualdo), se encuentra estrechamente vinculada a este problema: el cumplimiento de las premisas de ajuste del FMI con el recorte del gasto público.

En este punto se omite lo esencial: los principales beneficiarios del esquema de subsidios no son los trabajadores, sino las patronales que integran toda la cadena de producción, transporte y distribución de energía.

El Estado al rescate

Si uno desglosa las partidas que componen estos subsidios, según lo informado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) de los $105.150 millones $71.100 millones (68%) va dirigido a Cammesa –empresa que centraliza el suministro de energía a las distribuidoras.

Las empresas distribuidores de energía, como Edesur y Edenor, adquieren la misma de Cammesa, pero como no se encuentran satisfechas por el “congelamiento” de las tarifas, y aducen supuestas subas en el costo del servicio de distribución, no pagan el costo de dicha energía, siendo el Estado quien paga.

Este mecanismo implica un cheque en blanco para las productoras y distribuidoras ya que no establece un control sobre el valor de la producción de energía, sino un traslado directo de la factura, a libro cerrado, que el Estado abona sin chistar, generando una transferencia de recursos a las patronales.

Otro es el caso de las empresas petroleras, las cuales se ven beneficiadas por los subsidios directos del Plan Gas, que les fija un valor promedio de 3,6 dólares por millón de BTU, por encima del precio de mercado, con el propósito de “alentar” la explotación local de gas no convencional en Vaca Muerta.

Son $16.494 millones (16%) de recursos nacionales para financiar el Plan Gas, durante el primer trimestre, algo que también repercute en el costo de generación eléctrica, principalmente por medio del uso de gas, y lo que le paga el Estado a Cammesa.

Otros $12.754 millones (%12) fueron destinados a Ieasa (Integración Energética Argentina SA), fundamentalmente para financiar los precios de importación de gas, ante los límites en la inversión de la explotación nacional.

Para tener una verdadera noción de lo que hablamos, solo $1.897 millones (1,8%) fueron a parar a subsidios para la adquisición de Gas Licuado de Petróleo (garrafas) para los sectores más vulnerables sin acceso a redes de gas natural: es decir, la inmensa mayoría de las familias pobres e indigentes.

Tarifazos contra el pueblo

Además, hay que agregar que en cuanto a “tarifas congeladas”, solo vale mencionar lo que ocurre en el Amba, siendo que en el interior del país los gobernadores han avanzado en distintos esquemas de liberación de tarifas: Tucumán (35%), Corrientes (30%), Mendoza (27%), San Luis (25%), Río Negro (19,5%), Salta (21,78%), Jujuy (20%), Catamarca (20%), Entre Ríos (15%), Córdoba (8,69%) y San Juan (6,48%) (La Nación 29/05).

Para hacer pasar esto en el Amba, Guzmán plantea una segmentación vinculada a la “capacidad económica” de cada consumidor. Esto podría prestarse para todo tipo de manipulaciones ya que dependerá de dónde coloque la vara el gobierno para considerar quiénes serán “beneficiados” y quiénes no. Si la misma es quienes superen, aunque sea por poco, la canasta de pobreza, los propios tarifazos podrían volver a colocarlos por debajo de este umbral.

Tal cual está planteado, el esquema de subsidios está orientado a beneficiar el negocio que han montado las patronales energéticas y petroleras, y no a satisfacer las necesidades de la población trabajadora, ya que los fondos destinados a estos subsidios indiscriminados salen de los bolsillos de las propias familias obreras.

Para salir de este entuerto es necesaria la apertura de los libros de las empresas, para conocer el costo de producción energético, y la nacionalización de la industria energética y del comercio exterior para garantizar el precio interno de los hidrocarburos.

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