La semana próxima se publicarán en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios del gas, donde se establecerá un aumento del 6% para usuarios residenciales. Se trata del segundo aumento de los servicios de un hogar en lo que va del año tras el incremento del 9% en la factura de la luz. La suba anunciada será un aliciente para la inflación en ascenso y contribuirá en pulverizar aún más los ingresos de los trabajadores.

El nuevo cuadro tarifario del gas fue presentado en las audiencias públicas realizadas en marzo, donde el gobierno planteó un esquema de incrementos semestrales. Este tramo del tarifazo se debe fundamentalmente al aumento concedido a las distribuidoras como Camuzzi, Metrogas y Naturgy, del orden del 20%. Por su parte, las empresas encargadas del transporte de gas (TGN y TGS) ya anunciaron que reclamarán un descongelamiento de sus precios el año próximo, cuando se lleve a cabo una revisión tarifaria integral. Como se ve, el cronograma de aumentos en la boleta de gas recién comienza.

El primer elemento a destacar es que la gestión de Alberto Fernández ha habilitado subas a libro cerrado, sin evaluar los costos reales de distribución y transporte de gas. Por otra parte, se mantienen intactos los subsidios estatales a la producción de gas, que alcanzarán este año la friolera de $36.000 millones, los cuales se pagan por medio de la emisión monetaria, generando efectos inflacionarios.

La producción de gas, que representa el 50% de la tarifa final, posee un precio dictaminado por el Plan Gas Ar de 3,6 dólares por millón de BTU. Se trata de un enorme beneficio hacia las petroleras otorgado por el gobierno, ya que consiste en un precio sostén dolarizado que no guarda relación con los costos reales. Este “incentivo” ha tenido por objetivo evitar la importación de gas en el invierno, y, de este modo, ahorrar divisas en función del pago de la deuda externa. Sin embargo, el fracaso es evidente puesto que no se ha logrado revertir la huelga de inversiones en el sector.

Las contradicciones de esta política saltan a la vista. Por un lado, el gobierno busca por la vía de los tarifazos reducir partidas de subsidios en pos de cumplir con el “ordenamiento fiscal” que exige el FMI para llegar a un acuerdo. No obstante, estos aumentos echan leña al fuego de la inflación e incentivan la presión devaluatoria, poniendo en peligro la precaria “pax cambiaria”. A su vez, la reducción de subsidios estatales no es tal, ya que continúan cubriendo la producción de gas. El gobierno es consciente que la boleta sería impagable en caso de eliminar esos subsidios, debido al elevado precio estipulado en el Plan Gas. Además, como hemos visto, a pesar de este premio otorgado a las petroleras, nos veremos obligados de todas maneras a utilizar dólares de las reservas para la importación de gas.

A todas luces, un régimen inviable de tarifazos y subsidios al servicio del gran capital, en detrimento del bolsillo popular y del desarrollo del país. No hay grietas entre los partidos patronales ni al interior de la coalición oficial en torno a este punto. Todos suscriben al aumento de tarifas, descargando cada vez más la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Con este anuncio se ve con claridad la impostura del kirchnerismo de presentar en el Congreso un proyecto que plantea una reducción en la factura de gas para tan solo cuarenta municipios de Argentina. Como hemos señalado, proponen descuentos para unos pocos como una forma de viabilizar tarifazos para las mayorías. Esto, sin mencionar que no habrá beneficio alguno para el 33,8% de los hogares que no poseen acceso al gas de red, por el contrario, quienes se hallan en esa situación tendrán que afrontar el 21% de aumento en el precio de la garrafa.

Al camino del ajuste y del saqueo debemos oponerle un planteo que priorice los intereses de clase trabajadora. Anulación de tarifazos. Apertura de los libros de la producción, transporte y distribución de gas para evaluar los costos reales. Nacionalización bajo control obrero de los hidrocarburos para dirigir esos recursos a un plan de industrialización del país y dar respuesta a las necesidades sociales. Estos elementos forman parte de un programa de reorganización económica sobre nuevas bases, que incluye el repudio de la deuda externa usuraria y la ruptura con el FMI.

 

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