Gabriel Solano y Amanda Martín presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para dejar sin efecto los aumentos en las tarifas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), estacionamiento medido, acarreo, Ecobici y peajes de autopistas que entraron a regir desde hoy en la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos son de hasta el 51% que, según señala el ejecutivo, se trata de una actualización a partir de la inflación de los costos fijos que estos servicios tienen. Sin embargo, dichos costos son desconocidos para la población de la Ciudad y no son sometidos a un control para determinar las ganancias de dichas empresas.

No rige la misma suerte para los trabajadores que son usuarios de dichos servicios: sus salarios no son actualizados por inflación, ni siquiera aquellos dependientes del gobierno de la Ciudad: docentes, trabajadores de la salud, municipales. Se trata, por lo tanto, de un tarifazo en desmedro del bolsillo de los trabajadores.

A través de un proyecto reclaman que se dejen sin efecto dichos aumentos y se realice una convocatoria a una audiencia pública de carácter vinculante para poner en consideración la propuesta de tarifas elaborada por el Poder Ejecutivo. Las realizadas solo cumplen la formalidad establecida por la ley. Sin embargo, el gobierno de Larreta, deshecha las opiniones vertidas en ellas, así como ocurrió con las audiencias sobre la construcción de megatorres, y se vale de su carácter no vinculante para actuar a su antojo.

Los recientes apagones eléctricos son la prueba irrefutable de que los servicios públicos concesionados o privatizados no funcionan al servicio de la población, sino que son un botín para distintas empresas, que se valen de subsidios y tarifazos recurrentes sin la necesidad de invertir para un mejor servicio. Los gobiernos ceden a las presiones de las empresas que exigen tarifazos para conservar su tasa de ganancia.