A través de la Comunicación “A” 7512, el Banco Central incrementó en un 2% la tasa de refinanciación de deudas de tarjetas de crédito para las personas que no alcanzan a cancelar el resumen o pagan los importes mínimos o simplemente para quienes quieren refinanciarlas. El aumento de la tasa de interés forma parte de una medida impuesta por el acuerdo inflacionario y recesivo del gobierno con el FMI que continúa presionando sobre el bolsillo de los trabajadores.

En estos últimos años la tasa de interés fue aumentando desde el 43% a inicios de 2021 hasta enero de 2022 que fue cuando el BCRA la incrementó hasta llegar al 49%, mientras que en marzo tuvo una nueva alza hasta llegar al 51% y a partir de junio ascenderá al 53%. Con este panorama, el costo financiero total de las tarjetas de crédito superará el 80%, llegando a rondar el 82% anual.

El constante aumento de tasas incrementa la usura sobre el bolsillo popular porque además de encarecerse la refinanciación de las deudas también se encarece la financiación en cuotas, a lo que se le suma la no actualización por parte de los bancos de los topes de endeudamiento en tarjetas. Los salarios, por otro lado, no llegan ni por asomo a cubrir los precios, que aumentan en forma permanente, y las tarjetas que son necesarias para financiarlos se tornan como un arma de doble filo.

Esta política especulativa, para avanzar en retornos reales positivos para los instrumentos en pesos, también promueve una tendencia recesiva que va en detrimento de la actividad industrial, porque encarece los créditos mediante los cuales ésta se sostiene, y restringe el consumo de los trabajadores mediante una mayor confiscación de los ingresos vía tarjeta de crédito en beneficio de la banca. De esta forma, las patronales descargarán la crisis sobre los trabajadores a través de despidos y suspensiones.

En este sentido, el gobierno cumple con el dictado del Fondo que es incrementar cada vez más el rendimiento de las Leliqs que poseen los bancos para incentivarlos a que vuelquen el grueso de su cartera en la compra de dichas letras y, una parte cada vez menor, en otorgar créditos a la producción elevando su costo financiero. De hecho, este año el pago de intereses por Leliqs a los bancos superará los 3 billones de pesos, una suma exorbitante.

En un contexto donde la estampida inflacionaria empuja a las familias a financiarse con créditos para acceder a productos de primera necesidad, las políticas del gobierno para cumplir con el Fondo ponen en jaque la capacidad de endeudamiento de los trabajadores. Las tarjetas de crédito son herramientas a las que recurren crecientemente no ya solo para compras excepcionales sino también para artículos elementales, siendo la única forma de llegar a fin de mes debido al permanente deterioro del salario real.

Queda claro que las políticas inflacionarias y recesivas se desprenden de las exigencias que impone el pacto con el FMI, donde somos los trabajadores los que pagamos el costo de la crisis y el rescate de la deuda.  Debemos intervenir para romper los techos paritarios y arrancar salarios y jubilaciones acordes a la canasta básica. Para terminar con la especulación financiera a costa del bolsillo popular y de la economía del país es necesario nacionalizar la banca y concentrar los recursos financieros en un plan de desarrollo que contemple facilidades de financiamiento a las familias.