07/04/2020

Techint despide, el gobierno homologa: el DNU contra despidos es letra muerta

Los choques de Alberto y Paolo Rocca son la tapadera de una ofensiva patronal.

La polémica que desató públicamente el presidente Alberto Fernández contra del CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, debido a los 1.450 despidos ordenados por empresa, terminó de la siguiente forma: Techint reafirmó su política, la Uocra puso la firma y el gobierno homologó los despidos. Todo esto ocurrió en medio de la conciliación obligatoria, con DNU de prohibición de despidos de por medio y en el marco de una oleada de despidos y suspensiones, con rebaja salarial, en las empresas. Alberto ladra pero no muerde.


El caso se ha vuelto paradigmático, por el peso específico de la empresa –un gigante internacional con inversiones en todo el mundo- y por lo que significa para el conjunto de la economía: las patronales ven allanado el camino para ir a fondo en su política de recortes, despidos y ajustes, en medio de la cuarentena.


El gobierno no ha salido a colocar la defensa de los puestos de trabajo y la supervivencia de los trabajadores por sobre la especulación y la rentabilidad de los empresarios. Todo el discurso sobre la “solidaridad” y los empresarios “mezquinos” ha sido para la tribuna. La idea de que Fernández imponía un límite a la política patronal encontró su final a poco de que alguien se ilusione con la misma. El discurso oficial sirvió a los fines de opacar su verdadera orientación; o como dice el conocido refrán: “del dicho al hecho hay un largo trecho”.



Techint abrió la tranquera


El grupo Techint operó en medio de la conciliación obligatoria para hacer valer su voluntad contra todo obstáculo. Así, fundándose en el régimen especial de la construcción y alegando nuevamente el contexto de “fuerza mayor” le puso un precio más que modesto a la violación del DNU presidencial. La ley 22.250, que rige a los obreros de la construcción, establece la modalidad de un Fondo de Cese Laboral para el caso de ruptura intempestiva del contrato de trabajo, dejando por fuera el concepto de indemnización y las multas que establece la Ley de Contrato de Trabajo. A esta módica suma, que las patronales aportan todos los meses a un fondo especial (IERIC), la empresa agregó un monto que va de los $24.000 a los $33.000, dependiendo la calificación, a modo de “incentivo”.


Los despidos alcanzan a los trabajadores en Fortín de Piedra (Neuquén), Gasoducto Mega (Neuquén), Proyecto Siderúrgico Siderar (San Nicolás), Proyecto Siderúrgico Siderca (Campana), Tepam (Pacheco), Central Genelga (Marcos Paz) y Central El Bracho (Tucumán).


El titular de la Uocra, Gerardo Martínez, hizo su aporte más que habitual sirviendo de escribanía del planteo de la empresa. Esto a pesar de que la construcción atraviesa una crisis histórica, con un derrumbe estrepitoso y una vocación patronal bastante adepta a los despidos masivos. Le bastó para ello la “palabra de caballeros” de Techint de reincorporar a todos los despedidos tras la pandemia: la palabra de la patronal con más espaldas para soportar la crisis, que acaba de deshacerse de 1.450 trabajadores por dos chirolas.


El precio para evadirse de la aplicación del decreto contra los despidos implica una garantía de éxito para las patronales, las que cuentan con los fondos para deshacerse de su personal, lo cual calculan como una salida más rentable a mediano plazo.


A los despidos de Techint siguieron los recortes, suspensiones y rebajas salariales en innumerables empresas: Starbucks, Burger King, McDonald´s, Garbarino, Dexter, etc. Se trata de una ofensiva patronal en toda la línea, que actúa con la complicidad del gobierno de Fernández y la venia de la burocracia sindical.


El Estado está presente


Los trabajadores no han tenido voz y voto en esta decisión que fue tomada a espaldas del colectivo obrero. Las partes integrantes de este acuerdo bochornoso representan, a escala, el tan mentado comité de emergencia que el gobierno se propone montar con las patronales, la burocracia sindical y el Estado. Si esta orientación se reproduce a una escala mayor tendremos un tendal de despidos y ajuste en medio de la pandemia y la cuarentena: es decir, la panacea de las patronales que hace años vienen mentando una reforma laboral que les devuelva la rentabilidad a expensas de los trabajadores.


Esto se suma al lobby de las cámaras patronales para levantar la cuarentena, que ya se ha manifestado en una mayor flexibilidad de la misma y en una violación sistemática del concepto de “actividad esencial”, así como de los protocolos sanitarios. Los hechos actuales dejan de manifiesto que no se trata de la acción capitalista ante la ausencia del Estado, sino de un Estado que opera activamente para garantizar el lucro capitalista.


El Estado es un garante de la política patronal. Rechacemos los despidos haciendo valer el efectivo cumplimiento de la prohibición dictada; que no le pongan precio a nuestras cabezas. Derrotemos esta ofensiva patronal con la organización en los lugares de trabajo que funcionan, tomando los recaudos sanitarios pertinentes, y el rechazo a todo tipo de contubernios entre las patronales, la burocracia y el Estado. Por el pago íntegro de los salarios y la defensa de los puestos de trabajo. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.



 

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