Julio Cordero, un empleado del magnate Paolo Rocca en el grupo Techint y de la UIA, será quien ocupe el sillón vacante de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En medio de la mayor licuación salarial y millares de despidos, el gobierno designa a un lobbista de la reforma laboral flexibilizadora. La ofensiva antiobrera requiere de una respuesta a la altura.

El reemplazante del eyectado Omar Yasín es un abogado del departamento jurídico laboral de Techint y vicepresidente del departamento de política social de la Unión Industrial Argentina. Los medios afirman que fue uno de los partícipes en la redacción del capítulo de reforma laboral del mega DNU, actualmente suspendido por una cautelar. Alcanza con eso para saber la orientación que va a desenvolver como secretario de Trabajo.

Ya el año pasado Cordero había ganado notoriedad cuando en una audiencia en el Congreso, mientras se discutían los proyectos de reducción de la jornada laboral, cuestionó: “¿Trabajar menos para qué? ¿Está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?”. Cada quien respondería a esas preguntas según preferencias personales, pero seguro nadie quiera pasarse el día entero trabajando para otro -y cobrando cada vez menos. Para casi toda la población la vida es eso que transcurre fuera de su empleo; salvo, claro, para las patronales. Estamos ante un alcahuete de los empresarios con todas las letras.

Según apuntan las versiones periodísticas, las prioridades de su gestión serán avanzar en la implementación del fondo de cese laboral de la Uocra en otras ramas de la economía para abaratar los despidos, y barrer con las multas por contrataciones precarias o sin registración. Más a fondo, tiene en la mira liquidar la ultraactividad que implica la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, poner fin a las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, y establecer la preeminencia de las negociaciones por empresa sobre las de la rama -como postuló Milei en su apertura de sesiones legislativas. Eso, en el cuadro de los ataques al derecho a huelga y la criminalización de las medidas de fuerza como bloqueos en puerta de fábrica.

Es una compilación de reclamos patronales contra las organizaciones obreras. Nada de eso va a resolver la crisis de empleo, desde ya, cuando arrecian despidos y suspensiones producto de la recesión y la caída del consumo. De hecho, allanaría el camino a cesantías masivas a bajo costo, a la espera de tiempos mejores para las empresas. El grupo Techint, premiado por las concesiones estatales en grandes obras públicas y por los subsidios a las petroleras (como el Plan Gas), es un emblema en la materia: fue el primero en despedir a 1.400 trabajadores en plena cuarentena por el Covid. Que ocupe ahora la Secretaría de Trabajo después de haberse quedado con la presidencia de YPF ilustra al gobierno como lo que es: un elenco de lobbistas al servicio del gran capital.

El mejor ejemplo de esto es que, contra todo el discurso libertario sobre la desregulación de la economía, la cartera que pasará a dirigir Cordero viene interviniendo para traccionar a la baja las negociaciones salariales: no fueron homologados una decena de acuerdos paritarios ya firmados por sindicatos y cámaras empresarias, en función de imponer un techo en la actualización salarial por debajo de la inflación. Los topes que fijó Caputo significan cristalizar la histórica pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que según el analista Salvador Vitelli llegó en enero al 22,2% interanual, solo comparable al efecto de la megadevaluación de la salida de la convertibilidad tras el estallido del 2001.

En este punto tendremos una continuidad tras la expulsión de Yasín. El funcionario del PRO fue eyectado tras el decreto que disponía un aumentazo en la remuneración del presidente y el personal jerárquico, aún cuando nada tuvo que ver en el “error”. Se atribuye la resolución no solo a la búsqueda de un chivo expiatorio, sino también a un guadañazo del jefe de gabinete Nicolás Posse contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Puede leerse además como un pase de factura libertaria al macrismo. Como sea, Cordero es presentado como parte del “ala dura”… con los laburantes.

El flamante secretario de Trabajo deberá mediar también con las tensiones con las patronales industriales, que por más beneficios que obtengan gracias a la licuadora salarial acumulan pulseadas con el gobierno. El reciente anuncio oficial de incentivar la importación de productos terminados cayó muy mal en la UIA, que alega en contraste las trabas para importar insumos y carecer de condiciones para competir. Se suma al fuerte tarifazo a los grandes usuarios de energía, y al escenario de contracción económica.

Lo más grave es que mientras se aprestan para volver a la carga con la reforma laboral la burocracia sindical va tirando la toalla. No nos referimos únicamente a que la CGT se guardó después del paro del 24 de enero y evita instancias de deliberación en los sindicatos y lugares de trabajo, sino además a una adaptación en regla. Armando Cavalieri, atornillado como titular del gremio de Comercio, se había entrevistado con estos funcionarios para aplicar el fondo de cese laboral. Andrés Rodríguez de UPCN viene de declarar en un programa televisivo -junto a Daer, triunviro de la CGT- que “no tenemos problema en consensuar una reforma laboral”.

Los Moyano, por su parte, pactaron en Camioneros una cláusula de productividad en las ramas de logística y correo que establece una jornada semanal flexible que incluye los fines de semana. Es la línea abierta por el “modelo Toyota”, gracias al cual rompieron récords de producción y coparon el mercado automotriz sin ampliar sustancialmente el plantel, y ahora que caen las expectativas avanzan en retiros y suspensiones a centenares.

Por ese sendero seremos los trabajadores quienes paguemos todo el costo de la crisis, mientras en las épocas de “bonanza” los únicos que se enriquecieron fueron los capitalistas. La necesidad de un nuevo paro activo nacional y un plan de lucha, organizado con asambleas en todos los gremios y establecimientos de trabajo, es indisimulable.

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