A través de las resoluciones 1466 y 1467 el Enacom (Ente Nacional de Comunicación) dispuso, por un lado, un aumento del 5% en los servicios de telefonía móvil y fija, internet y televisión por cable -y del 8% para las compañías de menos de 100.000 usuarios. Por el otro, lanzó un plan básico universal obligatorio con un precio desde 150 pesos (los paquetes de datos se cobrarán aparte con mínimos de 200 pesos), que tendrá como destinatarios a jubilados, monotributistas y beneficiarios de pensiones no contributivas cuyas remuneraciones sean inferior o igual a dos salarios mínimos -que incluso sumados están por debajo de la línea de pobreza.

Las medidas, prenunciadas en agosto a partir del DNU presidencial que estableció a las telecomunicaciones como un servicio público esencial, han reavivado los repudios de las empresas y los grandes medios.

Una sobreactuación de las corporaciones…

Estamos ante una sobreactuación, porque las telcos no dejaron de ganar en todos los terrenos las últimas décadas: desde la escandalosa privatización a precio de remate de las telecomunicaciones, que dejó el negocio en manos del duopolio Telecom y Telefónica; pasando por la fusión de Cablevisión y Multicanal (2007), la Ley Argentina Digital (2014) que habilitaba el negocio del cuádruple play; hasta la megafusión Cablevisión y Telecom (2018). Una política permanente de Estado que custodió los intereses de las compañías.

Pero las empresas y sus voceros mediáticos insisten en que las resoluciones (en particular la que regula los incrementos) afectarán a la inversión y a la calidad del servicio. Son argumentos se disuelven frente a los hechos.

“Entre 2015 y 2019, las empresas de telecomunicaciones invirtieron alrededor de 2.000 millones de dólares anuales” (Página 12, 23/8), es decir menos de la mitad de lo que se había previsto a pesar de los enormes beneficios recibidos y de los incrementos de tarifas (cuatro reajustes solo en 2019) bajo el macrismo.

Además, estas empresas siguen encabezando las quejas de los usuarios. El 22% de las denuncias presentadas en el mes de mayo ante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores correspondían a los servicios de comunicaciones. A su vez, durante el largo confinamiento se hizo público el dato de que el 44% de los hogares en nuestro país no cuenta con internet, promedio que en algunas provincias (Catamarca, Formosa) llega al 70%, de acuerdo con el último informe Cámara Argentina de Internet (Cabase).

El paro de los trabajadores telefónicos terminó de trazar el cuadro. Como denunciara la Agrupación Naranja, el 10% de incremento salarial para el presente año (7% a partir de octubre y 3% en diciembre) no solo está muy por debajo de la inflación sino también del “aumento de la facturación y el ahorro con el teletrabajo y el cierre de edificios. Además del recorte de horas extras y otros rubros”.

… y del gobierno

Pero la sobreactuación también forma parte del repertorio del gobierno. La ruidosa definición de “carácter de servicio público esencial y estratégico”, que a partir de ahora comprende a la telefonía móvil -porque los restantes servicios del paquete ya lo eran- no representa una estatización como denunciaban en agosto los grandes medios. El carácter “público” no altera en nada la naturaleza capitalista del sector sino que reserva al Estado el papel de ente regulador, como sucede con el resto de las empresas de servicios privatizadas y con tarifas impagables.

La presunta preocupación del gobierno por garantizar el derecho al acceso a un “servicio esencial” contrasta con el abandono en que dejó a estudiantes y docentes en un año en que debieron costearse el servicio para garantizar el derecho elemental de la educación pública y estatal en el marco de la pandemia. Ahora los funcionarios alegan que las empresas tendrán un nuevo universo de usuarios a los cuales venderles paquetes de datos nada baratos.

Para el gobierno, la cuestión no pasa por el derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones –si fuera así, el primer paso sería quebrar el monopolio privado- sino por avanzar en un mundo de contradicciones explosivas: el de las tarifas de las privatizadas. En ese terreno intenta un equilibrio imposible entre los condicionamientos del FMI, las exigencias de las corporaciones, y la reacción popular que puede desatar el aumento generalizado de tarifas en un cuadro de aceleración inflacionaria, ajuste salarial y despidos.