Las estadísticas del Indec sobre la situación del mercado laboral en las principales aglomeraciones urbanas del país, los relevamientos del propio Ministerio de Trabajo y un informe de la consultora OJF & Asociados, en los últimos diez años se registra una importante pérdida en materia de puestos de trabajo registrados o “en blanco”, lo cual equivale a decir que una enorme parte de la generación de jóvenes que se incorporaron al mercado laboral en esta década fue condenada a la precarización o la desocupación.

Entre enero de 2012 y marzo de 2021 se refleja una disminución nominal de 224 mil puestos de trabajo formal en el sector privado. Si ya la estadística es grave, lo es aún más considerando que en este lapso la población en edad laboral aumentó en tres millones de personas. Esto demuestra el crecimiento de la desocupación y un aumento exponencial de las formas de subcontratación o trabajo no registrado, “en negro”.

Según los últimos informes del Indec, en nuestro país solo 4 de cada 10 personas tienen trabajo. La desocupación alcanza, formalmente (es decir, entre quienes se encuentran buscando trabajo activamente), un 11%. Pero al mismo tiempo se contrajo en los últimos años el porcentaje de la población económicamente activa, lo cual evidencia que muchos abandonan la búsqueda de empleo y se consolida una “desocupación estructural”. Entre los trabajadores desempleados, el 55% son personas menores de 29 años.

Previo a la caída del empleo registrado a partir de marzo de 2020, cuando el desembarco de la pandemia y las restricciones llevaron a las patronales a profundizar la oleada de despidos (convirtiendo el decreto presidencial en papel mojado), la situación ya venía “en picada”. Desde mayo de 2018 en adelante, el empleo en las empresas privadas fue derrumbándose en caída libre sin tener un mínimo proceso de recuperación.

Otro aspecto es la subocupación, que abarca a aquellos con trabajos de menos de 35 horas semanales, quienes representan un 15,1% de la población económicamente activa y del cual el 68% está buscando activamente otro trabajo. Es de destacar que al mismo tiempo uno de cada cuatro trabajadores padece una sobreocupación, que se debe fundamentalmente al avance del pluriempleo y a formas de contratación “a destajo” asociadas a la productividad o por hora.

Otro número que da cuenta del aumento considerable de las formas de precarización y fraude laboral es que la cantidad de monotributistas aumentó durante el período en un 18,75%, siendo el monotributo un recurrente mecanismo de las patronales para ocultar relaciones de dependencia y evadir los aportes que le corresponden al trabajador. Lo corrobora el dato de que la cantidad de trabajadores autónomos, inclusive, descendió. Se trata de trabajadores que no tendrán aportes para acceder a su derecho a jubilarse por un lado, lo que implica un desfinanciamiento de las ya machacadas cajas jubilatorias a la que los gobiernos echan mano constantemente para subsidiar capitalistas y pagar la deuda externa por el otro.

Estos datos confirman, por si hiciera falta, que en Argentina crecen desde hace una década el desempleo y la precarización laboral, lo cual a su vez fomenta la licuación del poder adquisitivo de los salarios en blanco. Las cifras revelan que este cuadro condena a toda una generación de jóvenes trabajadores que se incorporó al mercado laboral en este período. Explican así el catastrófico derrumbe social signado por más de un 42% de pobreza y una robusta miseria. Debe servirle al conjunto de la clase obrera para sacar conclusiones profundas: todos los que nos han gobernado en las últimas décadas han sido garantes de esta pauperización.

Se coloca entonces por contrapartida la necesidad de imponer un programa propio basado en la prohibición de despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el pase a planta permanente de todos los precarizados, un seguro al desempleo de 40.000 pesos y la creación de trabajo genuino, la expropiación sin pago y puesta en producción bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida masivamente, y un salario inicial igual a la canasta básica familiar. Es un programa opuesto a las políticas dictadas por el FMI y el gran capital a los gobiernos.